El fenómeno de nepotismo ha sido un hilo conductor en las filas del Partido Popular durante las últimas dos décadas. En este cuarto y último artículo de la serie que indaga en los casos históricos del enchufismo y favoritismo bajo los distintos líderes populares. En las piezas anteriores se analizaron las polémicas en torno a Mariano Rajoy, las contrataciones familiares en la Galicia de Alberto Núñez Feijóo y el escándalo de las comisiones del hermano de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. Todos estos casos revelan un patrón común: la colocación de familiares y afines en puestos clave o el favorecimiento de sus intereses privados, muchas veces bajo la apariencia de legalidad, pero generando serias dudas éticas.
En este artículo de despedida nos centraremos en Juan Manuel Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta de Andalucía, cuyo Gobierno no ha estado exento de las sospechas de nepotismo. El más sonado fue el nombramiento de su hermana como directora de un conservatorio público en Málaga, pese a que otra candidata obtuvo mayor puntuación en el proceso selectivo. Pero no es el único: contratos públicos bajo sospecha otorgados a la empresa donde trabaja su esposa, y la presencia de su cuñado en un influyente cargo municipal, completan un cuadro familiar de privilegios.
El Conservatorio de Málaga bajo gestión familiar
El caso que marcó la primera gran polémica en la era Moreno Bonilla estalló en el verano de 2019. María dolores Moreno Bonilla, hermana del presidente andaluz, fue nombrada directora provisional del Conservatorio Superior de Danza de Málaga a pesar de no haber logrado la mayor puntuación en el concurso público para el puesto. En la oposición de méritos, la hermana de moreno Bonilla obtuvo 38,20 puntos sobre 50, mientras que la primera clasificada, una profesora llamada Esperanza Utrera, alcanzó 49,50 puntos. Aun así, la Consejería de Educación ―controlada entonces por Ciudadanos en el Gobierno de coalición con el PP― decidió apartar a Utrera en favor de la hermana del presidente.
La decisión desató una tormenta política en Andalucía, con la oposición denunciando abiertamente un caso de enchufismo. “Ante un supuesto caso de nepotismo, queremos luz y taquígrafos”, exigió la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera. Desde el PSOE andaluz, Rodrigo Sánchez Haro reprochó que “la hermana del presidente ha entrado por la puerta de atrás a ser directora de un centro público”, recordando la injusticia de que miles de interinos siguieran sin plaza. Las dos aspirantes perjudicadas ―Utrera y otra profesora, Mónica Romero― impugnaron el proceso por considerarlo dirigido para adjudicar el puesto a la hermana del presidente, ya que la introducción de criterios extraños a la convocatoria “evidenciaba un interés político por encima del meramente académico”, en palabras de Romero.
Beneficios a la empresa conyugal
El nepotismo en el entorno de Moreno Bonilla no se limita a nombramientos de personal, sino que se extiende a la adjudicación de contratos públicos que salpican a sus familiares. En este sentido, cobran relevancia los vínculos entre la Junta de Andalucía y Bidafarma, una gran cooperativa farmacéutica en la que trabaja Manuela Villena López, esposa del presidente andaluz, ocupando un alto cargo directivo. Durante la pandemia de COVID-19, la Administración autonómica adjudicó de forma directa (sin concurso público) a Bidafarma contratos cruciales para la distribución de material sanitario, lo que despertó inmediatamente sospechas de trato de favor dado el nexo personal con Moreno Bonilla.
En julio de 2020, durante las semanas más duras de la pandemia, el Gobierno andaluz encargó a Bidafarma la logística de reparto de millones de mascarillas a las farmacias de la región, mediante un acuerdo tramitado por la vía de emergencia. Este procedimiento excepcional permitió saltarse los concursos abiertos alegando la urgencia sanitaria. Semanas más tarde, en diciembre de 2020, la Junta firmó otro convenio, también sin licitación, con la misma cooperativa para gestionar el almacenamiento y transporte de las primeras vacunas contra la COVID-19 en Andalucía. Ambos encargos recayeron en la empresa donde la esposa de Moreno Bonilla tenía responsabilidades de dirección, lo que puso bajo la lupa al Ejecutivo autonómico por posible nepotismo o conflicto de intereses.
