La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha iniciado una investigación formal sobre el uso de los fondos europeos destinados a la educación inclusiva en Andalucía. La decisión se produce tras la comparecencia de María Eugenia Palomino, presidenta de la asociación Madres Inclusivas en Defensa de la Equidad (MIDE), quien ha denunciado ante las instituciones comunitarias la "ausencia real" de apoyos para alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en los centros públicos de la comunidad.
Según ha informado la asociación, Bruselas ha admitido a trámite la petición y ha solicitado a la Comisión Europea que "facilitase información adicional y actualizada" sobre los hechos denunciados por la presidenta de la asociación. "Queremos saber dónde están esos fondos públicos, porque en las aulas andaluzas no los vemos. Estamos luchando cada día para que nuestros hijos tengan los recursos mínimos para avanzar", ha declarado la portavoz de MIDE.
El "maestro sombra"
Uno de los puntos clave de la denuncia presentada en el Parlamento Europeo es la proliferación de la figura del "maestro sombra" o asistente externo en el aula. Según la presidenta del MIDE, la Administración andaluza permite que sean los propios padres quienes costeen de su bolsillo -con importes que alcanzan los 1.000 euros mensuales- a personal de apoyo para que sus hijos puedan permanecer en clase.
"Esto no es inclusión, es un desequilibrio social absoluto", denuncian desde la asociación. "El padre que puede pagarlo, tiene a su hijo atendido; el que no, ve cómo su hijo se queda atrás o incluso tiene que quedarse en casa porque el centro no puede garantizar su seguridad o aprendizaje". Palomino sostiene que esta práctica es "ilegal" y se realiza "bajo cuerda", desplazando la responsabilidad de la Administración hacia las familias.
Asimismo, la asociación denuncia que, aunque la burocracia andaluza refleja que los niños tienen asignados profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Personal Técnico de Integración Social (PTIS), la realidad es que estos profesionales están "desbordados".
"Sobre el papel, mi hijo tiene todo lo que necesita. En la práctica, un PTIS tiene a su cargo a 60 o 70 niños. Las sesiones de atención se reducen a 15 o 20 minutos testimoniales", explica la presidenta de MIDE, quien subraya que el aumento de las ratios en las aulas ordinarias y el cierre de unidades educativas agravan la segregación del alumnado neurodivergente.
"Casos aislados"
El testimonio de esta madre también pone el foco en las consecuencias psicológicas para el alumnado. La asociación ha documentado casos de expulsiones de niños con autismo debido a "conductas disruptivas" que no son atendidas por personal especializado. En primer persona lo vivió Palomino que explica que a su hijo "lo han expulsado dos veces del colegio por ser autista. Lo miden como a un niño neurotípico cuando lo que necesita es regulación y apoyo", relata la portavoz, destacando el "desgaste emocional" de familias que se ven obligadas a judicializar el derecho a la educación de sus hijos.
También denuncian una falta de actualización en los sectores sanitario y educativo, donde todavía se llega a calificar el autismo como una "enfermedad" y no como una condición del neurodesarrollo, lo que deriva en malas praxis y en la invitación recurrente a la medicación en lugar de a la dotación de herramientas pedagógicas.
Tras la admisión de la queja por parte de la Comisión de Peticiones europea, la asociación espera que la investigación formal obligue a la Junta de Andalucía a justificar la ejecución de los fondos europeos de educación. "Bruselas nos ha escuchado cuando aquí nos dicen que somos casos aislados. No somos cuatro gatos, somos miles de familias sufriendo una exclusión sistemática", concluye la portavoz de la asociación y madre de dos hijos con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).
MIDE, nacida para ofrecer asesoramiento y acompañamiento a madres tras el diagnóstico de sus hijos, reafirma su compromiso de seguir elevando sus reivindicaciones hasta que la inclusión en Andalucía deje de ser "un titular sin sentido y un papel mojado".
