La investigación judicial sobre los nueve pozos ilegales detectados en la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba y situada en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), a las puertas del entorno de Doñana, suma un nuevo capítulo con un doble revés para la defensa de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de los Martínez de Irujo encargada de la explotación de estos terrenos.
El juez instructor ha rechazado, por un lado, la petición de archivo y sobreseimiento de la causa presentada por la empresa tras obtener la autorización administrativa que permite regularizar ocho de los nueve pozos investigados. Por otro, también ha vuelto a denegar la comparecencia judicial de un perito de parte cuya declaración la defensa consideraba esencial para desmontar las acusaciones y evitar, según alegó en un recurso, la denominada “pena de banquillo”.
Según ha dado a conocer elDiario.es tras acceder al auto, el magistrado deja entrever que la instrucción se encuentra en su fase final. Aunque no reproduce literalmente la afirmación realizada en una resolución anterior, donde señalaba que la investigación estaba “prácticamente agotada”, sí traslada a los abogados de Eurotécnica Agraria que la solicitud de archivo será abordada “en el momento procesal en que se resuelva el destino de esta instrucción”. Una formulación que apunta a una decisión próxima sobre el futuro del procedimiento.
La resolución también recoge que la Fiscalía se ha opuesto expresamente a las pretensiones de la defensa mediante un informe de impugnación. El Ministerio Público sostiene que existen elementos suficientes para continuar adelante con la causa y valorar una eventual acusación por delito contra el medio ambiente.
Respecto a la declaración del perito propuesto por Eurotécnica Agraria, el juez insiste en que carece de utilidad procesal. El experto elaboró un informe sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas, documentación que ya forma parte de las actuaciones. Según el instructor, la eventual ratificación oral de ese trabajo no alteraría su valor probatorio ni aportaría elementos nuevos relevantes para la investigación.
El magistrado, tal y como detalla elDiario.es, recuerda además que experiencias anteriores con otros informes periciales apuntan en la misma dirección. Tanto los expertos de la Guardia Civil como los presentados por la defensa que ya comparecieron en sede judicial apenas añadieron información distinta a la ya contenida en sus respectivos documentos. Por ello, concluye que no resulta necesario volver a abrir una diligencia de este tipo.
La negativa se suma a otras decisiones similares adoptadas durante la instrucción, entre ellas el rechazo a tomar declaración a antiguos trabajadores de la finca cuya denuncia inicial dio origen a la investigación.
La petición de archivo presentada por Eurotécnica Agraria llegó después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorizara modificaciones en el sistema de riego que permiten regularizar ocho de los nueve pozos detectados sin licencia. La autorización, que impone diez condiciones específicas y otras 43 de carácter general, ya ha sido aceptada por la propiedad.
La defensa interpreta esta resolución administrativa como una prueba de que el sistema de riego no ha causado daños graves al dominio público hidráulico. A su juicio, si hubiera existido una afección ambiental significativa, la Confederación no habría concedido la correspondiente autorización. Además, la empresa sostiene que nunca superó el límite anual de extracción de 605.000 metros cúbicos de agua que tiene reconocido para la explotación.
No obstante, Eurotécnica Agraria admite que existían pozos sin regularizar, aunque considera que esta circunstancia carece de relevancia penal y, en todo caso, podría derivar únicamente en una sanción administrativa leve relacionada con la apertura de captaciones sin autorización previa. La empresa insiste también en que resulta imposible que sus instalaciones hayan provocado daños en el acuífero Aljarafe Sur.
La tesis de la Fiscalía y de los informes elaborados por la Guardia Civil es radicalmente distinta. Los investigadores sostienen que durante once años se habrían extraído de forma ilegal unos 6.600 millones de litros de agua, una actividad que habría generado un perjuicio ambiental de enorme magnitud. Los informes apuntan incluso a daños potencialmente irreversibles y vinculan estas captaciones con posibles afecciones al entorno de Doñana.
De hecho, el propio juez instructor ha llegado a señalar en resoluciones anteriores que las extracciones realizadas sin licencia podrían haber tenido un “impacto colateral en Doñana” y sobre su avifauna, una consideración que refuerza la relevancia ambiental de una causa cuyo desenlace judicial parece cada vez más cercano.
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