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El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, ha estado este martes en el encuentro 'Andalucía Investors Day' organizado por el diario digital 'El Confidencial' en Sevilla, en el que se ha referido al tema de la vivienda como "un problema" que "no es fácil de resolver". El líder del ejecutivo andaluz se ha referido al decreto de vivienda que se ha elaborado en el Consejo de Ministros, donde PSOE y Sumar han dado salida hasta a dos decretos de vivienda para incluir todas las medidas que reclamaba el Sindicato de Inquilinas, y que recogen las exigencias de la ciudadanía, demostrada en las masivas movilizaionces de este lunes. Por ese equilibrio pasa el futuro de esta legislatura y, previsiblemente, la viabilidad de revalidarla en las siguientes elecciones nacionales.
La vivienda ha escalado hasta convertirse en el principal problema de los andaluces y españoles. Con unas competencias cedidas en gran parte a las autonomías, al Gobierno central le toca legislar los marcos normativos sobre los que las comunidades autónomas tendrán que apoyarse, aunque estas tienen la potestad de aplicarlos o no, como ha ocurrido durante estos años con la Ley Estatal de Vivienda.
El choque que han mantenido las administraciones gobernadas por el PP con el Gobierno central a cuenta de las políticas de vivienda no ha sido casual. Con un problema que ha adquirido estas dimensiones el PP ha visto la posibilidad de desgaste en un asunto cuya 'asunción de culpas' recae en el Gobierno de Sánchez. No en vano, el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que si es presidente del Gobierno se "desbloquearán" en España un millón de viviendas, algo que solo puede hacer con la colaboración de las comunidades autónomas que gobierna su partido.
El PP, mientras tanto, ha bloqueado sistemáticamente algunas de las medidas que vienen contempladas en el Plan Estatal de Vivienda, como el de declarar algunos barrios como zonas tensionadas. Según la normativa estatal una zona tensionada es un conjunto de municipios donde la administración ha determinado que el mercado del alquiler está especialmente presionado. La Ley de Vivienda define dos criterios para que una zona pueda declararse tensionada. Basta con cumplir uno de los dos: que la carga del alquiler más suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares de la zona; o que el precio del alquiler haya subido más de 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración. La declaración la hace la comunidad autónoma. No el Estado. No el ayuntamiento. Es decir, cada comunidad decide si quiere activar este mecanismo o no. Y muchas, las gobernadas por el PP, no lo han hecho.
Para el líder del PP andaluz, sin embargo, "lo mejor que se puede hacer con la vivienda es gestionar y sacar la ideología de la gestión", por lo que ha insistido en apostar por "más gestión y menos ideología", porque "ideologizar un problema, como tantas y tantas cosas que se han hecho en los últimos años, no conlleva la resolución", según ha apuntado. En este punto, Moreno ha apuntado hacia un análisis de la problemática, que sitúa en el "desfase tan grande entre la oferta y la demanda y, como consecuencia de ese desfase, los precios evidentemente son muy altos".
"No puede ser que tengamos suelo congelado, como hemos tenido en Andalucía durante muchos años", según ha advertido en esa línea el presidente de la Junta, que en ese punto ha reivindicado que actualmente la andaluza es la comunidad autónoma que "más viviendas construye de España", gracias a que desde la Junta se ido sacando "suelo público" que "estaba inerte" y "en el que se va a poder construir casi 45.000 viviendas".
Tras señalar que se teme "lo peor" del decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros, Moreno ha aseverado que "el intervencionismo y la falta de seguridad jurídica ya se ha demostrado que no funciona", tras lo que ha advertido de que hay "ahora mismo en zonas de Andalucía un 30% del mercado del alquiler retenido", y eso "significa que los propietarios no ponen su vivienda en alquiler", algo que ha atribuido a "miedos" a cuestiones como que "no te ocupen tu vivienda y que te tires un año y medio en litigio judicial para que la abandonen, con los costes judiciales" que eso conlleva. No es la única vez que Moreno alude al problema de la ocupación en Andalucía, que responde más a un recurso ideológico que a una realidad. Tan solo en 2025 se realizaron en Andalucía más desahucios que ocupaciones.
