Lo que comenzó como una negligencia se ha transformado en un auténtico calvario administrativo y judicial para miles de mujeres en Andalucía. Las afectadas por los fallos y retrasos en el sistema de cribados de cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han alzado la voz contra lo que consideran un doble castigo: enfrentarse a una enfermedad que, por culpa de la administración, se detectó tarde, y tener que lidiar ahora con el "maltrato" institucional de la Junta de Andalucía.
La indignación de las mujeres, agrupadas en torno a la asociación Amama, tiene un punto de origen muy claro en las declaraciones del presidente de la Junta, Moreno Bonilla. Cuando estalló el mayor escándalo sanitario reciente en la comunidad, el líder del Ejecutivo andaluz justificó la falta de información a las pacientes argumentando que "no avisamos para no generar ansiedad". Hoy, las mujeres responden a esas palabras con una mezcla de dolor y furia: "¿Acaso la vía judicial no nos genera ansiedad?".
El escenario actual es de confrontación total, no por deseo de las pacientes, sino por inacción del Gobierno andaluz. Según denuncian desde Amama, la Junta ha optado por la estrategia del silencio administrativo. Más de un centenar de mujeres (la cifra de reclamaciones patrimoniales presentadas supera ya las 110 y va camino de las 150) han exigido responsabilidades al SAS tras desarrollar cánceres más agresivos debido a diagnósticos que llegaron hasta un año tarde.
Sin embargo, la administración se niega a responder. Casos como el de Anabel se han convertido en el símbolo de esta lucha. Tras pasar un año entero con cáncer de mama sin saberlo por un fallo en su mamografía, lleva diez meses esperando una simple respuesta a su reclamación por parte del SAS.
"Solo queremos descansar"
El coste humano de esta crisis es incalculable. La asociación Amama ha llegado a asociar al menos tres fallecimientos con los cribados fallidos, mujeres que perdieron un tiempo vital para su supervivencia. Las que siguen luchando, cuyas vidas han cambiado radicalmente, asumen la dureza de la enfermedad, pero se niegan a aceptar la forma en que les ha tocado padecerla.
"Sí, estamos siendo maltratadas", afirmaba rotundamente Anabel durante las recientes movilizaciones que llevaron a decenas de mujeres a protestar frente al Palacio de San Telmo, sede de la presidencia. Durante la lectura de su manifiesto, dejaron claro que esto no fue un simple "error administrativo", sino una negligencia continuada.
El agotamiento físico de los tratamientos oncológicos choca frontalmente con la burocracia y la falta de empatía institucional. Como resumía entre lágrimas otra de las afectadas durante las concentraciones: "Solo queremos descansar".
Lejos de asumir responsabilidades rápidas y facilitar indemnizaciones que alivien, al menos económicamente, el daño causado, el Gobierno de Moreno Bonilla parece haberse escondido tras los plazos legales, alargando el sufrimiento de unas mujeres que, irónicamente, no fueron avisadas de su enfermedad para "no generarles ansiedad". Hoy, en las puertas de los juzgados y de los hospitales, esa ansiedad es el pan de cada día.
