La antigua Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) contaba al inicio de la presente legislatura con 107 directivos, una carga insoportable para un ente dedicado durante los años del boom inmobiliario a la producción de suelo para construcción y venta de viviendas. La crisis la corneó con tanta fuerza como a cualquier otra promotora. Si fuera una empresa privada, habría quebrado y cerrado como tantas inmobiliarias. Pero dado que es pública, la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Elena Cortés (IU), ha realizado una operación de reconversión, orientando su actividad hacia la promoción del alquiler asequible y la rehabilitación e intervención social en el parque público. “Le hemos dado utilidad pública en un contexto de emergencia social”, explican desde Fomento y Vivienda. Pero, por más que Fomento y Vivienda insiste en poner el énfasis en el cambio de concepto de la empresa y en su “nueva vocación social”, los focos del cambio en EPSA se los ha llevado la profunda reestructuración realizada por IU en su plantilla, especialmente en el equipo directivo, que tenía 107 personas y ahora sólo 26, para un total de más de 600 trabajadores. La eliminación de 81 directivos (más del 75% de los que había), que Elena Cortés califica como “poda por arriba”, ha abierto a la Consejería un flanco judicial en el que acaba de obtener su primera victoria, al avalar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el primer caso de despido sin indemnización que llega a sus manos. Un flanco judicial en el que la Consejería se está empleando a fondo no sólo para no abonar indemnizaciones... sino incluso para reclamar dinero a los directivos cesados. CESES SIN INDEMNIZACIÓN La “poda por arriba” ha sido un largo proceso que se fue prolongando desde julio de 2012 a mayo de 2014, cuando culminó la reestructuración con la eliminación de 81 directivos. El porcentaje de directivos sobre el total de la plantilla ha pasado del 15,2 por ciento al 3,9 por ciento, una ratio mucho más ajustada. Un total de 24 de los directivos cesados demandaron a la EPSA, luego rebautizada (el equipo de Cortés no quería que de los viejos tiempos quedara ni el nombre) como Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). El motivo fundamental de las demandas es que, siguiendo una directriz de la dirección de la Consejería, los ceses se produjeron sin indemnizaciones ni cesantías. El primero de estos 24 casos en llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue el más controvertido: el de José Manuel Vergel, antiguo director de Recursos Humanos. Y la Consejería ha ganado la batalla. El TSJA, en línea con lo establecido antes por el juzgado de lo social 8 de Sevilla, ha avalado la interpretación que la Consejería hace del decreto ley 1/2012, contraria al pago de indemnizaciones a altos cargos de libre designación cuando cesan de sus funciones. Es decir, Vergel fue cesado, reclamó por vía judicial una indemnización y el TSJA ha dicho que no. Que la Administración no le debe un euro. FOMENTO NO PAGA, SINO QUE QUIERE COBRAR Quizás aquí sorprenda el siguiente dato: la Consejería ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo. ¿Por qué, si ha obtenido una victoria judicial? Para explicarlo hay que remontarse un poco en el tiempo. En julio de 2012, Cortés y su equipo empezaron la poda reduciendo de diez a cinco la estructura de alta dirección de la antigua EPSA. Los planes iniciales de la Consejería eran despachar el asunto con despidos sin indemnización sin más. Pero los cinco altos directivos reclamaron una compensación. Y la respuesta de la Consejería fue un contraataque, en forma de una figura poco usual, inédita en este tipo de casos: la reconvención. Los directivos Vergel, José María Salas, Federico Salmerón, Antonio López y Antonio Faya demandaron a la antigua EPSA... y la antigua EPSA respondió con demandas de reconvención. Es decir, reclamándoles dinero: pluses e ingresos que, a juicio de EPSA, cobraron por encima de los límites establecidos en los distintos decretos y desarrollos normativos que regulan la función pública. A Vergel le reclamó 12.170 euros; a José María Salas, 12.470 euros; a Federico Salmerón, 9.720; y a Antonio López, 15.330 euros. En el caso de Antonio Faya, la Consejería descartó la presentación de la reconvención al entender que, al no haber pasado su caso por el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) como paso previo, era inviable jurídicamente emplear esta fórmula. No obstante, en el caso de Faya hay ya una sentencia de un juzgado de lo social que desestima la demanda por despido improcedente y por tanto la indemnización, pero obliga a la Junta de Andalucía a pagar 2.763 por omisión del deber de preaviso. La Consejería ha recurrido ante el TSJA el pago de estos 2.763 euros. UNA MEDIDA INÉDITA En total, pues, la Consejería reclama a los cinco altos directivos cesados un total de 52.452,98 euros, en una medida tomada por primera vez por la Administración autonómica. La sentencia del TSJA sobre Vergel avala el despido sin indemnización, pero no exige la devolución del dinero al ex directivo. Es decir, no atiende la reconvención. Por eso la Consejería la ha recurrido. No es necesario ser un lince para pensar que si los cinco directivos pudieran dar marcha atrás, no hubieran reclamado una indemnización. No sólo porque el TSJA ha situado su primera línea de jurisprudencia del lado de la Consejería, sino porque los procedimientos judiciales han hecho asomar datos sumamente incómodos para los demandantes/demandados. El caso de Vergel vuelve a ser el más picante. La Consejería considera que éste entró en la antigua EPSA por su “estrecha vinculación personal y política” con el que fuera subdirector y director entre 2004 y 2010 de la empresa, Jorge Cara, ambos miembros entonces de la dirección del PSOE de Roquetas de Mar. En el proceso judicial, la Consejería ha hecho aflorar que Vergel dio instrucciones en 2007 para que se le preparase un contrato desde diciembre de 2006, así como para beneficiarse de pluses por vivienda pese a tener domicilio familiar en Sevilla y de privilegios como uso del coche de empresa para fines particulares los fines de semana. LA GUERRA DEL CÉNTIMO La Consejería insiste en que se limita a seguir la política de “defensa a ultranza de cada céntimo de dinero público” y a ser fiel a las directrices de escrupulosidad y eficiencia marcadas por la Cámara de Cuentas en su informe sobre el ejercicio de 2011, que revelan la delicada situación de la antigua EPSA. La “poda por arriba”, recalcan fuentes de Fomento y Vivienda, supone un ahorro en carga directiva de 2,6 millones de euros al año. Las rebajas salariales han sido del 6,65 por ciento en el caso del director, del 13,35 por ciento en el del subdirector y del 6,48 por ciento en el de los directores de área. A ello se suma la rebaja salarial del 10,02 por ciento de los ocho gerentes provinciales. Ello ha de añadirse a la reducción del gasto en alquileres de sedes, 2,3 millones de euros anuales, y a la lograda mediante internalizaciones de servicios (fundamentalmente de trabajo en el parque público de vivienda e informática), de 7,2 millones al año. En total, la reducción de gasto anual en estos tres conceptos alcanza los 12,1 millones de euros.