El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, también quiere, como su jefe de filas Alberto Núñez Feijóo, cobrarse su propia suspensión cautelar: en su caso, la del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, aprobado el jueves por el Senado.

En el recurso de inconstitucionalidad cuya redacción ultiman los servicios jurídicos de la Junta siguiendo las indicaciones políticas del Gobierno autonómico, solicitarán antes que nada la suspensión cautelar del nuevo impuesto hasta la resolución del recurso, "para que los contribuyentes no se vean obligados a hacer frente al primer pago del impuesto mientras el Tribunal Constitucional decide sobre su aplicación", dijo ayer en un comunicado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

El Partido Popular se ha apuntado esta semana, como se sabe, una valiosa victoria político-judicial al lograr que la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional impidiera que el Senado votara la reforma legislativa impulsada por el Gobierno de España para acabar con el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del propio TC.

El PP andaluz y el Ejecutivo consideran que el impuesto es "un ataque directo" a la comunidad andaluza y a su autonomía financiera, pues "no fue hasta que Andalucía bonificó al 100% el Impuesto de Patrimonio cuando el Gobierno central decidió crear este tributo", que "sólo pretende cortar las alas a una comunidad que empieza a despegar tras casi 40 años de lastre socialista".

Los excesos retóricos del discurso oficial de la Junta casan mal con el hecho de que países europeos tan poco sospechosos de mantener a sus ciudadanos reos del infierno fiscal como Bélgica, Suiza, Suecia, Francia y Países Bajos también tienen figuras impositivas similares para gravar la riqueza.

"Están regulando 'ad hoc' contra Andalucía y en contra de lo dispuesto en la Constitución. Por eso acudimos al Constitucional", ha sostenido la consejera. "Es un fraude de ley, además de una chapuza técnica y política, ya que el atajo escogido por el grupo socialista y de Unidas Podemos en el Congreso se ha saltado todos los informes de garantía constitucional", ha agregado.

El recurso que presentará la Junta se centra en la invasión por parte del Estado de competencias normativas que, en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, han asumido las comunidades autónomas. En dicho recurso, ha comentado la Junta, se explica que la modificación en la práctica del régimen de cesión de tributos "debió adoptarse mediante la aprobación de una Ley Orgánica o, al menos, mediante una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y no como se ha hecho", a través de una enmienda incluida en una proposición de ley para la creación de dos impuestos temporales, como los que gravan los ingresos de las entidades financieras y las empresas energéticas.

En esta línea, la consejera ha insistido en que "no es de recibo que el Gobierno justifique este impuesto con una finalidad recaudatoria cuando hasta el mes de octubre ha superado en más de 32.000 millones de euros la recaudación de 2021, lo que supone un 16% más". "La creación de esta figura sólo pretende una armonización fiscal", ha remachado.

Además, ha considerado que el nuevo impuesto "infringe el artículo 178.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía", lo que "también supone una infracción del bloque de constitucionalidad, pues la imposición de este tributo debió adoptar forma de Ley Orgánica o acompañarse con una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas o LOFCA (artículo 153.3)".