Agentes de la Guardia Civil han registrado este miércoles los despachos de la Diputación de Cádiz, en concreto, del alcalde del Puerto de Santa María, Germán Beardo, también diputado provincial de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, además de vicepresidente cuarto de la Diputación, por contratos públicos de patrocinio de conciertos con un empresario investigado judicialmente por blanqueo y narcotráfico.

El edil del Puerto de Santa María ha negado posteriormente que se trate de “ningún registro”, sino que se ha procedido a un requerimiento de información sobre cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relaciones con conciertos con este empresario investigado. Además, ha indicado que los agentes se han personado en otras administraciones con las que los empresarios han tenido contratos públicos. En estos procedimientos se incluyen copiado de correos electrónicos y volcado de discos duros y, en este caso concreto, se han producido dentro de una investigación judicial bajo secreto y que también ha tenido otro foco de similares características en Sevilla. 

“No ha habido ningún registro en mi despacho del Área de Planificación Estratégica en Diputación”, ha asegurado Beardo, quien ha añadido que "sin ser requerido" se he personado en el Edificio Roma "para apoyar las actuaciones y apoyar al personal técnico, abandonando el área porque no era necesaria mi presencia" , ya que "el personal técnico de la Diputación ha facilitado toda la información requerida en máxima colaboración".

De la misma manera, el edil gaditano ha lamentado "el uso político y torticero de una operación de investigación sobre la que no existe información oficial de un empresario local en la que nada tengo que ver".

La oposición exige responsabilidades

En consecuencia, el escenario político en el Puerto de Santa María y en toda la provincia de Cádiz se ha visto focalizado sobre esta cuestión, generando una rápida respuesta de condena y exigencia de responsabilidades y explicaciones por parte de la oposición al mandato del Partido Popular. Por ende, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha manifestado su “enorme preocupación” ante la personación de la Guardia Civil en la Institución Provincial.

En estos términos, Ruiz Boix ha condenado la “doble moral” de los populares al ser, contando esta ocasión, “la segunda sede, la segunda Diputación Provincial de Juan Manuel Moreno Bonilla, que se ve afectada por una investigación que algunos medios de comunicación ya sitúan en el delito de blanqueo de capitales”. Bajo este contexto, el portavoz de los socialistas ha pedido tanto al presidente provincial gaditano del PP, como al líder popular andaluz, aún sin haber sido investido por la Cámara regional como nuevo presidente, “la mayor transparencia” al respecto.

Ha continuado bajo similares términos el portavoz del PSOE en la Diputación de Cádiz, Javier Pizarro, quien ha solicitado a la presidenta de la institución, Almudena Martínez del Junco, también del PP, “máxima transparencia” y aclarar “si sabían algo”.

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