Quien echó el ‘toro’ a la plaza fue Cristóbal Montoro, pero quien tiene que torearlo es María Jesús Montero. El toro es conocido con el extraño nombre de ‘Mes 13 del IVA’ y montados sobre su lomo cabalgan un buen puñado de gobiernos regionales, tanto populares como socialistas, decididos a llevarse por delante a la ministra de Hacienda si no les compensa como es debido por el evidente perjuicio que les causó un cambio normativo introducido en 2017 por su antecesor en el cargo.

Autonomías de distinto color político pero similares apuros económicos llevan hoy al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su reivindicación, a la que, dado que el plazo para la liquidación definitiva a las CCAA es de dos años, no es fácil encontrar encaje normativo en 2020.

Oportunidad perdida

No es fácil ese encaje después, como se sabe, de haber embarrancado en el Congreso el proyecto socialista de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, que incluían un cambio en la ley del IVA para que la liquidación del mes de noviembre se realizara antes del 20 de diciembre, en lugar del 30 de diciembre como viene ocurriendo desde la modificación de Montoro.

Con el cambio ideado por María Jesús Montero –que finalmente quedó en nada al no aprobarse los PGE por el voto en contra de las bancadas soberanistas y conservadoras–  en 2019 las CCAA habrían recuperado el mes 12 perdido en 2017 y sumado los ingresos equivalentes a 13 meses de recaudación de IVA, lo que supone unos 5.000 millones más que en un ejercicio normal. El dinero se repartiría equitativamente entre el Estado y las autonomías, dado que a estas les corresponde el 50 por ciento de la recaudación del impuesto.

El cambio de Montoro

¿Pero en qué consistió y a qué obedeció el cambio normativo de Montoro? El denominado Suministro Inmediato de Información (SII) sustituía el sistema de llevanza de los libros de IVA de las grandes empresas por uno electrónico y en tiempo real.

Desde la plataforma de pensamiento económico Economistas Frente a la Crisis, han explicado que el SII “obligaba a las grandes empresas a remitir a Hacienda las facturas, tanto las emitidas como las recibidas, en el plazo de 4 días. Cuando el SII se implantó en 2017 les fue permitido –supuestamente para compensar a las empresas por los mayores costes que les suponía esta obligación– que la declaración del IVA se realizara el día 30 del mes siguiente en lugar del 20, que era como se procedía hasta ese momento”.

¿Dónde y por qué surgió el problema que se arrastra desde entonces? Surgió porque, “en términos de caja, los ingresos que se realizan a partir del día 21 de un mes son ingresos del mes siguiente, por lo que los ingresos del IVA de noviembre de 2017, que se realizaron el 30 de diciembre del mismo año, pasaron a contabilizarse como ingresos en la caja de enero de 2018”. ¿Consecuencia? Que “la caja presupuestaria de 2017 sólo contabilizó 11 meses y no 12”.

Contabilidad y caja

Hasta ahí todo parece claro incluso para un profano, pero las cosas se complican un poco más cuando, como recuerda Economistas Frente a la Crisis, se advierte que el cálculo del déficit según los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea no se hace con el criterio de caja –es decir, del dinero efectivamente ingresado en el ejercicio−, sino con el de Contabilidad Nacional, según el cual “los ingresos de cada año se ajustan para computarlos en su correspondiente ejercicio, de tal manera que todos y cada uno de los años incluyan 12 meses de ingresos”.

Dicho de otra forma, el déficit de Contabilidad Nacional opera con el principio de devengo, por el que “se contabilizan los ingresos cuando se produce el hecho que genera la obligación de pago y no cuando se efectúa el abono”.

De ahí que la modificación de Montoro no tuviera ningún efecto a la hora de calcular el déficit del Estado de ese ejercicio −se contabilizaron 12 meses de ingresos−, pero sí en la financiación de las comunidades autónomas, que se calcula en términos de caja.

La hora de liquidar

En 2019, que es cuanto tocaba liquidar el ejercicio 2017 y hacer balance entre lo que se adelantó a cuenta y lo efectivamente ingresado, las comunidades solo computaron 11 meses de recaudación de IVA y no los 12 meses habituales, un desfase que, en efecto, cifran en unos 2.500 millones de euros.

Ciertamente, las autonomías no tuvieron que devolver dinero al Estado, ya que una vez incluidos todos los conceptos la liquidación del ejercicio fue positiva para ellas, aunque lo fue menos que en liquidaciones anteriores al computar un mes menos.

De haberse aprobado los PGE de 2019, el desfase habría quedado solucionado volviendo a los plazos anteriores a Montoro, es decir, “la declaración del IVA se volvería a presentar los días 20 en lugar de los 30 produciéndose, en consecuencia, el efecto contrario a lo que sucedió en 2017: la caja de los Presupuestos ingresaría 13 meses de IVA, pero la Contabilidad Nacional computaría los 12 meses del año natural”.

Un filón político

En todo caso, es obvio que el grueso vocabulario que vienen utilizando los ejecutivos autonómicos, y que cabría resumir en la expresión ‘el Gobierno nos roba’, no se ajusta a la verdad.

El Gobierno de España no se ha quedado con ningún dinero de las CCAA: la contabilización en enero de 2018 del IVA declarado en diciembre de 2017 no es ciertamente “un atraco”, como afirma el portavoz de la Junta Elías Bendodo, aunque es indiscutible el perjuicio ocasionado a unas CCAA siempre apuradas porque son ellas las que soportan el pago de los principales servicios públicos.

Para el Gobierno andaluz, el contencioso del IVA se ha convertido en un filón político de primer orden, aunque los discursos públicos del presidente y sus consejeros omiten cuidadosamente cualquier mención a que fue Montoro y no Montero quien provocó el desaguisado.

Una proposición nada inocente

La ofensiva gubernamental libraba ayer su última batalla en el Parlamento andaluz, donde el PP presentó una proposición no de ley para que “el Gobierno central pague a Andalucía los 537 millones de euros que le debe por la liquidación del IVA correspondiente al año 2017”.

La proposición estaba pensada tanto para meter presión a Montero como para poner en aprietos al PSOE, que finalmente votó en contra de la iniciativa, aprobada con los votos favorables de PP, Cs y Vox y la abstención de Adelante Andalucía. Para la presidenta del Grupo Popular, Loles López, que defendió la iniciativa, la Junta debe ir cuanto antes los tribunales para combatir "el atraco que pretende perpetrar" el Gobierno de Pedro Sánchez.

Como era de esperar, pues no pocas veces en el pasado los socialistas hicieron maniobras parecidas, la proposición estaba redactada de forma que el PSOE no pudiera votar a favor. No en vano, el texto insta a la Junta a continuar "impulsando las actuaciones necesarias para la defensa de los andaluces, a reclamar el pago de la deuda y a garantizar el cumplimiento del principio de lealtad institucional que está siendo vulnerado por el Gobierno de la nación".