La excusa de la Junta de Moreno Bonilla para vetar las banderas de Palestina y Ucrania en un instituto de Cádiz

La retirada de las banderas de Palestina y Ucrania de la fachada del IES Columela, en Cádiz, ha reabierto el debate sobre los límites de la neutralidad institucional en los centros educativos públicos andaluces. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha defendido que el Gobierno autonómico “aplica la normativa y la jurisprudencia vigentes”, que establecen que únicamente pueden ondear banderas oficiales en edificios públicos, incluidos colegios e institutos.

La explicación de la consejera llega en respuesta a una pregunta parlamentaria registrada por la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, tras conocerse que la Consejería ordenó retirar ambas enseñas del centro gaditano después de recibir una carta anónima con amenazas y referencias explícitas a Vox. El asunto, lejos de cerrarse, ha provocado una fuerte polémica política y educativa, al situar en el centro la cuestión de si la defensa de la paz y los derechos humanos puede considerarse un acto de “adoctrinamiento”.

Neutralidad frente a valores democráticos

La portavoz de Por Andalucía había ido más allá en su planteamiento. Inma Nieto recordó que la Ley Orgánica de Educación establece expresamente como uno de los fines del sistema educativo es la formación para la paz, respeto a los derechos humanos, cooperación y solidaridad entre los pueblos. A partir de ahí, preguntó directamente si la Junta consideraba que “mostrar apoyo a pueblos que sufren guerras o genocidios constituye una forma de adoctrinamiento ideológico”.

En su respuesta, fechada el 22 de octubre de 2025 y publicada este mes de febrero en el boletín oficial del Parlamento andaluz, Castillo ha subrayado que los centros educativos “son espacios públicos que funcionan desde la neutralidad institucional y el respeto a la pluralidad”. Desde esa premisa, la consejera zanja el asunto afirmando que su departamento se limita a cumplir la legalidad vigente, que restringe el uso de banderas en fachadas públicas a las de carácter oficial.

Según relató el grupo parlamentario de Nieto, la retirada de las banderas se produjo tras una carta anónima con amenazas, lo que ha despertado inquietud sobre hasta qué punto la Administración ha cedido ante presiones externas. Por Andalucía ha afirmado que el mensaje que se lanza al alumnado es “preocupante”: se limita la visibilización de valores universales como la paz o la solidaridad internacional, mientras se apela a una neutralidad que, en la práctica, puede convertirse en silencio.

Desde la Consejería, sin embargo, insisten en que la promoción de la cultura de paz se articula a través de programas educativos, conmemoraciones y proyectos pedagógicos, no mediante símbolos en las fachadas. Una interpretación que no convence a la izquierda, que ve en esta postura una aplicación rígida y selectiva de la normativa.

Un debate recurrente en las aulas

No es la primera vez que la presencia de símbolos solidarios o reivindicativos en centros educativos genera controversia. En los últimos años, banderas feministas, LGTBIQ+ o pancartas contra la violencia machista han sido objeto de recursos y denuncias por parte de sectores conservadores que apelan a la neutralidad institucional para retirar cualquier expresión simbólica que no consideran “oficial”.

En este contexto, el caso de Cádiz se suma a una tendencia más amplia que, según denuncian sindicatos docentes y formaciones de izquierda, acaba empobreciendo el papel de la escuela pública como espacio crítico y comprometido con los valores democráticos.

Mientras la Junta insiste en que actúa conforme a la ley, la oposición plantea una cuestión de fondo: si la neutralidad institucional debe entenderse como ausencia total de posicionamiento o si, por el contrario, la defensa de la paz y los derechos humanos debería formar parte visible del compromiso educativo. Una pregunta que, de momento, sigue sin respuesta clara en Andalucía.