La respuesta oficial de la Junta fue que Bidafarma realizó esos trabajos “sin contraprestación económica alguna”, es decir, de forma supuestamente gratuita. Sin embargo, las explicaciones no disiparon las dudas. Al contrario, diversos partidos y observadores señalaron que la elección a dedo de Bidafarma la situaba en una posición privilegiada respecto a otros posibles proveedores, máxime siendo la empresa “de la mujer del presidente”.
Las adjudicaciones fueron tan controvertidas que acabaron incluidas en la Comisión de Investigación sobre mascarillas creada en el Congreso de los Diputados para indagar irregularidades en los contratos de material sanitario durante la pandemia. De hecho, la Cámara Baja requirió a todas las comunidades información detallada de estos convenios urgentes; en el caso andaluz, se solicitó expresamente toda la documentación sobre los contratos otorgados al Grupo Bidafarma entre 2016 y 2024. Esta iniciativa confirmó la anomalía de las adjudicaciones del Gobierno de Moreno a la farmacéutica de su entorno familiar, subrayando la necesidad de esclarecer si hubo un trato de favor sostenido en el tiempo.
El poder municipal de un cuñado
El entorno familiar de Moreno Bonilla cuenta con otro miembro situado en una posición estratégica de poder. Se trata de Manolo Jiménez, su cuñado, quien desempeña un cargo de máxima confianza en el Ayuntamiento de Málaga, bastión tradicional del PP. Jiménez ejerce como gerente de Alcaldía en el consistorio malagueño, lo que en la práctica lo convierte en la mano derecha del veterano alcalde Francisco de la Torre. Pese a mantener un perfil público bajo, este cuñado del presidente juega un papel fundamental en la gestión municipal malagueña, con una influencia reconocida en la toma de decisiones locales.
La trayectoria de Manolo Jiménez en el Ayuntamiento viene de lejos ―inició su carrera en 1999 y ascendió a puestos clave a lo largo de las últimas décadas―, pero su cercanía al círculo de Moreno Bonilla le ha otorgado un nuevo foco de atención. Desde 2011 forma parte del equipo más cercano de De la Torre como coordinador y luego gerente de la Alcaldía, es decir, ocupa un despacho privilegiado desde el cual supervisa gran parte del funcionamiento interno municipal. El hecho de que un familiar directo del presidente autonómico tenga tal cuota de poder en la capital andaluza no ha pasado inadvertido, sobre todo después de los otros casos de nepotismo mencionados. Aunque nada impide legalmente que Jiménez ocupe ese puesto ―que depende del alcalde malagueño―, diversos observadores apuntan a que su ascenso y consolidación en la cúpula municipal “no son ajenos a su parentesco con Juan Manuel Moreno Bonilla”. En otras palabras, se percibe que su relación familiar le ha brindado oportunidades de promoción y una confianza política especial en la administración local, consolidando una red de poder que trasciende la Junta de Andalucía.
Una marca personal del PP
Los casos aquí descritos no son hechos aislados, sino la confirmación de un modus operandi que se ha convertido en marca personal del Partido Popular. A lo largo de esta serie de artículos hemos visto cómo distintos líderes del PP han incurrido en prácticas de nepotismo o favoritismo en beneficio de sus allegados.
En Galicia, Alberto Núñez Feijóo fue criticado porque su Gobierno autonómico adjudicó contratos millonarios a Eulen, la empresa dirigida por su hermana Micaela Núñez, acumulando más de 37 millones de euros en adjudicaciones durante su mandato. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso quedó bajo la sombra del escándalo al saberse que su hermano cobró una importante comisión por mediar en la compra de mascarillas a una empresa amiga de la familia en pleno inicio de la pandemia. En ambos casos, como ocurrió con Moreno Bonilla, las explicaciones oficiales aludieron a la legalidad de los procedimientos y las investigaciones judiciales acabaron archivadas. Pero el daño reputacional y la sensación de privilegio quedaron instalados en la opinión pública.
El nepotismo en el PP no es solo una colección de anécdotas escandalosas, sino un verdadero sello de identidad que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. El caso de Moreno Bonilla ―con su hermana “colocada”, su esposa beneficiada y su cuñado en la trastienda del poder― cierra este repaso demostrando que, del gobierno central a las autonomías, el Partido Popular ha tendido a anteponer la lealtad personal y familiar a los principios de igualdad de oportunidades. Si algo enseñan estos episodios, es que la lucha contra el nepotismo no solo requiere leyes más estrictas, sino sobre todo voluntad política y ética para anteponer el interés público sobre los intereses privados de la familia política de turno.