El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha formalizado el mayor contrato de su historia, un acuerdo marco de 533 millones de euros con una duración prevista de cuatro años destinado a reducir las listas de espera quirúrgicas. La Junta de Andalucía lo defiende como un paso adelante para agilizar la gestión sanitaria, pero el PSOE-A denuncia que se trata de un desvío masivo de recursos hacia la sanidad privada.
La fórmula del acuerdo marco fija de antemano las condiciones que regirán futuras contrataciones, evitando repetir el proceso de licitación en cada ocasión. Según fuentes oficiales del SAS, esta herramienta "constituye una herramienta especialmente útil para racionalizar la contratación pública, aportando numerosas ventajas tanto en términos de agilidad como de eficiencia". El contrato cubrirá intervenciones traumatológicas (hernias, rótula, cadera) y cirugías de mama relacionadas con patologías oncológicas, incluyendo además pruebas diagnósticas, curas y material quirúrgico en un único paquete. De las 53 empresas presentadas al proceso, 38 han resultado adjudicatarias, todas ellas del ámbito privado. Esto es algo que, pese a la tradicional relación de Moreno Bonilla con la sanidad privada, los socialistas andaluces han denunciado frente al desamparo de lo público que lleva años vigente en la Comunidad Autónoma. Los primeros contratos se ejecutarán a partir de mediados de septiembre.
Atraco en toda regla
El PSOE de Andalucía ha salido en bloque contra la operación. Su secretaria de Salud, María Ángeles Prieto, ha advertido que este nuevo acuerdo supone "un atraco en toda regla, un robo y saqueo por parte de Moreno Bonilla a la sanidad pública para fortalecer y enriquecer a la sanidad privada".
Prieto exige que los 533 millones se destinen a la sanidad pública, acusando al Gobierno andaluz de colapsar deliberadamente el sistema público con sus políticas. "Si la sanidad pública andaluza ha colapsado ha sido por la mala gestión y las políticas sanitarias de Moreno Bonilla", señaló la dirigente socialista.
El PSOE-A sostiene que el argumento del PP de que se mejorarán las listas de espera con esta inversión en la privada es "un engaño": "Las listas de espera se han triplicado desde 2018 en Andalucía y tenemos las peores listas de espera de todo el país".
Prieto subrayó además que, pese a este gasto millonario, los recursos públicos permanecen infrautilizados. Este es el caso de "las salas de espera de pruebas diagnósticas del SAS, que están vacías, sin embargo, derivan millones de pruebas a la privada. Del mismo modo ocurre con los quirófanos, a medio gas y, sin embargo, se derivan conciertos millonarios a la privada".
Desde que Moreno Bonilla llegó a la presidencia de la Junta en enero de 2019, se han destinado 3.500 millones de euros a la sanidad privada, a los que ahora se suma este contrato. Además, recordaron que la Justicia investiga otros 1.500 millones en la llamada Trama SAS.
Prieto fue contundente al describir que la hoja de ruta del Gobierno andaluz "no tiene ningún sentido salvo que lo que se pretenda es debilitar nuestra sanidad pública y enriquecer a la privada".
Trama SAS
La llamada “trama del SAS” investiga presuntas irregularidades en la gestión del Servicio Andaluz de Salud que podrían alcanzar los 1.500 millones de euros mediante el fraccionamiento sistemático de contratos, adjudicaciones sin transparencia y el debilitamiento de los órganos de control como la Intervención y la Cámara de Cuentas. Según Prieto, "esta es la hoja de ruta de Moreno Bonilla. Esto es lo que hace el PP allí donde gobierna. Es una auténtica desgracia para nuestra sanidad pública".
Distintas causas son abiertas por la justicia, empezando por Cádiz contra el director económico del SAS por contratos troceados que suman 235 millones, dentro de un total de 1.223 millones con un 92 % de anomalías detectadas; siguiendo en Sevilla sobre los 242 millones adjudicados como contratos de emergencia entre 2021 y 2023; y terminando en la entrega de expedientes, correos y obras vinculadas al antiguo Hospital Militar de Sevilla. Todo ello sitúa bajo sospecha una supuesta trama institucionalizada durante el mandato de Juan Manuel Moreno Bonilla, que ahora avanza en fase judicial.