La "prioridad nacional" ha sido el xenófobo campo de batalla sobre el que el partido de Abascal ha construido su "éxito" electoral en este último ciclo de elecciones autonómicas que ha culminado en Andalucía, el pasado 17 de mayo, con la pérdida de mayoría absoluta de Moreno Bonilla, que se ha visto forzado a meter a Vox en el Gobierno de la Junta. Entre otros eslóganes ideológicos, Vox basó su discurso en una política antimigratoria agresiva, que literalmente rechaza la llegada de menores migrantes en los propios acuerdos de gobierno.
Sin ir más lejos, en Andalucía, en el punto 12 del acuerdo, se explicita literalmente "no más menores extranjeros no acompañados (MENA)". PP y Vox rechazan frontalmente la política migratoria de Pedro Sánchez y la "llegada de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad a la Comunidad autónoma de Andalucía". En ese aspecto, señalan que se opondrán a cualquier mecanismo de "reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad".
Además, en el apartado 13, las formaciones esgrimen que trabajarán para "devolver a los menores no acompañados a sus países de origen".
Entonces, cuando el acuerdo se firmó, desde el PP se les restaba importancia dado que las competencias migratorias son del Estado, y no de la comunidad. En cualquier caso, es una firma que se convierte en una declaración de intenciones.
Ahora, con el contexto de la crisis migratoria que ha vivido la ciudad de Ceuta, donde el propio presidente de Ceuta, Jesús Vivas (PP), ha pedido "socorro, auxilio, ayuda y solidaridad" al resto de España para hacer frente a la misma, el posicionamiento de Vox, pero sobre todo de la "vía andaluza" del PP de Moreno Bonilla será más determinante que nunca, puesto que marcará un punto de no retorno en los próximos cuatro años, entre "incumplir" los acuerdos ideológicos con Vox, o ponerse de perfil ante tal desgracia.
Ceuta pide ayuda
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado, en una entrevista en TVE, que la situación en la ciudad autónoma sigue siendo "de caos e insostenible" y por ello ha pedido "socorro, auxilio, ayuda y solidaridad" al resto de España para hacer frente a la crisis migratoria tras la entrada masiva ilegal de más de 72.000 migrantes, apelando para ello al "sentido de Estado" y la "lealtad institucional".
En relación a los menores migrantes que acoge la ciudad autónoma y que él cifra en unos 1.100, superando por tanto en un 2.600% su capacidad de acogida, Vivas ha dicho que Ceuta apoya la reforma de la ley de extranjería para redistribuirlos de forma vinculante y solidaria por el resto de comunidades autónomas y ha añadido: "No solo la apoyamos, sino que además la estamos aplicando y la vamos a seguir aplicando".
Así lo ha dicho después de que el PP y las comunidades gobernadas por este partido en coalición con Vox anunciaran este martes su rechazo a acoger a estos menores. Vivas no ha querido entrar en polémicas con su partido y ha afirmado que habla como presidente de Ceuta y no como dirigente del PP.
El rechazo de comunidades de PP-Vox
El primero en anunciar esa postura fue Castilla y León. Fuentes de la Vicepresidencia primera de esa comunidad, que recae en Carlos Pollán (Vox), han mostrado su "oposición frontal" a la política migratoria del Ejecutivo central y han anunciado que se opondrán por todos los medios a un futuro reparto de menores de Ceuta.
Estos se refirieron a un punto en el acuerdo de gobierno que dice que: "La Junta rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad".
En términos muy similares se expresó desde la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, cuyo titular es el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle.
Estos también suscribieron el acuerdo de Gobierno PP-Vox en esa comunidad, que recoge un punto casi idéntico y añade que la Junta de Extremadura trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen y que "no se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes".
En la misma línea se ha expresado el Gobierno de Aragón, que anuncia que utilizará "todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos" a su alcance para oponerse a cualquier decisión que considere una vulneración de sus competencias o que comprometa la capacidad de sus servicios públicos. Así lo refleja el pacto entre PP y Vox en la región.
Vox marca en camino en Andalucía
El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), ha sido quien ha marcado el paso en el Gobierno que preside Moreno Bonilla. Hasta ahora, la postura que había mantenido el Gobierno autonómico andaluz era la de no posicionarse. Sin embargo, después de que el resto de comunidades lo hayan realizado, no le ha quedado más que dar la cara. En este caso ha sido el vicepresidente y no Moreno Bonilla, como ha ocurrido en los casos anteriores. Pese a que nivel estatal el desgaste lo asume el PP, con la figura de Miguel Tellado a la cabeza, en las comunidades lo asume la ultraderecha.
De este modo, a través de la cuenta de X del dirigente del partido que dirige Abascal, ha manifestado: "Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo pactamos. Lo ocurrido en Ceuta es una invasión, y quienes cruzaron la frontera ilegalmente donde tienen que estar es de vuelta en Marruecos. Y, si son menores, con sus padres".
El Gobierno alerta a las comunidades
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha advertido de que si las comunidades autónomas se niegan a acoger menores migrantes procedentes de Ceuta, "entonces, tendrá que actuar de oficio Fiscalía de menores". "Evidentemente, la ley tiene que cumplirse", ha manifestado.
En una entrevista en la 'Cadena SER', recogida por Europa Press, Pérez Triano ha afirmado que desconocen con exactitud la cantidad de menores que están en las calles de Ceuta y que la ciudad cifra en 500, pero ha añadido que la "prioridad" es que salgan de esa situación. Además, ha señalado que los menores "solos tienen que ser atendidos en España". "Eso es ley y así tiene que ser", ha remarcado.
"Va a hacer falta solidaridad interterritorial para que estos menores terminen en otros lugares donde van a estar mejor puesto que es imposible por parte de la ciudad autónoma que pueda atender" a todos ellos, ha manifestado, al tiempo que ha agregado que Ceuta está "bastante desbordada".
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