“Orgullo, soberbia y seguir las directrices de Feijóo”. Con estas palabras, la portavoz socialista Alicia Murillo resumió la negativa de Juan Manuel Moreno Bonilla a aceptar la quita de deuda ofrecida por el Gobierno central. Para el PSOE-A, esta decisión tendrá un precio demasiado alto: 1.400 millones de euros en intereses, una factura que podría haberse destinado a reforzar la sanidad, mejorar la educación o construir vivienda pública en Andalucía.
El coste de una negativa
Según un estudio de la fundación Fedea, Andalucía duplicará en 2028 los pagos por intereses de deuda si rechaza la condonación planteada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La cifra no es menor: se trata de 1.400 millones que cada año saldrán de las arcas andaluzas para cubrir deuda financiera.
Murillo ha puesto ejemplos concretos: “Con esos recursos se podrían financiar el comedor escolar, el aula matinal y las actividades extraescolares de 125.000 estudiantes, garantizar la ayuda a la Dependencia de 431.000 personas, contratar a 2.000 médicos y 3.000 enfermeros, construir 3.000 viviendas de protección oficial o 100 kilómetros de autovía”.
La oposición socialista considera que esta renuncia obedece a una estrategia nacional del Partido Popular, que busca deslegitimar cualquier iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez, incluso si ello perjudica a comunidades gobernadas por los populares.
La propuesta del Gobierno central
El Ejecutivo presentó en febrero de 2025 un plan para condonar hasta 83.252 millones de euros de deuda autonómica entre las comunidades de régimen común. El reparto se planteó con criterios técnicos: condonar un 75 % del sobreendeudamiento acumulado en la crisis de 2009–2013 frente al período 2019–2023, asegurar que ninguna autonomía quedara por debajo de la media, y aplicar correcciones en función de la financiación per cápita y el esfuerzo fiscal.
En este esquema, Andalucía era la gran beneficiada: hasta 18.791 millones de euros en quita, lo que supondría reducir prácticamente a la mitad el volumen de deuda y situar su peso en torno al 10 % del PIB, por debajo incluso del límite legal del 13 %. Con ello, la comunidad podría ahorrar entre 5.000 y 7.000 millones de euros en intereses a medio plazo, según cálculos académicos.
Pero la Junta de Andalucía ha descartado esa posibilidad. La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, calificó la medida de “traje a medida para Cataluña” y aseguró que la comunidad “no tiene un problema de deuda, sino de infrafinanciación”. En este sentido, recordó que el déficit de recursos asciende a 1.522 millones de euros anuales, una cifra que, según la Junta, no resuelve la condonación.
Además, el gobierno autonómico denuncia que el Estado mantiene un impago de 1.540 millones de euros por la falta de actualización de las entregas a cuenta en 2025, lo que ahoga aún más las cuentas públicas andaluzas. Para Moreno Bonilla, aceptar la condonación sería reconocer un parche insuficiente y, al mismo tiempo, alinearse con una iniciativa que el PP rechaza en bloque.
El choque en el Consejo de Política Fiscal
La tensión se trasladó al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde los consejeros de las comunidades del PP abandonaron la sesión en protesta, acusando al Gobierno de “regalar” recursos a los independentistas. A pesar de ello, la medida fue aprobada gracias al voto favorable de las autonomías socialistas.
El caso andaluz es singular: siendo la región que más se beneficiaría en términos absolutos, su ejecutivo ha preferido rechazar la oferta. Para el PSOE-A, esta decisión es el ejemplo más claro de lo que denomina la “madrileñización” de Moreno Bonilla, una estrategia de fidelidad política a Génova aunque suponga hipotecar los recursos de los andaluces.
Una deuda en aumento
Desde que Juan Manuel Moreno Bonilla asumió la presidencia de la Junta de Andalucía, la deuda autonómica se ha incrementado en más de 6.000 millones de euros, lo que representa un aumento cercano al 15 % sobre el nivel registrado en 2022. En términos relativos, aunque el endeudamiento absoluto ascienda, la carga sobre el PIB regional ha disminuido, pasando de cerca del 23,9 % en 2022 a alrededor del 19,1 % previsto para 2028.
Paralelamente, el coste del servicio de esa deuda aumenta de forma exponencial: los pagos anuales por intereses pasarán de 3.608 millones de euros en 2022 a 11.789 millones en 2028, es decir, un incremento del 50 % en apenas seis años. Esta presión financiera, según Fedea, obliga a redirigir recursos desde políticas públicas esenciales hacia el pago de intereses.
El sector público andaluz, en retroceso frente al empuje privado
La tendencia ya es clara: en Andalucía lo público pierde peso frente a lo privado. En el ámbito sanitario, el porcentaje del gasto por habitante destinado a la sanidad pública se ha reducido del 74,7 % en 2020 al 72,2 % en 2023, mientras que el correspondiente a seguros y otros servicios privados ha crecido del 25,3 % al 27,8 %. Además, según un reciente informe sindical, prácticamente la mitad del incremento presupuestario en sanidad —489 millones de euros de la subida del 7,2 % en el presupuesto de 2025— se ha canalizado hacia conciertos, externalizaciones y gasto farmacéutico, en lugar de reforzar el sistema público. Esto ocurre en un contexto en el que Andalucía ofrece los peores datos sanitarios del país: ocupa los últimos puestos en financiación, profesionales por habitante, listas de espera y esperanza de vida, con una mortalidad ajustada que supera en un 11 % la media nacional.
Este desplazamiento progresivo de lo público hacia lo privado se enmarca en una economía regional con fuerte dependencia del sector servicios y con una renta per cápita que apenas supera el 60 % de la media europea. Escasas inversiones públicas en I+D+i y una estructura productiva frágil dificultan que Andalucía vuelque lo privado en generación de valor añadido o bienestar colectivo. En este escenario, la pérdida de peso del sector público no solo refleja una tendencia financiera o política, sino también un debilitamiento estructural de los servicios esenciales y del modelo autonómico de respuesta social. Si continúa esta deriva, cada vez será más difícil sostener el escudo público que garantice derechos básicos para la ciudadanía andaluza.