Su nombre es Agustín Martínez Becerra y su cara es familiar para millones de personas por sus apariciones televisivas al ser uno de los abogados defensores de La Manada, el grupo de sevillanos condenados en primera instancia por abusos sexuales contra una joven en los sanfermines de Pamplona.
Su presencia en esta otra causa que juzga la Audiencia de Sevilla ha pasado hasta ahora relativamente desapercibida, aunque es más que probable que ese anonimato dure poco tiempo. En realidad, el juicio a 45 personas –37 de ellas agentes policiales– por el amaño de unas oposiciones para cubrir 103 plazas al cuerpo de Policía Local de Sevilla en 2012 todavía no ha entrado en materia, ya que sus primeras sesiones, que tuvieron lugar la semana pasada y se reanudarán el jueves próximo, se dedicaron a elucidar cuestiones previas.
Fuentes conocedoras del proceso especulan con la presencia de Martínez Becerra podría propiciar un ruido mediático que haría de cortina de humo para relegar a segundo plano la presunta corrupción policial que el proceso de Sevilla intenta esclarecer.
Juego sucio
El número, las conexiones y la profesión de los procesados, así como la tensión entre la Fiscalía y algunas defensas a propósito del ‘juego sucio’ denunciado por la representante del Ministerio Público, auguran un juicio áspero y previsiblemente mediático, en cuyo caso un defensor tan bregado en los platós como Martínez Becerra podría jugar un papel relevante.
En la primera sesión del juicio la fiscal, Ana María Linares, denunció que habían sido robadas de su perfil de Facebook fotografías de un viaje con las que se compuso y se difundió el supuesto organigrama de supuesta una trama corrupta para inculpar de forma fraudulenta a los agentes.
En todo caso, además de haber intentado la anulación del juicio, las defensas se emplearán a fondo en la prueba contrapericial con el fin de contrarrestar el informe elaborado en su día por GEPOL, el Grupo Especial de la Policía Local –ya extinto– que investigó el caso. También intentarán desmontar las acusaciones de acoso laboral a varios agentes que durante la instrucción declararon como testigos.
Los hechos
El relato del juez instructor explicaba que a las oposiciones "se presentaban ciertos aspirantes a los que, sin tomar en consideración su mérito o capacidad, y sin perjuicio de que se pudiera llegar a dictar una resolución injusta, determinados miembros del Tribunal tenían intención de favorecer", y ponía como ejemplo que el superintendente era en esas fechas compañero sentimental de la hermana de un opositor y tío de otro aspirante.
Esta sería solo una de las conexiones familiares, laborales, sindicales o sentimentales entre miembros del tribunal y opositores que la instrucción del caso ha puesto de manifiesto y que también la Fiscalía detalla en su escrito de acusación.
Un total de 37 aspirantes habrían obtenido de los miembros del Tribunal la filtración de la plantilla de corrección del caso práctico del examen, con anterioridad a su celebración el 2 de junio de 2012.
Para conseguir su propósito, los imputados "incumplieron las bases de la convocatoria, que exigían que el examen caso práctico y la plantilla de corrección de este fueran elaborados el mismo día de la prueba, ya que realizaron dichos documentos días antes de la fecha señalada, lo que les permitió la filtración selectiva".
En los exámenes de caso práctico de los opositores beneficiados por la entrega previa del examen y la plantilla de corrección, "se comprobó la existencia de erratas e incorrecciones que solo aparecían en la plantilla filtrada".
Las penas
Para el superintendente de la Policía Local, Juan José García, la Fiscalía pide 13 años de inhabilitación y multa de 5.400 euros por dos delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos y prevaricación, al igual que para los otros miembros del tribunal de las oposiciones y un funcionario del Ayuntamiento.
Para los agentes locales que aprobaron las oposiciones investigadas, la acusación pública pide una multa de 100.000 euros, con un año de responsabilidad personal en caso de impago, y cuatro años de inhabilitación.
También reclama la fiscal Linares que se declaren nulas de pleno derecho las oposiciones para los procesados y que el Ayuntamiento de Sevilla sea declarado responsable civil subsidiario.
