“Manda usted menos que la Falange en Pamplona", le dice el parlamentario socialista Mario Jiménez al portavoz de la Junta de Andalucía.

Previamente, se oyó al presidente del Parlamento, un acalorado Jesús Aguirre, decir “¡hay que tener un poquito de por favor… si usted lo que quieres es llamar la atención, cómprese un mono!” a la diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora.

Anteriormente, la parlamentaria onubense había interrumpido su intervención diciendo que Doñana iba a quedarse “desierta", igual que el escaño del presidente Moreno Bonilla –ausente del plenario– y vertió un vaso lleno de arena sobre la mesa parlamentaria.

 

Tensión política

Estas escenas dan una idea del fogueo político que se ha vivido en la sesión del Parlamento de Andalucía, que se recordará por sus decibelios y memes en ciernes. La proposición de ley de PP y VOX para ampliar regadíos en la zona norte de Doñana ha llevado los ecos del debate hasta Madrid e incluso Bruselas.

La fórmula bajo la que la Proposición de Ley (PL) llegaba al Parlamento era la de ‘toma en consideración’, lo que implica que se abre ahora un periodo de alegaciones por las agrupaciones políticas. La votación definitiva de este PL, probablemente llegue a pocos días o con las elecciones municipales del 28N ya pasadas.

El calendario electoral juega un papel esencial para explicar el timing de este encolerizado debate. Las declaraciones del PP revelan un posicionamiento estratégico del lado de agricultores y municipios onubenses del entorno de Doñana. Al otro lado de esta línea divisoria que traza el PL en las hectáreas de la corona norte de Doñana están el PSOE, el MITECO, los ambientalistas y hasta la Unión Europea.

‘Nosotros contra ellos’ desde la aldea de irreductibles

“Hay gente que habla de Doñana a miles de kilómetros, hay que aprender a hablar de Doñana desde dentro”, decía desde la tribuna de oradores el popular Manuel Andrés González, que cuestionaba: “Dónde está el socialismo que apoyaba a los pequeños? Estáis apoyando solo a los grandes terratenientes”.

La zona de visitantes del pleno ha contado con representantes de la comunidad de regantes que apoyan la legalización de las hectáreas que propone el PP. Pero otras entidades de la zona no estaban presentes.

La polémica Ley de regadíos esgrime en su relato un consenso y una necesidad de resarcir defectos del conocido ‘Plan de la Fresa’, aprobado con consenso de Estado y Junta de Andalucía, la foto fija era de consenso entre Mariano Rajoy y Susana Díaz en un lejano 2014.

Hoy, el PP reniega de aquel acuerdo. El actual PL llevado al Parlamento ha puenteado trámites para solucionar un problema que para los populares lleva años enquistado, agraviando los “derechos históricos” de agricultores onubenses.

En cualquier caso, los agricultores onubenses y las –al menos– 5 localidades a las que afecta este PL no son un ente uniforme. Hay gran variedad de criterios, como evidenció el Consejo de Participación de Doñana extraordinario del 10 de abril. En éste, de los 18 intervinientes, 14 se mostraron en contra de la proposición a trámite de esta Ley.

Cuestionado por este medio, el portavoz parlamentario popular no aclaró si el PL cuenta con una delimitación exacta de cuántas hectáreas ni qué explotaciones se verán afectadas.  

Agua y territorio, diferentes caras, una misma moneda

El PP afirma que este PL va solo de regular el territorio, “no tiene nada que ver ni con el agua ni con Doñana. Solo hablamos de clasificación de tierras”. La ordenación y catalogación del suelo sí es competencia de la Junta de Andalucía. No el agua, competencia del Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Sin embargo, el PL sí alude a la regulación del uso del territorio como hectáreas de secano o riego,  lo que implica los derechos del agua. Territorio y agua son las caras de una misma moneda y la oposición se lo recordó continuamente a PP y VOX.

“Claro que se habla de agua, de derecho de agua, y claro que invade competencias del Estado”, señaló la portavoz de Andalucía, Inma Nieto. El recorrido legal de este PL se antoja limitado ya que tiene las patas muy chicas.

El arco parlamentario no proponente asume que el PL no llegará a ningún lado, en los pasillos se toma la maniobra del PP como un envite arriesgado que, en última instancia, terminará varado en el Tribunal Constitucional y con la amenaza explícita –mediante carta de la Comisión Europea– de nuevas multas del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por la gestión hídrica. Porque la cuestión de fondo es que se debate sobre el uso de un agua que ni existe ni se le espera. 

De la ‘guerra del agua’ a la ’gran estafa’ del agua

El líder de la oposición, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, calificaba la propuesta de PP de “engaño y gran estafa” a agricultores por prometer un agua superficial “que no existe”.

Sobre el recorrido de esta Ley advertía de que las sanciones que puedan recaer sobre España desde Bruselas serán responsabilidad de Moreno Bonilla. Espadas ha recalcado el hecho de que el PL “no cuenta con informe de nadie” y ha venido para romper consensos y crear divisiones entre los agricultores.

PP y PSOE se enconan en un debate de resonancia que excede a Andalucía. Los populares piden a Madrid que deje de “tergiversar”. La secretaría de Estado de Medio Ambiente ya ha advertido de que la medida es ilegal y no cuenta con informes necesarios.

El PP, que exige diálogo al gobierno de Pedro Sánchez, ha puenteado sin embargo a los entes instrumentales para canalizar el diálogo y que deben “informar” sobre los riegos de Doñana, como son el Consejo de Participación, la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir o las declaraciones de impacto ambiental.

El futuro de Doñana, el Parlamento, se ha debatido entre acusaciones de “negacionismo climático” contra el PP o acusaciones contra el PSOE de no defender los intereses de los agricultores de a pie. Pero los aspectos del drama climático que sufre la mayor reserva natural del sur de Europa al borde del colapso hídrico han quedado en un segundo plano ante el espectáculo político.