La denuncia ya está presentada formalmente y la Fiscalía está investigando los hechos. La empresa que gestiona el cementerio municipal de Granada (Emucesa) sostiene en su denuncia presentada esta semana que durante la etapa del PP cinco personas vinculadas al partido fueron contratadas pero nunca llegaron a trabajar para la sociedad pública. Por dos contratos ‘fantasmas’ similares fue condenado a varios años de cárcel por malversación de caudales el exalcalde de Jerez Pedro Pacheco.

El acuerdo formal para elevar el caso a los tribunales lo tomó el Consejo de Administración de Emucesa el pasado 24 de enero. Además de los beneficiarios directos, los denunciados penalmente son el exconcejal Eduardo del Moral y la todavía concejal María Francés, ambos del PP, que fueron consejeros delegados de la empresa municipal en la etapa en que fue alcalde José Torres Hurtado, que dimitió en abril de 2016 tras ser investigado por corrupción urbanística.

Contratos de alta dirección

El informe de Emucesa que ha servido de base a la denuncia documenta que, entre 2005 y 2012, cinco personas con contratos de alta dirección "nunca habían acudido a la sede de la empresa ni se conocía trabajo alguno realizado por las mismas". El coste para las arcas municipales fue de unos 330.000 euros, aunque una de las personas contratadas reintegró voluntariamente a la empresa los 16.863 euros percibidos por su ‘trabajo’.

Según consta en el informe elaborado por la empresa encargada de la gestión del cementerio, los contratados Carlos López, Ana María Navarro, Laura Luna, María Angustias Maldonado y Cristina García, esta última exdirectora de la televisión municipla TG7, "no trabajaron en la sede de la empresa y no consta la realización de trabajos para la misma".

"Conciencia tranquila"

Las cinco personas dependían directamente del consejero delegado de Emucesa y concejal del PP, y la remuneración que recibieron oscilaba entre 34.000 y 36.900 euros brutos anuales.  Una de las contratadas, María Angustias Maldonado, figuraba en las listas del PP de la capital para las pasadas elecciones municipales, en los puestos que cerraban la candidatura.

La concejal popular María Francés ofreció ayer una rueda de prensa para defender su honradez ante el “juicio mediático” al que se siente sometida. “Tengo la conciencia muy tranquila”, respondió en respuesta a la acusación del concejal de Urbanismo Miguel Ángel Fernández de que ella y su excompañero de gobierno se han autodenunciado en el juzgado para "garantizarse una defensa judicial efectiva" pese a que el asunto ya estaba "en manos de la Fiscalía".

El caso Pacheco

El caso de Granada guarda ciertas similitudes con el primero de los que llevó a la cárcel al exalcalde andalucista de Jerez. En septiembre de 2014, el Tribunal Supremo ratificó la condena de la Audiencia de Cádiz –aunque aumentado la prisión a cuatro a años y medio– a Pedro Pacheco por la contratación ilegal de dos asesores en 2005 con cargo a empresas municipales, aunque, como en el caso de Granada, tampoco ellos ban a trabajar. El quebranto para las arcas públicas de Jerez fue de 206.000 euros.

En el caso de Pacheco los fichajes se hicieron, según la sentencia, “sin publicidad ni concurrencia, sin publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, y sin dar cuenta a los consejos de administración de las empresas en las que fueron contratados”, con el único objeto de “obtener sueldos o beneficios económicos del erario público de forma arbitraria”.