Por tercera vez, la juez instructora del caso ERE se ha quedado con la miel en los labios: no podrá ocupar la plaza a la aspiraba de titular de uno de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional, un destino judicial de alto voltaje político y mediático pues en él está residenciada la causa sobre la caja B del PP.
A punto de expirar el plazo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que actualmente es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, presentó este domingo su candidatura como aspirante a ocupar la plaza que dejó vacante hace unas semanas su compañero José de la Mata, en el juzgado 5 que instruye la caja B del PP.
Previsiblemente, la obtendrá al ser el aspirante más antiguo. De hecho, Pedraz está muy por encima de Alaya en el baremo de méritos, en el que la prioridad casi absoluta es la antigüedad.
Decano de los jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional, Pedraz lleva de hecho varias semanas ocupándose de este asunto como sustituto provisional de su compañero, y ha ordenado investigar contratos por valor de aproximadamente 570 millones firmados el Gobierno de José María Aznar con uno de los donantes del PP entre 2002 y 2004.
El 'modelo Alaya'
¿Hubiera preferido el Partido Popular que la instrucción de una causa tan comprometida como la de la caja B estuviera en manos de Alaya y no de Pedraz, un juez amigo de Baltasar Garzón y considerado de perfil progresista? En Génova habrán debido de sopesar razones a favor y en contra de esa opción, ya descartada.
Por una parte, la instrucción de Alaya en el caso de los ERE, que los socialistas consideraron inquisitorial y lo más parecido a una causa general, siempre fue del agrado del PP.
Pero por otra, si, de haber obtenido la plaza, Alaya hubiera aplicado al caso de la caja B el modelo de instrucción aplicado al de los ERE, altos dirigentes del partido como José María Aznar, Mariano Rajoy, Javier Arenas o María Dolores de Cospedal habrían acabado imputados con toda seguridad.
Y si sus interrogatorios hubieran tenido el mismo ardor que desplegó con imputados de los casos ERE, cursos de formación o Mercasevilla, sin duda la plana mayor del PP preferiría cualquier otro instructor distinto de Alaya.
En el caso de los ERE, la instrucción de Alaya ha sido exitosa, aunque le queda por superar con éxito ese 'Torumalet' de toda carrera judicial que es el Tribunal Supremo. No sucedió lo mismo con los casos Mercasevilla y curso de formación, saldados con sonoros fracasos.
La convocatoria
Según adelantó El Español, Alaya aspiró ya en 2018 a la vacante dejada por Carmen Lamela en el Juzgado Central número 3, que fue adjudicada a María Tardón, con más antigüedad que ella. Tampoco obtuvo después la titularidad del Juzgado Central número 4, dejado por Fernando Andreu y del que se encarga José Luis Calama, dos puestos más antiguo que Alaya en el escalafón.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado 19 de noviembre convocar un concurso de traslado para magistrados en el que se ofertan 139 plazas, entre ellas la que ha dejado libre De la Mata, tras incorporarse como miembro de nuestro país en la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal Eurojust, con sede en La Haya.
De acuerdo con el artículo 329.5 de la LOPJ, esta plaza se resolverá "a favor de quienes hayan prestado servicios en el orden jurisdiccional penal durante ocho años dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria; en defecto de este criterio, en favor de quien ostente mejor puesto en el escalafón".
La plaza de juez central número 5 habría encajado como un guante en la personalidad de Alaya, ya que ha estado siempre cubierta por jueces mediáticos, tanto por su carácter como por la trascendencia de los asuntos que ha llevado, ya que por este juzgado han pasado el popular exmagistrado Baltasar Garzón, Pablo Ruz (que instruyó el grueso de la trama 'Gürtel') y hasta este momento De la Mata, que se ha encargado de asuntos como el caso Pujol o la trama del '3 por ciento' en Cataluña.
