El Gobierno andaluz ha decidido llevar la sobreactuación contra la ministra María Jesús Montero hasta un lugar parecido al que la Generalitat catalana ha llevado la suya contra el encarcelamiento de políticos independentistas.
El lazo amarillo de los ‘indepes’ se ha vuelto blanquiverde en las solapas del presidente andaluz, los miembros de su Gobierno y los diputados del PP y Cs, que este jueves los han exhibido en la sesión plenaria del Parlamento en protesta por lo que consideran una “intervención de las cuentas andaluzas” adoptada por Montero por motivos políticos.
El gesto de Moreno y los suyos parece indicar su determinación o bien de doblarle el pulso a la ministra o bien de obtener réditos políticos del hecho mismo de plantarle cara exigiéndole que deje sin efecto la carta en la que el Ministerio de Hacienda reclama a la Junta que ajuste sus cuentas de 2020 para acceder al Fondo de Liquidez Autonómica para compensar la prohibición de financiarse en los mercados de deuda.
El origen de la carta es, como se sabe, el incumplimiento en 2018 por el Gobierno andaluz de Susana Díaz de la ley de sostenibilidad de las finanzas públicas en lo referido a déficit, deuda y regla de gasto. Aun así, los datos de 2019 avanzados por el Ministerio de Hacienda van el por mismo camino: el déficit previsto del 0,1 por ciento iba a 1 de octubre por el 0,26 por ciento.
En realidad, en 2018 el Gobierno andaluz se excedió en unos 170 millones de euros sobre el déficit del 0,4 por ciento comprometido. Y seguramente la cantidad en que se exceda este año tampoco será muy significativa en un presupuesto de más de 38.500 millones de euros.
Pero para el Ejecutivo autonómico lo que está en juego no es tanto el huevo como el fuero: entiende que estaba saneando las cuentas ruinosas que le habrían dejado en herencia los socialistas y ahora Montero pretende con su carta una enmienda a la totalidad de la gestión del ‘Gobierno del cambio’.
