Benaoján, pequeño municipio de la Serranía de Ronda, afronta una de sus crisis educativas y políticas más importantes de los últimos años. En el centro del conflicto están los alrededor de 130 alumnos del CEIP Nuestra Señora del Rosario, sus familias y unas obras que han llegado al comienzo del curso sin finalizar.

El conflicto ha puesto contra las cuerdas a las dos administraciones gobernadas por el PP: la Junta de Andalucía y un Ayuntamiento al que la oposición acusa de falta de previsión y de reaccionar cuando el problema ya había estallado y donde los socios de Gobierno piden que el alcalde se vaya. La situación ha terminado poniendo bajo el foco a dos administraciones gobernadas por el Partido Popular. Por un lado, la Junta de Andalucía, competente en materia educativa y responsable de la actuación que se desarrolla en el colegio. Por otro, el Ayuntamiento de Benaoján, al que desde la oposición se acusa de no haber realizado el seguimiento y la presión necesarios para evitar llegar a septiembre sin una alternativa plenamente resuelta.

Y el problema no apareció de repente. Según ha denunciado el AMPA, las obras comenzaron en julio con un plazo estimado de cuatro meses, se paralizaron a finales de ese mismo mes y no se retomaron debidamente hasta pocos días antes del comienzo del curso. Las familias aseguran además que ahora los trabajos podrían prolongarse durante todo el primer trimestre.

Una cronología que plantea una pregunta inevitable como es el hecho de que si las obras tenían una duración prevista de varios meses y el comienzo del curso estaba fijado desde hacía tiempo, ¿cómo se permitió llegar al 10 de septiembre sin una solución consensuada para todo el alumnado?

Los 130 alumnos se quedan sin entrar en clase

La respuesta de las familias fue contundente. Los aproximadamente 130 escolares no acudieron al colegio durante la primera jornada lectiva. Padres, madres, alumnos y vecinos se concentraron a las puertas del centro al considerar que las instalaciones no reunían las condiciones adecuadas mientras continuaran los trabajos.

Las familias denunciaron una vuelta al colegio entre aparatos, obstáculos, obras, polvo y problemas en los aseos, y rechazaron que la solución planteada inicialmente pasara por trasladar únicamente a Infantil —alrededor de una treintena de menores— a dependencias municipales mientras cerca de un centenar de estudiantes permanecían en el edificio afectado por los trabajos. El AMPA ha insistido en que no se opone a unas obras que considera necesarias. Lo que cuestiona es que puedan desarrollarse simultáneamente con la actividad lectiva sin que exista una alternativa satisfactoria para todos los alumnos.

Entre sus peticiones figuraba retrasar durante una semana el inicio efectivo de las clases, sin consecuencias académicas ni administrativas para los escolares, y aprovechar ese margen para que Junta, Ayuntamiento y dirección del centro habilitaran espacios alternativos y seguros para todo el alumnado.

El malestar llena el Ayuntamiento y llega hasta la plaza

Pero el conflicto educativo ya había adquirido también una enorme dimensión política. El malestar terminó explotando durante el último pleno ordinario. El salón de sesiones se quedó pequeño ante la asistencia masiva de padres, madres y vecinos y numerosas personas tuvieron que permanecer en la plaza. La imagen reflejó hasta qué punto había crecido el hartazgo de unas familias que reclamaban explicaciones sobre cómo se había llegado a esta situación. La oposición dirigió sus críticas tanto hacia la Junta como hacia el Gobierno municipal. La portavoz socialista, Soraya García Mesa, acusó al equipo de gobierno de falta de previsión, dejadez y ausencia de seguimiento de las obras, al considerar que existió tiempo suficiente para advertir las consecuencias que podían producirse al llegar septiembre.

Según los socialistas, los responsables municipales tampoco estuvieron presentes en una reunión convocada previamente por las familias ni en una de las concentraciones celebradas ante el colegio. La tensión política alcanzó tal nivel que durante el debate llegaron a plantearse peticiones de dimisión contra el alcalde y responsables del Gobierno municipal.

El PP de Benaoján termina acusando al PP de la Junta y los socios piden al alcalde que se vaya

Uno de los episodios más significativos de la crisis llegó desde las propias filas populares. La portavoz municipal del PP, segunda teniente de alcalde e hija del alcalde, terminó dirigiendo una durísima acusación contra la Junta de Andalucía, gobernada por su mismo partido: «La Junta de Andalucía se ha reído de nosotros, nos ha abandonado».

La frase resulta especialmente significativa porque no procede de la oposición. Es el propio Gobierno municipal del PP el que termina responsabilizando públicamente a una Administración autonómica también gobernada por el Partido Popular, y todo ello a pocos meses de las elecciones municipales pasa factura. Además los socios de gobierno, una formación independiente, también les han pedido al alcalde y a la portavoz que se vayan. La respuesta del PP es pedir a sus socios que se vayan ellos ¡Increíble!

Pero desde la oposición se considera que señalar ahora a Sevilla no puede servir para descargar al Ayuntamiento de su propia responsabilidad política. Si la Junta no respondió adecuadamente, sostienen los socialistas, el Gobierno municipal debería haber exigido soluciones mucho antes y realizado un seguimiento permanente de unos trabajos cuyas fechas eran conocidas.

La crisis ha terminado mostrando así una evidente falta de coordinación entre administraciones del mismo color político. Mientras el PP de Benaoján acusa al Gobierno andaluz de haberlos abandonado, las familias siguen preguntándose por qué nadie evitó que el curso comenzara en estas circunstancias.

La visita de Educación enciende más el conflicto por su “prepotente soberbia”

La visita a Benaoján del delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Miguel Briones, tampoco consiguió cerrar la polémica. Según la socialista y ex alcaldesa, Soraya García, el encuentro incrementó el malestar de algunas familias, que consideraron «soberbia» y «prepotente» la actitud mantenida por el responsable autonómico. La oposición también cuestionó al alcalde por no defender con suficiente contundencia ante el delegado las reclamaciones de padres y madres.

Con el conflicto completamente abierto, la Corporación municipal ha terminado aprobando por unanimidad una moción urgente respaldando las reivindicaciones del AMPA y reclamando una respuesta a la Consejería de Desarrollo Educativo. Soluciones que llegan cuando el conflicto ya se ha convertido en una crisis. Y precisamente su aparición ahora vuelve a alimentar la principal crítica de la oposición y de parte de las familias: si estas alternativas eran posibles, ¿por qué no estaban preparadas antes del comienzo del curso?

El caso del CEIP Nuestra Señora del Rosario deja, así, una fotografía incómoda para el Partido Popular. La Junta tenía la responsabilidad de planificar las obras y garantizar unas condiciones adecuadas para la actividad educativa. El Ayuntamiento conocía que los trabajos estaban en marcha y sabía cuándo comenzaba el curso. Sin embargo, la solución definitiva no estaba cerrada cuando llegó septiembre.

Después llegaron las medidas de seguridad, las propuestas alternativas, la moción urgente, las acusaciones cruzadas y hasta el enfrentamiento público entre responsables del mismo partido. Pero antes tuvieron que movilizarse las familias. Y ahí reside la principal cuestión que deja esta crisis: cómo unas obras iniciadas meses atrás terminaron desembocando en un comienzo de curso sin alumnos en las aulas, familias concentradas en la calle y un pleno abarrotado exigiendo respuestas.

Mientras Junta y Ayuntamiento intentan ahora recomponer la situación, alrededor de 130 escolares y sus familias continúan siendo los principales perjudicados por una crisis que las dos administraciones deberían haber evitado antes de que sonara la primera campana del curso.

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