¿Puede denunciar el reparto de fondos europeos el presidente de la comunidad que es la mayor beneficiaria en dicho reparto? Tal vez no deba, pero puede. Es lo que hará hoy Juan Manuel Moreno en su viaje oficial a Bruselas, a varios de cuyos comisarios trasladará su supuesta preocupación por “la enorme opacidad y falta de transparencia” y ecuanimidad del Gobierno de España en la gestión y reparto de dichos fondos.

Aunque sus gestos y sus formas sean siempre templados, a la hora de la verdad se diría que en Juan Manuel Moreno la moderación es más un traje de quita y pon que una piel permanente. No resulta fácil cohonestar la profesión de lealtad institucional tantas veces proclamada desde San Telmo con el seguidismo de su inquilino a una estrategia de inspiración indisimuladamente partidista.

Quizá por convicción, quizá por falta de personalidad o quizá simplemente por pánico a discrepar con Génova, el presidente de la Junta ha decidido secundar la estrategia de poner bajo sospecha el reparto de fondos que propugna el líder de su partido, Pablo Casado, quien a su vez está secundando una iniciativa cuyo ‘copy right’ corresponde a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que decidió convertir en piedra de escándalo y llevar a los tribunales el reparto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez de nueve de los 11.246 millones de euros ya transferidos por Bruselas a las arcas españolas.

Los agraciados con esa pedrea de nueve millones, equivalente al 0,08 por ciento del total, han sido los territorios de Extremadura, País Vasco, Valencia y Navarra, que los destinarán a modestos proyectos vinculados a la agricultura, el turismo o la industria.

En la rueda de prensa ofrecida ayer en Cádiz tras el Consejo de Gobierno, aunque sin citarlas expresamente Moreno señaló a esas comunidades como “privilegiadas en detrimento de Andalucía", que no se quedará de brazos cruzados: "No lo vamos a permitir de ninguna de las maneras", proclamó el presidente con un énfasis tal vez digno de mejor causa.

Obligado a hacer verdaderos equilibrismos para criticar el reparto y al mismo tiempo eludir el hecho de que Andalucía sea la principal perceptora del mismo, Moreno también dijo en su comparecencia que su comunidad aspira "a lo máximo posible" con esos fondos y que lo deseable hubiera sido "haber participado en su diseño y en su ejecución".

Los reproches de partidismo y parcialidad del Gobierno de España difícilmente hallan cobertura argumental o meramente contable en los severísimos mecanismos de fiscalización y control activados por la Comisión Europea precisamente para impedir lo que Ayuso, Casado y Moreno denuncian que se está produciendo.

Para el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, los dirigentes del PP “están haciendo el ridículo más absoluto acusando de un reparto o yendo a los tribunales, como ha hecho Madrid, vamos, demencial, buscando única y exclusivamente la repercusión política electoral que pueda tener".

Fernández recordó que España ha sido el primer país receptor de fondos precisamente por haber cumplido las estrictas exigencias de la Comisión y pidió a Moreno “lealtad institucional” y que “no hable mal de España” durante su estancia en Bruselas.