El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos afronta este miércoles 4 de marzo la primera gran contestación organizada en forma de huelga contra la segunda medida de hondo calado político adoptada desde su toma de posesión en enero del año pasado: la primera medida del perfiles netamente ideológicos fue una rebaja fiscal que favoreció de hecho a las rentas más altas y la segunda ha sido el decreto educativo que elimina trabas para que los padres puedan matricular a sus hijos en cualquier centro concertado de su ciudad.

El consejero de Educación, Javier Imbroda, considera que la huelga convocada por AMPAS y sindicatos para el miércoles en toda Andalucía es puramente “ideológica y no tiene nada que ver con la educación”, mientas que el decreto que ha desencadenado la protesta sería en su opinión una medida de simple profundización democrática porque se limita a ampliar “la libertad de elección de los padres”.

Según recuerdan algunas de las organizaciones convocantes, la ‘trampa’ del argumento de la libertad es bien conocida: la inmensa mayoría de los centros concertados cobran a las familias cuotas teóricamente voluntarias, pero en la práctica obligatorias, tanto que dejan fuera a las familias con menos recursos.

Diálogo de sordos

Imbroda volvió a recomendar la semana pasada a los convocantes de la huelga “que se lean el decreto de escolarización", a lo que ellos replican que la convocatoria de la protesta es precisamente porque ya se lo han leído.

Los argumentos de huelguistas y Junta no llegan a trabarse entre sí en buena lid a la espera de la que la opinión pública decida quién tiene razón. Lo que ocurre más bien es que ni siquiera se rozan porque las dos partes hablan idiomas distintos y dan a los mismos hechos un significado y un alcance no ya distinto, sino incluso contrapuesto.

El consejero no niega que su decreto “dirigido a las familias” favorece objetivamente a la escuela concertada, pero sí que la entrada en vigor del mismo pueda amenazar ni de lejos a la escuela pública. Sostiene Imbroda que quienes promueven la huelga lo hacen basándose en una “desinformación interesada” y tienen como objetivo convertir la educación en “un arma arrojadiza política e ideológica".

“La voluntad del Gobierno de la Junta de Andalucía es que los padres puedan llevar a sus hijos al colegio que les dé la gana. No hay que tenerle miedo a la libertad”, decía expresivamente semansa atrás el portavoz del Ejecutivo autonómico, Elías Bendodo.

Imbroda aporta, entre otros, estos datos: en el curso 19/20, con un matriculación de 13.000 niños menos en Primaria por la bajada de la natalidad, se perdieron 487 unidades públicas, pero se abrieron 220 unidades públicas en Secundaria, 130 en Educación Especial y 166 más en FP.

Huelguistas plurales

El argumento de la ideología tantas veces reiterado por el consejero se aviene mal con la pluralidad política de los convocantes de la huelga, donde figuran organizaciones sindicales de izquierdas o de clase, como UGT, CCOO, CGT o USTEA, con otras de perfil más moderado o corporativo, como CSIF o ANPE.

En opinión de las organizaciones convocantes "son del todo inaceptables y de una gravedad extrema las medidas que pretenden implementar y que, sin ninguna duda, ahondan en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el Gobierno de Andalucía está llevando a cabo".

Los huelguista miran de reojo lo sucedido con la educación en Madrid, donde la “libertad de los padres” ha provocado un espectacular crecimiento de la educación privada sufragada con fondos públicos, y consideran que "es tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho".

Sobre la segregación

¿Por qué reproche de segregación? Porque  "la discriminación positiva que esta nueva norma extiende sobre los centros privados-concertados al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas", agravando así “la problemática del cierre de aulas, especialmente grave en los últimos años".

La principal novedad del decreto Imbroda es que en todas las zonas o distritos de escolarización se incluirá un centro concertado aunque se ubique fuera de las mismas, de modo que las familias que vivan lejos tengan la misma puntuación que la que tienen ahora quienes viven en la zona.