Juana Rivas lo tiene claro: salvo que se lo ordenen las autoridades italianas, no quiere entregar a sus hijos al padre, Francesco Arcuri, condenado en su día por maltrato a su expareja y a quien ésta considera un peligro para la integridad física de los niños: de hecho, lo ha denunciado por maltrato a uno de ellos, para cuya protección reclama medidas judiciales urgentes.

El padre, por su parte, niega tal maltrato y atribuye los hematomas detectados por Rivas en el niño a un accidente doméstico sin importancia ocurrido en la vivienda del abuelo paterno.

Una situación delicada

La tenacidad de Rivas parece fruto de una convicción extraordinariamente firme, tanto que pasa por alto incluso su delicadísima situación judicial, dado que esta condenada por sustracción de menores por el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada a cinco años de prisión y seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad. La sentencia, no obstante, no es firme y está recurrida ante la Audiencia de Granada.

Rivas viajó la semana pasada a Italia a ejercer su derecho a estar con a sus hijos, pero debía haberlos devuelto el pasado domingo al padre, que a su vez ha solicitado al Tribunal de Cagliari que ordene la entrega "inmediata" de los niños y le revoque a Rivas el derecho de visitarlos, así como que le prohíba sacarlos del país, "dado el peligro manifiesto de una nueva sustracción".

Autorización policial

Fuentes cercanas a la madre han asegurado al diario Público que la policía de Cagliari permitió anoche a Juana Rivas regresar con sus hijos a su lugar de residencia, tras verificar que se encuentra en situación de "plena legalidad".

Según el digital, Rivas tenía previsto acudir de nuevo este jueves por la mañana a las dependencias policiales, donde "valorarán la posibilidad de que pueda instalarse con sus hijos en una casa de acogida para mujeres maltratadas".

Primero los niños

La consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, terciaba ayer poniendo el énfasis en la seguridad de los pequeños: "Hay que intervenir con los menores y espero que desde el ámbito consular se busquen soluciones para que los niños no sufran una situación de violencia".

El cónsul general de España en Roma, Luis Fernández Cid, se trasladó ayer a Cagliari para reunirse con Rivas, con los niños y su abogada en Italia, quien pidió al representante diplomático que el Gobierno español hiciera valer el Convenio de Estambul para salvaguardar la integridad de sus ciudadanos en el extranjero cuando exista riesgo de ser víctimas de violencia.