La defensa del alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), alegará "indefensión por indeterminación de la acusación" en las cuestiones previas del juicio por el "caso Troya" sobre una presunta trama de corrupción urbanística, que se celebrará a partir del 22 de septiembre. Además del regidor están acusadas otras diecinueve personas, entre ellas el concejal de Urbanismo de la localidad, Gregorio Guerra (PP), varios funcionarios del Ayuntamiento y un asesor jurídico del consistorio, así como empresarios y promotores. El escrito de cuestiones previas señala que en el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal contra Martín Serón se puede comprobar la citada "indefensión".
Cinco delitos de cochecho pasivo
La defensa destaca que al alcalde "se le acusa de cinco delitos de cohecho pasivo, pero no se establecen los hechos en los cuales aparece la conducta omisiva que ha dado lugar a dicha calificación jurídica". Añade que "nunca se ha formulado, en toda la instrucción, un hecho concreto y determinado contra Martín Serón" y sólo "se han ido efectuando diversos informes policiales, carentes de cualquier objetividad, imparcialidad y debida acreditación".
Cuatro años de prisión
La Fiscalía solicitó en sus conclusiones provisionales cuatro años y medio de prisión y diecinueve de inhabilitación para el alcalde por cinco delitos de cohecho pasivo y uno de prevaricación omisiva, además de una multa de 500.000 euros. Para el concejal de Urbanismo, pidió siete años y medio de prisión y veintiún años de inhabilitación por once delitos de cohecho pasivo y catorce contra la ordenación del territorio, así como una multa de 1,6 millones de euros.
Trama para el enriquecimiento ilícito
Según el ministerio público, en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande al menos desde 2002 ha venido funcionando una trama cuyo objetivo era "obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales". La trama "consistía en ofrecer a los empresarios y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad respecto de la legalmente prevista en la norma de planeamiento municipal a cambio de la oportuna retribución económica". El fiscal precisa que al frente de dicha trama está el edil de Urbanismo, "quien se encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las contrapartidas a abonar por los empresarios, recaudando los fondos procedentes de tales pagos y llevando personalmente su contabilidad".
Pagos con anotaciones manuscritas
El ministerio público indica que estos pagos "aparecen recogidos en ciertas anotaciones manuscritas, así como en archivos informáticos intervenidos" al concejal en el registro que tuvo lugar el 19 de enero de 2007 en su despacho oficial en el Ayuntamiento. Según el fiscal, dicho acusado "había tasado el precio a pagar por el incremento en metros de edificabilidad y del número de viviendas respecto de lo legalmente establecido, de modo que el metro cuadrado de techo de más se cifraba en 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba 6.000 euros".
Cinco delitos de cochecho pasivo
La defensa destaca que al alcalde "se le acusa de cinco delitos de cohecho pasivo, pero no se establecen los hechos en los cuales aparece la conducta omisiva que ha dado lugar a dicha calificación jurídica". Añade que "nunca se ha formulado, en toda la instrucción, un hecho concreto y determinado contra Martín Serón" y sólo "se han ido efectuando diversos informes policiales, carentes de cualquier objetividad, imparcialidad y debida acreditación".
Cuatro años de prisión
La Fiscalía solicitó en sus conclusiones provisionales cuatro años y medio de prisión y diecinueve de inhabilitación para el alcalde por cinco delitos de cohecho pasivo y uno de prevaricación omisiva, además de una multa de 500.000 euros. Para el concejal de Urbanismo, pidió siete años y medio de prisión y veintiún años de inhabilitación por once delitos de cohecho pasivo y catorce contra la ordenación del territorio, así como una multa de 1,6 millones de euros.
Trama para el enriquecimiento ilícito
Según el ministerio público, en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande al menos desde 2002 ha venido funcionando una trama cuyo objetivo era "obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales". La trama "consistía en ofrecer a los empresarios y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad respecto de la legalmente prevista en la norma de planeamiento municipal a cambio de la oportuna retribución económica". El fiscal precisa que al frente de dicha trama está el edil de Urbanismo, "quien se encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las contrapartidas a abonar por los empresarios, recaudando los fondos procedentes de tales pagos y llevando personalmente su contabilidad".
Pagos con anotaciones manuscritas
El ministerio público indica que estos pagos "aparecen recogidos en ciertas anotaciones manuscritas, así como en archivos informáticos intervenidos" al concejal en el registro que tuvo lugar el 19 de enero de 2007 en su despacho oficial en el Ayuntamiento. Según el fiscal, dicho acusado "había tasado el precio a pagar por el incremento en metros de edificabilidad y del número de viviendas respecto de lo legalmente establecido, de modo que el metro cuadrado de techo de más se cifraba en 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba 6.000 euros".
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