Consejera de Vivienda de la Junta
En la Comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio celebrada el pasado 10 de septiembre en el Parlamento de Andalucía, la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, zanjó de manera tajante las reclamaciones de la oposición para que el Ejecutivo de Moreno Bonilla aplicara la Ley de Vivienda para así declarar zonas tensionadas en los municipios y, al mismo tiempo, limitar los precios de las viviendas. No obstante, Díaz rápidamente quiso poner fin a la discusión, asegurando que su Gobierno "no tiene intención de declarar ninguna zona tensionada" en la comunidad, pese a que los datos son, cada vez, más alarmantes.
El debate entre Díaz y los grupos políticos de la oposición ha puesto de manifiesto la existencia dos modelos antagónicos frente a la emergencia habitacional. Mientras que la Junta de Andalucía defiende su apuesta por el incremento de la oferta de vivienda y rechaza intervenir en el mercado, la oposición en pleno ha exigido la aplicación de la Ley estatal de vivienda para frenar los precios del alquiler y proteger a las familias trabajadoras y a los jóvenes.
Además, la Junta de Andalucía mantiene un litigio en el Constitucional a cuenta del Plan Estatal de Vivienda que el Ejecutivo central aprobó en mayo. Este plan establecía un nuevo modelo de financiación para esta competencia y se basaba en un modelo de "corresponsabilidad" entre administraciones. Así, en el caso andaluz, el Estado aportaría el 60% del total (718,2 millones) y la Junta de Andalucía el 40% restante (478,8 millones).
Seis días más tarde, en la recta final de la precampaña para las elecciones andaluzas, el Gobierno de Moreno Bonilla aceptó el nuevo plan, advirtiendo de que además de incorporarlo en el programa electoral, la Consejería de Vivienda iniciaría los procesos para adecuar el Plan Vive 2020-2030 a las nuevas exigencias del Gobierno respecto a las VPO.
Sin embargo, cuatro días después de finalizar la campaña electoral, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en funciones, Rocío Díaz, acudió a la Conferencia Sectorial de Vivienda de Madrid, donde denunció la "imposición" del Gobierno de España en algunas competencias de vivienda autonómica y anunció que los servicios de la consejería que dirige estaban revisando el contenido completo del plan porque "no estamos de acuerdo en cómo se ha hecho la financiación".
Apenas un mes después de dicho anuncio, el Gobierno de Moreno -todavía en funciones- anunció que plantearía un conflicto de competencias al Gobierno de España en relación con el plan de vivienda, en paralelo con la Comunidad de Madrid. Se trata del paso previo preceptivo para poder iniciar el conflicto de competencias para dirimir cuál de las dos administraciones tiene el derecho y la capacidad de ejercer una función o regular una materia específica, en este caso, las ayudas a la vivienda y que resolverá el Tribunal Constitucional.
La invasión de las competencias que denuncia la Adminsitración de Moreno ocurre, principalmente, en los requisitos establecidos por el Gobierno central para aplicar el Plan. Es decir, si la Junta se sirve de la dotación económica extra del Gobierno para vivienda, Moreno tendrá que comprometerse a aportar el 40% de la financiación, lo que supone un desembolso propio de 479 millones de euros, una cuantía seis veces superior a su asignación actual para estos fines.
Asimismo, el Gobierno de España ha vinculado la ejecución de los fondos a dos exigencias normativas: la modificación de la reciente ley andaluza para recuperar el depósito público de las fianzas de alquiler -bajo advertencia de quedar fuera del plan si no se acata- y el mantenimiento de la protección permanente para todas las viviendas protegidas (VPO) construidas con estos fondos, prohibiendo su venta futura en el mercado libre, algo que actualmente no se da.
Finalmente, el acceso a la línea máxima de subvenciones por vivienda queda condicionado a la declaración de "zonas tensionadas" según prevé la ley estatal, una medida que el ejecutivo andaluz había rechazado hasta ese momento. Dado que las competencias son autonómicas, corresponderá a la Junta decidir qué planes concretos activa y bajo qué condiciones dentro de este nuevo marco de financiación estatal.
