La Junta de Andalucía prestará asistencia letrada bancos y fondos buitre ante "ocupaciones"

La cantinela de la ocupación, que tantos espacios mediáticos e ideológicos ocupa a lo largo y ancho de la península ha vuelto a ser utilizado por Vox, uno de los partidos que más azuzan ese miedo a la ciudadanía, para pergeñar un movimiento que servirá como otra herramienta de presión para los bancos y fondos de inversión. Según una encuesta de 40db para El País y Cadena Ser en febrero de 2025, se detectó una "sobredimensión" del problema de la ocupación en los españoles, percibiendo este 'problema' 893 veces mayor de lo que es en realidad.

Por partes. El consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, anunció el pasado 2 de septiembre la intención de su departamento de establecer un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. El objetivo primordial es proporcionar asistencia letrada especializada a los ciudadanos andaluces que se vean afectados por la ocupación ilegal de sus viviendas, una medida que busca "ofrecer un respaldo jurídico inmediato".

Si nos atenemos a los datos, los más recientes datan del año 2024. Entonces, según los datos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en Andalucía recibieron 2.207 llamadas por "ocupación" de vivienda, aunque realmente, algunas de estas estaban relacionadas con usurpación o allanamiento, que tienen un trato legal completamente distinto, y otra gran parte de estas "ocupaciones" se realizaron en viviendas vacías de bancos o fondos de inversión, cuyo fin utilitario es la especulación inmobiliaria.

Otro ejemplo. En 2021 el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, a instancias de Vox, puso en marcha en Andalucía la Oficina Antiocupación, instalada en cada provincia. En cuatro años, ese teléfono recibió, tan solo, 12.814 llamadas, sin que constara ninguna actuación especial digna de mención.

Por contra, mientras que el número de ocupaciones registró un descenso del 5,4%, según las mismas fuentes, en 2024, en ese mismo año la comunidad andaluza fue la segunda en la que se practicaron más desahucios, con 4.027. Un problema, por tanto, mayor, y que no parece inquietar al gobierno andaluz.

Según los datos del último Centra, un 0,1% de los andaluces señalaba el "movimiento de ocupación" como un problema que les afectase. Por comparar, un 0,2% señalaba también como un problema el pacto de gobierno entre PP y Vox. Además, entonces el principal problema señalado por los andaluces es el acceso a la vivienda, indicado por un 22% de los andaluces, por delante de la sanidad (14,3%) y la falta de trabajo (13,7%).

Es decir, estos casos evidencian dos cuestiones importanes. La primera es que de materializarse la propuesta de Vox, y que consta en el pacto de gobierno con el PP, realmente a quien prestará la asistencia letrada el Gobierno andaluz será a los grandes tenedores; es decir, bancos y fondos de inversión. Por otro lado, es una asistencia que no está correspondida con una demanda ciudadana real, tal y como se refleja en las encuestas o en los datos. Es una cámara de eco instalada en los discursos de los partidos conservadores, pero que servirá a estas grandes corporaciones.

Por Andalucía

El diputado de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, ha denunciado esta medida que ha tomado la Junta. Según apunta el diputado, el 80% de los inmuebles ocupados en 2024 pertenecían a entidades financieras o grandes tenedores con más de 50 viviendas en propiedad. “La pregunta es muy sencilla: ¿va a poner el Gobierno de la Junta de Andalucía los recursos públicos únicamente al servicio de las entidades financieras y de los fondos buitre mientras se olvida de las familias trabajadoras?”, ha planteado Rufo.

Para el diputado de Por Andalucía, la política anunciada por Gavira demuestra cuáles son las prioridades del nuevo Gobierno andaluz. “¿Por qué le tienen tanta manía a la gente más pobre de esta tierra? ¿Por qué ponen los recursos públicos al servicio de quienes no los necesitan y les niegan el pan y la sal a las familias trabajadoras de Andalucía?”, ha cuestionado.

Rufo ha reclamado al Ejecutivo andaluz que aborde el problema de la vivienda desde una perspectiva integral y que dedique recursos públicos también a proteger a las familias que se enfrentan a un desahucio y a quienes sufren las consecuencias de la escalada del precio de la vivienda.

Por último, ha exigido a PP y Vox que “dejen de comportarse como una sucursal institucional de Desokupa y de Dani Esteve en Andalucía”, trasladando a las administraciones públicas un discurso que, a su juicio, “protege los intereses de quienes más tienen mientras señala y abandona a quienes peor lo están pasando”.

Viviendas Vacías

En octubre de 2025 se debatió en el Parlamento andaluz la Ley de Vivienda del Partido Popular, una ley que promete construir hasta 40.000 viviendas de protección oficial (VPO) en los próximos seis años, facilitar la construcción de viviendas, agilizar trámites administrativos y que se vendió como una 'conquista' para los jóvenes, ante el acuciante problema que supone, para cualquier sector poblacional, acceder a una vivienda y, además, de calidad, no una infravivienda. Sobre todo, teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto de 'invasión' de pisos y apartamentos turísticos.

Sin embargo, esta ley ponía el foco en la "falta" de vivienda, un problema ante el cual la propuesta es construir, y obvia otro problema que afecta de lleno al tensionamiento del mercado de la vivienda, las 641.437 viviendas vacías que hay en Andalucía. Según el censo de 2021, las provincias donde más viviendas vacías hay en Andalucía son Málaga (152.774), Sevilla (97.189) y Granada (90.538), lugares donde el incremento de los precios de la vivienda también ha experimentado un aumento sustancial. Unas viviendas vacías que, como denunciaba el Sindicato de Inquilinas de Sevilla, la mayor parte pertenecen a "bancos y fondos de inversión", que precisamente utilizarían estos inmuebles vacíos para que esa reducción de oferta repercute en un aumento de precios.

Este número choca frontalmente, por ejemplo, con la situación de la juventud andaluza y evidencia sus necesidades y precariedad. En Andalucía hay, según las últimas cifras publicadas del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud, un 12% de la juventud andaluza emancipada. Es decir, tan solo 12 de cada 100 jóvenes de entre 16 y 29 años ha podido emanciparse, la penúltima tasa más baja de España, solo por delante de Castilla y la Mancha.

La propuesta de Vox

La medida, según Gavira, representa un avance significativo en el cumplimiento del punto 57 del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular andaluz y Vox, cuyo fin es "reforzar la protección de los propietarios frente a la ocupación ilegal". El consejero ha sido categórico: "Los acuerdos están para cumplirlos. La propiedad privada se respeta y se defiende, y este Gobierno va a estar al lado de quien cumple la ley".