La investigación de la Fiscalía de Sevilla está dirigida contra los ex secretarios generales de CCOO-A Julio Ruiz y Francisco Carbonero y el de UGT-A Manuel Pastrana, además de otros responsables sindicales, sobre quienes ha abierto diligencias por un presunto delito de malversación, tras la denuncia del Gobierno andaluz de PP y Cs, en concreto de la Consejería de Empleo. También están denunciados los ex directores generales de Empleo de la Junta Javier Guerrero y Daniel Alberto Rivera.

La denuncia sostiene que, entre los años 2000 y 2006, ambos sindicatos habrían dejado de liquidar a la Junta de Andalucía 6,7 millones de euros obtenidos por la gestión de las plazas de las residencias de Tiempo Libre de titularidad autonómica, de cuyos ingresos debían abonar a la Junta el 80 por ciento y retener los sindicatos el 20 por ciento restante. De la cantidad global supuestamente malversada 4 millones corresponderían a CCOO y los 2,7 restantes a UGT.

Según la noticia adelantada ayer por Diario de Sevilla y firmada por su redactora de tribunales Amanda González de Aledo, el fiscal Luis Martín Robredo explica en su escrito que las centrales recaudaban directamente de los usuarios el importe de su periodo de estancia e ingresaban todo el dinero en sus cuentas particulares

En realidad, el caso viene de lejos. En el año 2015 y tras un recurso del sindicato USO, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía primero y el Tribunal Supremo anularon esa exclusividad de los sindicatos mayoritarios y la Junta les comunicó que cesaban en la gestión de las residencias. En la correspondiente liquidación resultó entonces un saldo a favor de la Junta de 3.235.126 euros por parte de CCOO y de 1.859.821 euros respecto a UGT.

El entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero notificó a los secretarios generales de CCOO y UGT, en julio de 2006, el importe de esa liquidación pero los sindicatos “desoyeron de manera contumaz los requerimientos de pago de las cantidades que retenían indebidamente“.

Los tres ex directores de Trabajo “no hicieron nada para conseguir que los representantes legales de los sindicatos ingresaran, bien voluntariamente o bien de forma ejecutiva, las cantidades que adeudaban”.

Como consecuencia de su inacción prescribió administrativamente el derecho a reclamar a las centrales sindicales de las cantidades adeudadas, aunque la Fiscalía entiende que el delito no se encontraría prescrito.