El juzgado de Sevilla que investigaba un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia formalizados por el SAS entre 2021 y 2024 no halla indicios de culpabilidad en los gerentes denunciados y por tanto archivó la causa contra el Gobierno de Moreno Bonilla. Tanto la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, como sus dos predecesores, estaban investigados en esta causa cuyo trasfondo era la gestión que el PP andaluz había realizado con el SAS, principalmente durante los años de la pandemia. De este modo, PSOE-A y Podemos presentaron sendas denuncias en septiembre de 2024, y tras más de un año de instrucción, el magistrado ha considerado que se debe proceder al sobreseimiento provisional y archivo de la causa, considerando que no hay "elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito”.
Aún así, ambos partidos han advertido que van a recurrir dicha sentencia. El Partido Socialista andaluz reaccionó con un comunicado en el que, pese a respetar las decisiones de la justicia, esgrimía que en el propio auto el juez detectaba "irregularidades administrativas", y que por lo tanto, el caso "aún estaba lejos de haber terminado". El líder de IU y candidato a las elecciones a la Junta de Andalucía por Por Andalucía, Antonio Maíllo, hizo unas declaraciones en la línea de los socialistas, arguyendo que se "temía" que esta sentencia pudiera estar condicionada por la "amistad" del presidente andaluz con los jueces. Sea como fuere, desde el PP han transmitido que "por fin" se ha hecho justicia ya que no consideran que exista causa ninguna.
Mientras tanto, aún hay dos causas judiciales abiertas que continúan estudiando posibles delitos del SAS durante la época del Coronavirus y los años sucesivos, una de ellas está abierta en Cádiz y otra en Córdoba.
Cádiz y Córdoba
Comenzando por Cádiz, este martes el juzgado de instrucción número 3 de Cádiz admitió a trámite una ampliación de querella, tal y como propuso el PSOE, por presuntas irregularidades en los contratos de emergencia sanitaria en la provincia. Así, con esta ampliación que investiga presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad, en el día de ayer se citó a declarar en calidad de investigaods al exgerente del hospital Puerta del Mar de Cádiz, Sebastían Quintero, y al jefe de compras en Cádiz del SAS, Demetrio González, tal y como adelantó Cadena Ser.
Este paso se suma al dado anteriormente en diciembre, en el que con la aceptación por parte del juez del PSOE como acusación popular, los socialistas pidieron, y el juez aceptó, que Intervención General del Estado (IGAE) prestara auxilio pericial. Los socialistas reclamaron la participación de la IGAE en una causa que afecta directamente al Gobierno de Juan Manuel Moreno, también personado en el procedimiento como responsable civil subsidiario. El encargo pericial plantea un “análisis global e integral” de la contratación menor presuntamente fraccionada de manera irregular. La causa se centra en un supuesto delito de malversación relacionado con la concesión de 235 millones de euros mediante cientos de contratos menores troceados durante 2021, y que se inició por una denuncia de Podemos Andalucía.
Por otro lado, en la provincia de Córdoba conocíamos la pasada semana que el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba abrió una investigación el 11 de enero por apreciar posibles delitos de prevarización administrativa, falsedad documental y fraude contra la Administración en más de 150 contratos públicos adjudicados durante la pandemia por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba. Esta plataforma, en aquellos años (2020-2021) dirigida por la actual gerente del SAS, Valle García, era el órgano encargado de gestionar las compras y suministros sanitarios de la provincia.
El juez centrará su investigación en Córdoba en una doble vía: investigar tanto los contratos menores que la Plataforma cerró con distintas empresas privadas así como la contratación de emergencia, esa fórmula que permitió a los gobiernos contratar sin publicidad y a dedo en el marco de la situación de emergencia de la pandemia y que la Junta de Andalucía estuvo prorrogando durante tres años más, pese a que el marco legal había sido derogado. Una situación, no obstante, que el juez de Sevilla no ha tenido en consideración para calificarla como delito en Sevilla, pese a que destacó "irregularidades administrativas".
Según el auto del juez, en Córdoba también se repite este patrón, y la actual gerente del SAS y entonces encargada de la Plataforma y también al frente del Hospital Universitario Reina Sofía, "concatenó" contratos de emergencias de "forma reiterada". La mayoría de estos contratos corresponderían a la compra de productos farmacéuticos y material sanitario, aunque el juez también investigará aquellos que se corresponden con adjudicaciones para servicios de mantenimiento y otros suministros. El magistrado apunta a la posibilidad de que estos mecanismos excepcionales se hayan utilizado de manera “aparentemente generalizada” para eludir los procedimientos ordinarios de contratación y la competencia pública.
El origen del procedimiento está en la querella presentada en octubre por el PSOE que denunciaba presuntas irregularidades en hasta 573 expedientes de contratación y solicitaba que Valle García fuera llamada a declarar en calidad de investigada. No obstante, el magistrado ha acotado por el momento el alcance de la causa y ha descartado otros delitos incluidos en la denuncia, como la malversación de caudales públicos o la pertenencia a organización criminal, al considerar que no están suficientemente justificados en esta fase inicial.
La querella socialista se apoyaba en dos informes de la Intervención Provincial del SAS, elaborados en 2022 y 2024, que analizaban los procedimientos de contratación utilizados por la plataforma logística durante los años más críticos de la pandemia. A partir de esa documentación, el juez ha realizado una primera selección de expedientes que ahora serán objeto de análisis judicial.