La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, al cargo de Juan Manuel Moreno Bonilla, ha suscrito un convenio con los obispos de las provincias eclesiásticas andaluzas por un periodo inicial de cuatro años mediante el cual el Servicio Andaluz de Salud (SAS) destinará 1.849.676 euros anuales a financiar la asistencia religiosa en los hospitales públicos de la comunidad. El acuerdo contempla que este servicio sea prestado por capellanes designados por las distintas diócesis.
La dotación económica prevista elevará el desembolso público hasta más de 7,8 millones de euros al término del convenio, fijado inicialmente para 2030, aunque el texto prevé la posibilidad de prorrogarlo durante otros cuatro años. El reparto de los fondos varía en función de cada provincia, con cuantías que oscilan entre los 129.477 euros asignados a Huelva y los 351.438 euros correspondientes a Sevilla.
La decisión ha provocado el rechazo de Andalucía Laica y de la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, que consideran que el acuerdo supone una utilización de recursos sanitarios para financiar un servicio de carácter confesional. Ambos colectivos sostienen que, mientras los hospitales públicos afrontan problemas estructurales y déficits asistenciales, la Administración autonómica destina cerca de dos millones de euros anuales a sufragar capellanes designados por la Iglesia católica.
La polémica también ha encontrado eco fuera del ámbito político y asociativo. El cantante malagueño Pablo Alborán mostró públicamente su rechazo a la medida a través de sus redes sociales, donde criticó la decisión del Ejecutivo andaluz y reclamó que esos recursos se orienten a fortalecer el sistema sanitario. "No me lo puedo creer. Inviertan en más médicos y en mejores condiciones para los que ya están. Basta de burlarse de los ciudadanos que defienden la sanidad pública y de los trabajadores y trabajadoras de la salud. ¡Se ríen de ellos! Basta ya", escribió el artista en una publicación de Instagram del periódico El Salto, sumándose así a las voces críticas con el acuerdo.
Debate abierto en Andalucía
Las organizaciones recuerdan además que, según el Barómetro del CIS de junio de 2026, únicamente el 22% de la población andaluza se define como católica practicante. A su juicio, la libertad religiosa constituye un derecho individual que debe ser garantizado, aunque entienden que la atención espiritual debería ser asumida económicamente por las propias confesiones religiosas o por sus fieles, sin recurrir a fondos destinados a la sanidad pública.
En este contexto, ambas entidades reclaman la derogación inmediata del convenio y proponen que los recursos comprometidos se destinen al refuerzo de la asistencia sanitaria, así como a la mejora de los servicios de apoyo psicológico y del acompañamiento a pacientes y familiares desde una perspectiva no confesional y de carácter universal.
La financiación de servicios vinculados a entidades religiosas en el ámbito sanitario no constituye un hecho aislado en Andalucía. En los últimos años, la Junta ha mantenido diferentes acuerdos con instituciones eclesiásticas en materia asistencial. Entre ellos destacan los conciertos sanitarios suscritos por el SAS con centros gestionados por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Uno de los ejemplos más relevantes se produjo en noviembre de 2025, cuando la Consejería de Sanidad impulsó un macroconcierto sanitario valorado en 533 millones de euros para la derivación de actividad asistencial a hospitales privados. Dentro de ese paquete de adjudicaciones figuraban el Hospital San Juan de Dios de Sevilla, que obtuvo contratos por valor de 41 millones de euros, y el Hospital San Juan de Dios de Córdoba, con adjudicaciones cercanas a los siete millones de euros, reforzando así la colaboración entre la administración autonómica y entidades sanitarias de titularidad religiosa.
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