Una oportunidad perdida para Andalucía

En estos días que se conmemora con firmeza el 47 aniversario de la Constitución Española como triunfo colectivo de la sociedad española y el inicio de una nueva etapa de progreso y esperanza, conviene recordar que aún tenemos pendientes algunas deudas con el cumplimiento de la misma. Precisamente el artículo 47 de nuestra norma constitucional reconoce el derecho de todos los españoles a una n. Un derecho que, a día de hoy, es más bien una utopía.

También el artículo 29 del Estatuto de Autonomía para Andalucía reafirma ese derecho para los andaluces y andaluzas. Sin embargo, el cumplimiento de ese derecho está hoy más lejos que nunca de alcanzarse.

En los últimos años el precio de la vivienda en Andalucía ha encadenado subidas tras subidas hasta alcanzar récords históricos. Según el INE desde 2018 hasta hoy la subida del precio de la vivienda de compraventa en nuestra tierra ha superado el 55% y la subida del precio de la vivienda en alquiler ha superado el 60%, ambos datos muy por encima de la media nacional, 8 y 15 puntos más respectivamente.

Es cierto que el precio de la vivienda ha crecido exponencialmente en el conjunto del país, pero, no es menos cierto, que donde más ha subido ha sido en Andalucía. Es un hecho objetivo que con el gobierno de Moreno Bonilla el precio de la vivienda en Andalucía es el más alto de nuestra historia.

Esta situación está generando el sufrimiento de muchas familias andaluzas que a día de hoy no pueden acceder a algo tan básico como un techo. Jóvenes con problemas para independizarse, familias vulnerables que deben elegir entre pagar la hipoteca o llenar el frigorífico y clases medias que tienen que destinar más del 30% de sus ingresos familiares al pago de la vivienda.

Podríamos poner miles de ejemplos como el de las 11 familias del barrio sevillano de Palmete a los que se les ha notificado un inminente desahucio, el de las 91 familias de Écija cuyas viviendas sociales fueron vendidas a un fondo buitre sin que la Junta de Andalucía haya aplicado del derecho de tanteo y retracto, barrios como la Viña en Cádiz donde la turistificación ha expulsado a los vecinos y vecinas de toda la vida o como la historia de Jorge, malagueño de 50 años que hace unos días en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Málaga contaba que vivía con su mujer y su hijo en una habitación de 10 metros cuadrados. Son historias reales de andaluces y andaluzas de carne y hueso. 

Y mientras todo esto sucede nos encontramos con la pasividad del Gobierno andaluz que no ha movido un músculo en los últimos 7 años para paliar este drama, más allá de la permanente confrontación con el Gobierno de España aún a costa de perjudicar a la ciudadanía andaluza.

Confrontación cuando boicotearon las ayudas al Bono de Alquiler Joven que obligó a la juventud andaluza a denunciar ante los tribunales semejante atropello. Confrontación al incumplir la ley estatal y negarse a declarar zonas tensionadas para poder limitar el precio del alquiler. Confrontación al dejar de ejecutar más de 1.000 millones de euros de recursos en política de vivienda procedentes del Gobierno de la Nación.

Confrontación, confrontación y más confrontación mientras dejan que el mercado se regule solo con consecuencias absolutamente nocivas para la inmensa mayoría de los andaluces y andaluzas. Un mercado que se ha convertido en una auténtica jungla donde solo se salva el más fuerte.

Y en medio de este panorama desolador el Gobierno andaluz ha aprobado esta misma semana una ley andaluza de vivienda con el único apoyo del rodillo parlamentario del PP. Una ley que no le gusta a nadie, salvo a aquellos que ven en ella la posibilidad de hacer más negocio, de seguir ganando dinero a costa de pisotear un derecho constitucional que debería ser sagrado como es el acceso a la vivienda.

Una ley que se ha aprobado en un trámite parlamentario fugaz de apenas dos meses, sin intención ni interés de escuchar a nadie ni de dialogar en la búsqueda de espacios comunes de entendimiento. El PP y sus plazos. El PP y sus intereses que nunca coinciden con los de la gente.

Con esta nueva ley andaluza se consolida un modelo especulativo de la vivienda que lejos de buscar soluciones para la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas y garantizar precios asequibles de las viviendas protegidas, solo busca la facilidad para construir, el aumento de la edificabilidad y, por ende, el del margen de beneficio de las grandes empresas.

Se trata de una normal legal que se olvida de la gente, de sus historias, de sus realidades. Una ley sin alma. Una oportunidad perdida para buscar soluciones reales al drama que hoy viven tantas familias andaluzas. Es, sin dudarlo, una curiosa forma de celebrar el aniversario de la Constitución Española y el reconocimiento del derecho a una vivienda digna…alejarnos aún más de su cumplimiento.

Verónica Pérez es diputada del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía.