Más de 150 mujeres planean demandar a Moreno Bonilla por la crisis de los cribados del cáncer

Serían ya al menos 150 mujeres las que habrían trasladado ya a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA) su interés por presentar una reclamación individual al Servicio Andaluz de Salud (SAS). La asociación ha cambiado de parecer en las últimas horas y, en lugar de optar finalmente por presentar una demanda colectiva que represente a las afectadas por el caos generado en los cribados del cáncer de mama, proponía cambiar de estrategia e invitada a abrir procesos unipersonales pues entienden que, así, se podrá prestar mayor atención a cada caso. La intención que poseen la asociación y sus representantes jurídicos es comenzar a interponer las denuncias esta misma semana, para que se dé pie a analizar cuanto antes los daños causados por no haber comunicado, o haberlo hecho de forma muy tardía, los resultados de las pruebas de diagnósticas la enfermedad. De esta manera, buscarán también que las indemnizaciones puedan ajustarse más a la gravedad del perjuicio provocado a cada mujer.

Según ha trasladado el abogado de la asociación, Manuel Jiménez, cada caso encuentra circunstancias concretas, si bien existe un patrón común que se basa en "el desastre provocado por no avisar a las mujeres del resultado de una mamografía”. Así, señala que la mayoría de las mujeres que van a presentar reclamaciones individuales, los daños que han sufrido podrían haberse evitado si hubieran recibido su diagnóstico en tiempo y forma. Como se hacía mención, AMAMA trabaja ya, mínimo, con 150 mujeres para la presentación de estas denuncias, si bien la cantidad podría subir a 180, número que quizás terminará por ser mayor dado que la asociación indica que no paran de llegar correos de afectadas que se encuentran interesadas en este nuevo planteamiento.

Este giro de guion llevaría al Gobierno andaluz de Moreno Bonilla a tener que atender un importante número de procesos, pues antes de abrir la vía judicial las afectadas deben acudir primero a la vía administrativa para solicitar la repacación de los daños. Así, en el proceso de reclamación de la responsabilidad patrimonial a cualquier administración, el afectado que presente los hechos debe probar que existe un daño y que este está causado por el funcionamiento normal o anormal de la administración, en este caso el SAS. A partir de ahí, se inicia un período de espera para una respuesta que si no ha llegado tras seis meses o no ha sido posible alcanzar un acuerdo, se procedería a presentar recurso contencioso-administrativo.

Incertidumbe por posibles procesos penales y las indemnizaciones que habría que afrontar

No son pocas las reclamaciones individuales que van a ser presentadas, tal y como señala AMAMA, cuanto antes y cuyo número podría seguir creciendo. No obstante, no serían estas las únicas denuncias que debería afrontar Moreno Bonilla, miembros de su Ejecutivo y el SAS, sino que existe cierta intranquilidad en torno a que estas denuncias personales puedan alcanzar una trascendencia penal que se sume a las investigaciones que ya ha puesto en marcha la Fiscalía ante las querellas interpuestas por IU y Adelante Andalucía, y por la causa abierta por AMAMA que apunta a que se han alterado informes clínicos en la aplicación ClicSalud+. No solo eso, sino que el 7 de octubre, la asociación ya ha puesto sobre la mesa que dispone de información que probaría que “varias mujeres” han muerto “por los retrasos” en su diagnóstico.

Una vez se inicien los procesos y estos comiencen a avanzar, si se prueba que las mujeres han sufrido daños fruto de este escándalo sanitario, la Junta de Andalucía podría verse obligada a compensar económicamente a familias o pacientes por las consecuencias de diferentes negligencias o las secuelas que han quedado fruto de ello. Para hacerse una idea de la cantidad de dinero que podrían alcanzar estas compensaciones pueden exponerse aquí algunos casos que se han dado recientemente.

