El PSOE andaluz ha denunciado que existen hasta once informes “demoledores” de la Intervención de la Junta de Andalucía que detectan irregularidades en los contratos de emergencia realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los años 2020 y 2021, en plena pandemia del coronavirus. Rafael Márquez, coordinador de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, ha expresado en rueda de prensa que “todo el sistema de contratación del SAS, absolutamente todo, está viciado, está contaminado, se encuentra al margen de la legalidad vigente, y está dirigido a beneficiar a la sanidad privada en detrimento del sistema público de salud”.
Márquez ha sustentado esa conclusión con once informes “demoledores” de la Intervención de la Junta de Andalucía -bajo el mando del popular Juan Manuel Moreno Bonilla-, órgano de fiscalización interno de la administración autonómica. Además, ha precisado que “se ha pronunciado, no una ni dos, sino de forma reiterada, sobre las permanentes irregularidades de las contrataciones del SAS durante 2020 y 2021”.
En el mismo sentido, el socialista ha subrayado que todos estos informes ponen de manifiesto que estamos “seguramente, ante el mayor caso de corrupción de contratación sanitaria” que hemos conocido “en España”.
Además, Márquez ha esgrimido que estos informes se unen al realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre los contratos de emergencia gestionados por la Junta durante 2020, “que confirmaba la corrupción sanitaria del Gobierno de Moreno Bonilla” que desde el Grupo Parlamentario Socialista venían denunciando “desde hace más de año y medio”.
En este informe de la Cámara de Cuentas constaba también “el escándalo que supone que gran parte de los contratos de emergencia efectuados por el SAS en el año 2020 tuviera algún tipo de irresponsabilidad” y que confirmaba que el Gobierno del líder andaluz del PP “ha regado con millones de euros públicos a la sanidad privada, sin controles, a dedo, sin publicidad y sin transparencia”.
“Han puesto de manifiesto cómo es práctica habitual del SAS el fraccionamiento de contratos menores para evitar los procedimientos transparentes y con concurrencia”, ha señalado el socialista, quien ha destacado que “todos, absolutamente todos los informes de la Intervención General de la Junta, detectan importantes irregularidades, gravísimas irregularidades, que merecen ser explicadas”.
“Todo ello, fraccionamientos de contratos, prórrogas al margen de la ley, prórrogas sin consignaciones presupuestarias, o el abuso de la contratación de emergencia entre otros, ha estado dirigido exclusivamente a asentar, a implantar, un sistema de contratación a dedo, sin controles, sin transparencia, sin concurrencia, y con un claro menoscabo de los fondos públicos a costa del dinero de los andaluces y andaluzas”, ha reiterado Márquez.
Por todo ello, desde el PSOE-A exigen una explicación clara del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y de la consejera de Salud, Rocío Hernández, en el Parlamento autonómico.
Así, estiman que Moreno Bonilla, ante la gravedad de las evidencias que destapan estos once informes, “no puede seguir escondido en su mayoría absoluta, sin que se den las oportunas explicaciones sobre lo que entendemos es el mayor caso de corrupción de contratación sanitaria de España”.
“Está claro que este sistema viciado y contaminado de irregularidades está haciendo más fuerte a la sanidad privada en Andalucía, más débil a nuestro servicio público de salud, y está poniendo en seria amenaza a la salud de la mayoría de andaluces que comprueban cómo con más recursos que nunca, el sistema de salud funciona peor que nunca”, ha subrayado, a su vez.
Y, por último, ha sentenciado: “Una vez que se ha constatado que el sistema está viciado, contaminado de graves irregularidades, entre las incógnitas a despejar está ¿cómo esto ha afectado a los recursos públicos, y cuál es la magnitud del menoscabo de fondos públicos que los andaluces, que el sistema de salud está teniendo que soportar, como consecuencia del uso fraudulento de la contratación por parte del gobierno de Moreno Bonilla”.