Ha sido el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, uno de los primeros en abogar por “una moneda digital pública” al avisar el pasado 12 de septiembre de que la Unión Europea no autorizará la criptomoneda que Facebook se dispone a lanzar con el nombre de libra.
Cuando parecía que el dinero electrónico podría ser el camino para hacer más transparentes los mercados, reducir el volumen de la economía sumergida y luchar contra el fraude fiscal, los bancos y los nuevos operadores monetarios como las grandes multinacionales tecnológicas preparan el lanzamiento de criptomonedas o monedas particulares anónimas.
La transición digital de los bancos y otras grandes empresas, como es el caso de Telefónica, se hace una vez más perjudicando a sus trabajadores con despidos y rebajando la calidad de sus servicios a sus clientes y usuarios.
En el foro sobre la tecnología de bloques (blockchain) de la OCDE, celebrado en París la semana pasada, los ministros de Economía presentes han señalado los peligros que entrañan las monedas privadas para la soberanía de los estados y para los avances que se han dado en la colaboración internacional en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de terrorismo.
La “moneda digital pública” puede ser una buena herramienta para neutralizar los enloquecidos propósitos de dirigentes como Donald Trump y Boris Johnson a los que parece divertir la guerra por ellos promovida entre el dólar, la libra, el euro y el yuan de China.
Las criptomonedas están siendo ensayadas por regímenes como el de Maduro en Venezuela y son parte del arsenal de medidas que los independentistas catalanes preparan para instaurar su república digital.
Como las tecnologías van muy por delante de la acción legislativa de los gobiernos, ya se cuentan por miles las personas que han perdido fortunas y ahorros con las inversiones en criptomonedas como el bitcoin, la primera que abrió el camino a los ciberestafadores del siglo XXI.