El Gobierno andaluz del Partido Popular ha encontrado en el caso ERE y las condenas a políticos socialistas el mejor escudo para defenderse de los ataques de sus adversarios en casos políticamente embarazosos para San Telmo, como el de corrupción que salpica a la alcaldesa de Marbella.
“Hay que ser desahogado” para preguntar por una política que no está investigada por la justicia, cuando no ha pedido “perdón por el robo de 800 millones de los ERE, con condenas que suman 60 años de cárcel y 113 de inhabilitación” y además “han pactado con Bildu para echar a la Guardia Civil de Navarra” y “han rebajado las condenas a los agresores sexuales”.
Fue la respuesta que, ayer en el Parlamento, dio el consejero de Presidencia al diputado socialista José Aurelio Aguilar tras aludir este al “hedor de Marbella”, en referencia al caso de narcotráfico y blanqueo de capitales en el que están procesados el marido y un hijastro de la alcaldesa Ángeles Muñoz, cuyo patrimonio de 12 millones de euros empieza a estar bajo sospecha.
La injuriosa metralla contenida en la respuest de Antonio Sanz –ni hubo 'robo' de 800 M€ ni la Guardia Civil ha sido 'expulsada' de Navarra– parece un termómetro bastante fiable para medir hasta qué punto irrita y saca de sus casillas al Ejecutivo de Juan Moreno que vinculen al PP andaluz con la corrupción.
Los populares repiten, con razón, que Muñoz no está investigada ni es mencionada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el auto de procesamiento de sus familiares directos, pero no se atreven a ir más allá en su defensa de la regidora, conscientes de la sonora lista de políticos conservadores que acabaron en prisión sin poder explicar el origen de sus fortunas.
El diputado Aguilar preguntó concretamente por la adjudicación por el gobierno Marbella de contratos de obras a empresas participadas por el marido de Muñoz, según evidencia un intercambio de correos electrónicos hallados por los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Guardia Civil en tareas de policía judicial.
En alusión al hijastro de la alcaldesa, Aguilar sugirió que el Gobierno andaluz había “generado expectativas en el cabecilla de la trama” de Marbella, pues de otro modo no se entendería que en un audio Joackim Gunnar hubiera dicho “tenemos toda la jodida Andalucía”, refiriéndose a la llegada del PP a la Junta de Andalucía.
“El hedor de Marbella empieza a llegar a Sevilla”, dijo algo hiperbólicamente Aguilar, se preguntó por "las ocultas razones del silencio" del PP andaluz sobre la alcaldesa de Marbella ante "las extemporáneas actualizaciones de bienes" de Ángeles Muñoz y que "parte de los fondos de la Junta acaben en una empresa dedicada presuntamente al blanqueo de capitales”.
Si el parlamentario malagueño fue duro, a su interlocutor gubernamental no faltaron armas de defensa: “Salgan del fango político; el Gobierno de Andalucía no tiene un solo imputado. Andalucía es hoy otra cosa. Ni la alcaldesa ni el Ayuntamiento de Marbella tienen nada”, en alusión al auto de juez García Castellón que los deja fuera de la causa.
