La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha decidido poner toda la carne en el asador para que las comisiones de investigación del Parlamento se hagan respetar. Quienes no acudan a la citación o se nieguen a contestar a las preguntas de sus señorías –“salvo causa legal que ampare su derecho a prestar silencio o no declarar contra sí mismo”– podrán ser multados hasta con 60.000 euros.

Es la propuesta de Bosquet (Cs) en el borrador de reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, una tarea pendiente desde hace varias legislaturas que requiere un amplio consenso entre los grupos parlamentarios. La nueva propuesta de reforma podría estar lista en el plazo de dos o tres meses, según la presidenta.

La presidenta ha reiterado que la idea de multar a un compareciente en comisión de investigación ha sido supervisada "por los Servicios Jurídicos de esta casa".

En todo caso, el problema de fondo de las comisiones de investigación, más que reglamentario, es político, dado que el empeño de los parlamentarios que las integran no suele ser tanto buscar la verdad como encontrar culpables del partido contrario. Ello suele trasladarse a las conclusiones, rara vez consensuadas, que acostumbran a contar únicamente con el respaldo de la mayoría existente en ese momento en la Cámara.

No obstante y pese a los abusos que suelen cometer quienes ostentan la mayoría en las comisiones –por ejemplo citando comparecientes por mero interés político o electoral– el trabajo de tales grupos de trabajo suele aportar información valiosa para conocer cómo se gestionó el asunto objeto de investigación.

Las comparecencias en el Parlamento autonómico se rigen genéricamente por la ‘Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras’, en la que fue suprimido el artículo que estipulaba que “el requerido que dejara voluntariamente de comparecer para informar ante una Comisión de Investigación incurrirá en un delito de desobediencia grave”.

Al igual que sucede en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento andaluz los llamados a comparecer a una comisión de investigación parlamentaria no sólo tienen la obligación de comparecer, sino también de decir la verdad. El artículo 502.3 del Código Penal señala al respecto lo siguiente: "El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses".

En el borrador presentado hoy por Bosquet, el compareciente en comisión de investigación que incumpla la obligación de "declarar y contestar a las preguntas que se le formularen en relación con el objeto de la investigación de modo completo y adecuado" sería severamente castigado arbitrándose al mismo tiempo el procedimiento de apremio para el cobro de esa multa.

La presidenta del Parlamento, que ha asegurado que el importe de hasta 60.000 euros de multa también es a iniciativa de los Servicios Jurídicos de la Cámara, ha defendido la propuesta ante la actitud de comparecientes en comisión de investigación por cuanto "unos han llegado, han dicho buenos días, y han desvirtuando el contenido de las comisiones de investigación".