El Ministerio del Interior ha denegado la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que fue asesinado por un disparo de la policía militar durante la manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977, al considerar que "no tiene encaje" en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo.

En una carta de respuesta a la familia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, califica los hechos en los que falleció Manuel Jesús García Caparrós como "execrables", al considerar que el principal cometido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser "proteger a los ciudadanos".

La familia del joven sindicalista que murió asesinado el 4 de diciembre de 1977 a los 18 años durante una manifestación pro autonomía andaluza en Málaga se había dirigido a la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior, tras hacer lo propio antes con Presidencia del Gobierno.

En este sentido, la Dirección General rechaza que pueda ser indemnizado porque la ley exige que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley.

En el caso de que no exista tal sentencia, explican, se requiere que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos.

La directora de Atención a las Víctimas pide disculpas por la demora en atender la solicitud de información de un primer escrito, alegando que han tenido que recopilar la información sobre el expediente tramitado en 2007 ante el Ministerio del Interior solicitando una indemnización por fallecimiento al amparo de la Ley 32/1999.

Desclasificación del archivo de su asesinato

Las hermanas de Manuel José García Caparrós accedieron a la documentación sobre el asesinado de su hermano el pasado noviembre, y ya conocen quién disparó y mató a su hermano durante la manifestación en Málaga por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977.

Casi 50 años después, las hermanas tuvieron acceso a la documentación desclasificada en el Congreso. Los documentos permanecían desde el año 1978 en una caja. La familia la recibió de manos del director del archivo del Congreso de los Diputados con toda la documentación que llevaban años reclamando.

"Mis padres están arriba aplaudiendo, de ver que no nos hemos echado atrás ni para coger impulso, siempre adelante. Es lo que ellos hubieran querido y por lo que ellos pelearon, lo que pasa es que se fueron muy jóvenes", declararon a los medios las hermanas.

En concreto, recibieron casi 2.000 folios y archivos de audio procedentes de la Comisión de Encuesta parlamentaria (antigua comisión de investigación) que celebró el Congreso sobre la muerte del joven sindicalista, entre los que figuran declaraciones de sus padres.

Por su parte, Loli, una de las hermanas, indicó que tenían "muchísima alegría" por haber recibido esta documentación y que van a necesitar "mucho tiempo" para analizarla, ya que por el momento solo la han consultado "por encima".

Su intención, buscar "buen" abogado criminalista para continuar la investigación. "Hasta que se sepa la verdad, no vamos a parar", ha subrayado.

Loli reveló que tenían "muchas expectativas" en descubrir quién asesinó a su hermano, ya que pensaban que había datos en la documentación sobre "quiénes salieron aquel día y quiénes dispararon". Algo que, por el momento, no ha trascendido.

Es una desclasificación excepcional después de que la Mesa del Congreso aprobara una nueva norma sobre el funcionamiento del archivo que les ha permitido consultar toda la información. Pero los documentos siguen siendo secretos, las hermanas García Caparrós no podrán desvelar los datos.

 

"Esta solicitud fue inadmitida por extemporánea mediante resolución de fecha 30 de octubre de 2007, sin que conste que la resolución administrativa fuese recurrida judicialmente", señalan en esta carta a la familia de García Caparrós.

Dicho esto, la Oficina dependiente del Ministerio del Interior recuerda que la actual Ley 29/2011 contempla ayudas o condecoraciones para quienes hayan sufrido daños como consecuencia de una acción terrorista, pero cuando son cometidas por "personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública".

También para cuando se cometan actos dirigidos a alcanzar estos fines "aun cuando sus responsables no sean personas integradas en dichas organizaciones o grupos criminales".

Por este motivo, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo rechaza la indemnización para este joven sindicalista malagueño, añadiendo que esta decisión se adopta "aun siendo unos hechos de una gravedad extrema, teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos".