La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, ha manifestado sobre el desahucio en Madrid de una anciana de 87 años que el Gobierno de España tuvo "la oportunidad" de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es de 1994, y no lo hizo, y ha defendido los mecanismos puestos en marcha en Andalucía para dar respuesta y asesoramiento en este tipo de casos. Díaz, que ha inaugurado este jueves en Granada un congreso sobre innovación, territorio, vivienda y energía, ha señalado que un tema social como el de Maricarmen, la anciana desahuciada ayer miércoles, "nos conmueve absolutamente a todos", pero ha recordado que se está cumpliendo la legislación y acatando una sentencia judicial.
En Andalucía "se han puesto en marcha mecanismos" dentro de la nueva Ley de Vivienda andaluza "para dar respuesta y asesoramiento a todos los casos de desahucios" que ocurran en esta comunidad, ha agregado este jueves. Preguntada sobre el rechazo de la Junta a limitar los topes del alquiler, lo que ha propiciado el desahucio ocurrido en Madrid, la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio ha manifestado que no va a hacer valoraciones de lo que ocurre en otras comunidades.
Contraste con las cifras
Entre el discurso mantenido por la consejera de Moreno y la realidad de los andaluces y andaluzas hay una importante brecha, sostenida por los datos elaborados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según este organismo, y pese a los "mecanismos" de la consejería, la comunidad andaluza cerró el año 2025 al frente del ranking nacional de ejecuciones hipotecarias y afianzada como la segunda autonomía donde más desahucios se practicaron.
Según los datos oficiales del órgano judicial, Andalucía lideró en 2025 la iniciación de procedimientos de ejecución hipotecaria sobre viviendas en todo el Estado, sumando un total de 3.598 expedientes. Esta cifra supone un preocupante repunte interanual del 33,5% respecto al ejercicio anterior, superando holgadamente a otras comunidades con tensiones en el mercado inmobiliario como Cataluña (2.937) o la Comunidad Valenciana.
El encarecimiento continuado de la vida y el "arrastre de los tipos de interés elevados" han terminado por agotar el margen de resistencia de miles de hogares andaluces, desencadenando embargos tras el impagado continuado de las cuotas hipotecarias.
El balance de los juzgados muestra un escenario igualmente crítico en lo relativo a los desahucios. Durante el pasado año, Andalucía registró 3.782 desalojos, situándose únicamente por detrás de Cataluña (6.814) y por delante de la Comunidad Valenciana (2.992) y la Comunidad de Madrid (2.267). Es decir, fue la segunda comunidad donde más se practicaron.
Además, la principal vía del drama habitacional andaluz continúa focalizada en el alquiler. Según los datos, más del 68% de los desalojos practicados en la comunidad en 2025 (2.600 casos) tuvieron su origen en procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), una consecuencia directa de la acusada subida de las rentas en las principales capitales andaluzas y áreas turísticas.
Frente al deterioro de estos indicadores, la Consejería insiste en poner en valor los instrumentos autonómicos de mediación y protección, argumentando que las herramientas de "asesoramiento" y la "colaboración" con entidades locales evitan un número aún mayor de ejecuciones, aunque los datos no se corresponden con tal realidad.
UGT reclama protección
El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha reclamado este jueves una legislación que garantice la protección de las personas especialmente vulnerables ante situaciones como la vivida por Mari Carmen, la mujer de 87 años que ayer fue desahuciada de la vivienda de Madrid en la que había residido durante 70 años.
Martín ha señalado que este tipo de situaciones “no deberían producirse ni en Andalucía, ni en España, ni en ningún lugar del mundo”. Para el secretario general de UGT Andalucía, casos como el de Maricarmen ponen de manifiesto la necesidad de contar con una regulación que contemple las circunstancias excepcionales y ofrezca una protección efectiva a las personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.
El líder sindical ha insistido en la necesidad de que estas personas encuentren dentro del marco legislativo “la cobertura y la posibilidad de acceder a una vivienda que evite situaciones como las que se han conocido en los últimos días” y ha destacado la importancia de la sensibilidad y la movilización social para conseguir que problemas de esta magnitud lleguen a las instituciones y obtengan una respuesta: “La presión social es un elemento clave. Tenemos que ser conscientes, los trabajadores y trabajadoras y la sociedad en general, de que tenemos capacidad de influir siempre que toquemos la tecla de la unidad”, ha afirmado.
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