El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha cargado con dureza contra la gestión de la dependencia en Andalucía durante su participación en una manifestación celebrada en Sevilla, donde ha denunciado la “crueldad” del sistema actual y ha prometido una batería de medidas para revertir lo que considera un “colapso estructural”.
La protesta, convocada por los sindicatos CCOO y UGT, ha reunido a trabajadores, familiares y personas afectadas por las demoras en el reconocimiento y acceso a las prestaciones. En este contexto, Maíllo ha puesto cifras a la situación: tiempos de espera que rondan los 500 días de media y más de 21 personas falleciendo cada día sin haber recibido la ayuda a la que tenían derecho.
Así, el líder de Izquierda Unida ha afirmado que “Es de una crueldad en la cotidianidad el uso de la dependencia”, quien ha acusado al Gobierno andaluz de ejercer un “desprecio de clase” hacia las personas mayores y dependientes. Frente a ello, ha defendido la necesidad de recuperar una gestión basada en la “sensibilidad” y el cumplimiento efectivo de la ley.
Protesta sindical en Sevilla por el colapso del sistema
La movilización ha servido para visibilizar el malestar creciente en torno al sistema de dependencia en Andalucía, uno de los pilares del Estado del bienestar. Los manifestantes han denunciado retrasos prolongados, falta de personal y dificultades administrativas que, según aseguran, están dejando a miles de personas sin atención.
Asimismo, este lunes la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) calificaba de "colapso y emergencia social" la situación de la dependencia en Andalucía. Según los últimos datos del IMSERSO analizados por la Federación, 1.567 personas fallecieron en Andalucía en lista de espera durante el primer trimestre de 2026. De ellas, 1.071 murieron sin haber recibido siquiera la valoración inicial de su grado de dependencia.
Además, se estima que decenas de miles de personas continúan en lista de espera, muchas de ellas sin haber sido siquiera valoradas. Este escenario ha llevado a sindicatos y colectivos sociales a reclamar medidas urgentes para evitar que la situación siga agravándose.
Plazos garantizados, más evaluadores y atención presencial
Ante este contexto, Maíllo ha presentado algunas de las principales líneas de su programa en materia de dependencia. Entre ellas, destaca el compromiso de fijar un plazo máximo de seis meses para completar todo el proceso: tres meses para el reconocimiento del grado de dependencia y otros tres para la asignación de recursos.
En caso de que estos plazos no se cumplan, el candidato ha anunciado que su gobierno establecería compensaciones económicas para las personas solicitantes, una medida que busca garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos por ley.
Asimismo, ha planteado duplicar el número de evaluadores para agilizar los procedimientos y reducir las listas de espera. Otra de sus propuestas pasa por recuperar la atención presencial en las valoraciones, frente a lo que ha calificado como una “brecha digital” derivada de la gestión telemática.
Igualmente, ha señalado que “Hay muchas personas que tienen dificultades para acceder a estos servicios de forma digital o que incluso tienen que pagar a gestorías para tramitar su solicitud”, criticando que esto suponga un coste añadido para quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El candidato de Por Andalucía ha vinculado la situación actual con un modelo que, a su juicio, no prioriza los cuidados ni la atención a las personas más vulnerables. En este sentido, Maíllo ha insistido en que la dependencia no puede ser tratada como un trámite burocrático, sino como un derecho fundamental que requiere recursos suficientes y una gestión eficaz: “A las personas mayores hay que cuidarlas también desde la Administración”, ha subrayado.