Solo en este 2025, se han conocido distintas sentencias, como la que culminaba el proceso abierto por un suceso que tuvo lugar en el 2011 en el Hospital comarcal La Merced de Osuna (Sevilla), una demora asistencial hizo que un hombre perdiera una pierna, que se le debió amputar desde la rodilla diez después de una primera operación en el centro sanitario de Osuna donde no disponían de un servicio de cirugía especializado. Aquello hizo que una jueza condenara al SAS a indemnizarle con 180.000 euros.

También en este mismo año se condenó al Servicio Andaluz de Salud por la muerte de un paciente que falleció en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, donde ingresó en urgencias al presentar síntomas compatibles con una dolencia cardiaca. Un cuadro clínico grave; sin embargo, a pesar de que el hombre empeoraba mientras se encontraba en el centro sanitario, no era atendido y 19 horas de espera después sufrió un colapso que provocó su muerte, antes si quiera de que le viera un especialista. Una indemnización que debió pagar la Sanidad pública andaluza y que se enmarcó en cifras similares a una que se marcó por otro caso que fijó pagar al afectado 211.000 € tras diagnosticarse erróneamente un cuadro de ansiedad cuando había un infarto real, y otra de 259.000 € por un cáncer diagnosticado con excesiva tardanza.

El pasado mes de mayo se conocía otra sentencia relativa a un caso de julio de 2017. Hasta 200.000 euros marcó el juzgado Contencioso Administrativo número 6 de Sevilla que tendría que pagar al SAS a una paciente por tardar más de un año en diagnosticarle el cáncer que padecía.

Entre otras tantas ocasiones en las que el SAS ha debido compensar económicamente a pacientes o familias, también se indicó en el 2024 que la Sanidad andaluza debía pagar 100.000 euros a los hijos de una mujer que murió olvidada en Urgencias.

La Junta de Andalucía, de la confrontación a intentar recuperar el diálogo

Desde que saliera a la luz esta situación tras hacerla pública AMAMA, el Ejecutivo de Moreno Bonilla ha tratado, en lugar de actuar de manera inmediata, de silenciar las quejas que se estaban haciendo de una situación, cuanto menos, muy preocupante. Prueba de ello, las afirmaciones que Roció Hernández, que recientemente dimitó como consejera de Salud, hizo al alegar que se estaba intentando manipular la imagen del SAS o el cambio de rumbo de Antonio Sanz, que pasó de pedir disculpas a las afectadas a acusar a la asociación y a las mujeres de generar una "alarma bestial" por presentar a la Fiscalía una posible manipulación de los historiales clínicos en la aplicación ClicSalud+.

No solo eso, sino que para tratar de eludir responsabilidades, el Gobierno andaluz y el PP han llegado a propagar un bulo en relación a la comunicación de los resultados, algo que hacía obviando indicaciones que el mismo Ejecutivo de Moreno Bonilla realizó en 2021 al establecer la Estrategia de Cáncer de Andalucía. 

La última declaración polémica la emitió el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, que definió la multitudinaria manifestación llevada a cabo el pasado domingo como un "fracaso".

No obstante, a pesar de ello tanto la Junta de Andalucía como AMAMA están intentando que la reunión que mantendrá esta semana no disponga de mucha presencia en el foco mediático, es algo que tratan de lograr para llegar a este encuentro de manera más calmada e intentar reconducir unas relaciones que se encuentran en un punto tenso. Para las afectadas, esta cita podría volver a poner sobre la mesa un marco de reparación que la mayoría del PP en el Parlamento Andaluz ya rechazó, al menos en lo referido al ámbito económico, al descartar la propuesta del PSOE para crear un “fondo extraordinario” para indemnizar a las afectadas por los errores.

Ahora el Gobierno andaluz cambia de rumbo en su estrategia y busca mostrarse más dialogante ante las situaciones que se plantean. Ejemplo de ello fue que Moreno Bonilla corrigió a Toni Martín, afirmando que toda manifestación "siempre es un éxito" de la ciudadanía.