“Si se quiere modificar el Plan de la Corona Forestal es muy legítimo, hágase, pero por los cauces ordinarios que fueron los mismos por los que se aprobó; es inconsistente alegar derechos históricos en muchos de los casos, salvo errores puntuales que pudiera haber”.
La opinión, hoy en el Parlamento, del presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, Miguel Delibes de Castro, sobre la amnistía propugnada por el Gobierno andaluz a los regadíos ilegales del entorno del Parque no ha podido ser más contundente. Esta vez, el Ejecutivo de PP y Cs no podrá atribuir a intereses políticos de la izquierda radical o al ecologismo trasnochado las críticas de una figura tan respetada en ámbitos científicos y medioambientales.
Para Delibes, informa Europa Press, la Proposición de Ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva "es muy desleal" con el Consejo de Participación. Y además es una iniciativa "irresponsable" porque ya "se había llegado un acuerdo en 2014” con el denominado Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, que “se discutió durante años, pasó tres veces por información pública, recibió más de 3.000 alegaciones que se estudiaron y contestaron y el día que se votó en el Consejo de Participación recibió 37 votos a favor, cinco en contra y una abstención".
Por tanto, "decir que había errores, que se hizo a ojo, es irritante para los que durante años trabajamos en el Consejo porque el plan fue aceptado como pacto por la Unión Europea, la Unesco y el Estado: Europa no va a aceptar esta ampliación de regadíos”.
Así lo ha indicado Delibes durante su intervención en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorios, en la que han comparecido agentes sociales en relación con la Proposición de Ley respaldada por PP, Cs y Vox y que afectaría a los términos municipales onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
Delibes, que antes exponer su argumentos ha aclarado que se trata de "una opinión personal y no del propio Consejo que se genera mediante mesas de trabajo, debate y votación", ha indicado que su opinión sobre la proposición de ley "es muy crítica". Ha añadido que, según la normativa, el Consejo "tiene como tarea informar todas las actuaciones que puedan modificar la cantidad o calidad de las aguas superficiales o subterráneas aportadas al espacio natural", al tiempo que ha explicado que este se reunió el 15 de diciembre de 2021 y "nadie dijo una sola palabra de este tema".
"Aparte de desleal con el Consejo, la proposición de ley me parece poco respetuosa con la Junta de Andalucía, donde se ha trabajado muchísimo para ordenar los terrenos y con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que ha redactado un plan para el periodo 22/27 sin tener ninguna noticia sobre la misma", ha añadido Delibes.
Romper el acuerdo de 2014 “sin haber hecho ningún intento antes de modificarlo por la vía normal, con un proposición de ley generada con secretismo es agitar el avispero", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "es poco creíble que si la UE ha sancionado al Estado español porque está aplicando demasiado lentamente el plan de 2014 vaya a aceptar de buen grado que se modifique para no cumplirlo".
Delibes también ha afirmado que "conceder terrenos regables sin agua es hacerse trampas al solitario; es poco serio querer alimentar la tensión, el descontento, las reclamaciones, querer enfrentar a papá contra mamá usando a los niños, porque el Consejo, que tiene como misión lo contrario, no ha sido ni siquiera tenido en cuenta". "No se puede cortar por lo sano, obviando todo el trabajo llevado a cabo hasta la fecha, dañando a los ecosistemas de Doñana y desprestigiando a la agricultura de Andalucía y de España", ha concluido.
Desde el PSOE, que se abstuvo en el trámite inicial, Mario Jiménez ha querido reconocer la tarea de Miguel Delibes todos estos años y ha precisado que el desarrollo sostenible "no es un proceso fácil" pero que lo nuevo "es que se haya perdido la perspectiva y se haya decidido entrar en este espacio sin tener en cuenta la complejidad del mismo", porque "de manera fácil se ha querido generar una repuesta fácil a problemas muy difíciles". "Apelamos al diálogo y defendemos que el mecanismo para cambiar el plan está en el propio plan, en su comisión de seguimiento y la norma que la sustenta", ha señalado.
Por su parte, desde Vox, Rafael Segovia ha afeado a Delibes que no haya mencionado ninguno de los cinco pueblos afectados, que "no haya dicho la palabra Huelva y haya hablado de los agricultores de pasada", cuando "estamos hablando de hacer compatible el desarrollo de la agricultura con la conservación de Doñana".
Mientras, Unidas Podemos por Andalucía Ismael Sánchez ha preguntado al presidente del Consejo si cree "imprescindible que se paralice la tramitación de esta ley en el Parlamento", y "si habría que habilitar nuevas vías de negociación del conflicto".
El diputado de Cs Julio Díaz, por su parte, ha reprochado a Delibes que diga que la proposición "es irrespetuosa con la Junta cuando este Parlamento es Junta según el estatuto" y, además, "es un proceso legalmente establecido y participativo" y le ha preguntado "si no cree que durante el desarrollo del plan está habiendo problemas derivados de su diseño y ejecución".
Finalmente, el popular Manuel Andrés González ha dicho que el término consenso del actual Plan de la Corona Forestal "es discutible" porque nació "con más de 3.000 alegaciones", al tiempo que ha añadido que esta proposición "no da ningún derecho a agua, solo hablamos de suelo".
