El Juzgado de Instrucción 1 de Huéscar (Granada) investiga a Mariano García Castillo, actual diputado autonómico del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía y exalcalde de Puebla de Don Fadrique, por un posible delito de prevaricación administrativa relacionado con la compra de una finca por valor de 600.000 euros cuando aún era regidor del municipio, generando un perjuicio a las arcas del Ayuntamiento de unos 300.000 euros.
El auto de apertura de diligencias, de julio de 2024, pone en el foco de investigados a varias personas además del propio García por el posible delito. La denuncia también recoge presuntos actos de malversación de caudales públicos, falsedad documental e intrusismo laboral, mientras que el exregidor defiende su posición y denuncia que se trata de una “persecución personal”.
El aforamiento de Mariano García solo se activaría si el juez decide llamarlo a declarar como investigado. En ese caso, y solo si él lo solicita, tendría que ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quien le tome declaración. Mientras tanto, el juez ordinario del caso puede seguir con la investigación con normalidad.
Una operación irregular con implicaciones directas
La causa tiene su origen en la compra de una finca rústica de 208 hectáreas por parte del Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique en mayo de 2023. La asociación ecologista La Sagra y el concejal de Podemos, Hilario Sánchez Díaz, interpusieron la denuncia considerando que la compra se realizó de manera irregular, careciendo la finca de características singulares, ya sean técnicas, históricas o culturales.
Los denunciantes defienden que la compra debió hacerse mediante un concurso público, con reglas claras y transparentes. Alegan que la finca, en más de un 90%, es terreno sin valor productivo —matorral, monte y pinar— y que, además, el vendedor excluyó la parte más valiosa en la compraventa. “Han dilapidado medio millón de euros en un erial sin ningún valor singular”, explican en el texto de la denuncia.
A esto se suma el informe técnico que valoró la finca en 600.000 euros. Según los denunciantes, el arquitecto municipal asignó un precio por hectárea muy por encima del valor de referencia establecido por la Junta de Andalucía, con un valor real que se situaría en torno a los 300.000 euros. Además, cuestionan que Mariano García firmara un informe clave para justificar la compra sin tener los conocimientos correspondientes para ello. También sospechan que se alteró la descripción del terreno para inflar su valor.
Un golpe económico para el Ayuntamiento
La investigación se complica por la implicación directa de Mariano García en la tramitación de la compra. Cuando comenzó el expediente, en 2021, él aún era alcalde, y tras ser nombrado diputado en 2022, continuó como concejal de Turismo hasta después de las elecciones municipales de mayo de 2023, cuando finalmente se aprobó la adquisición. En este tiempo, firmó uno de los informes justificativos, defendiendo el valor turístico, ecológico y geológico de la finca.
Según la acusación, la compra del bien supuso un fuerte golpe económico para el Ayuntamiento, ya que representó casi un tercio de su presupuesto anual, a pesar de contar con un remanente importante que superaba los 2 millones de euros. Casi un año después del inicio del caso, el juzgado ha citado a los denunciantes para que ratifiquen su denuncia el 11 de junio, y también ha llamado a declarar a dos trabajadoras del consistorio. Dependiendo de sus testimonios, podrían surgir nuevas imputaciones.
Mariano García sostiene que el terreno tiene un valor estratégico, tanto ambiental como turístico, y rechaza de plano las acusaciones de sobreprecio. “Se vendió una de 410 hectáreas por 1,6 millones. Otra de 10 hectáreas por 400.000. ¿De qué sobreprecio hablamos?”, lanza como argumento central. Asegura que si hoy se vendiera la finca, el Ayuntamiento “sacaría el doble de lo que pagó”.
El diputado admite que firmó uno de los informes justificativos del expediente, aunque no el técnico-económico, y recalca su conocimiento del entorno como biólogo. “La Sagra es un lugar de interés geológico, hay cabras montesas, hay setas… No me inventé nada. Si eso es un delito, que me lo digan”, afirma.
