Un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil al que ha tenido acceso ElPlural.com señala a José Enrique Fernández de Moya, ex número dos de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y alcalde de Jaén entre 2011 y 2015, junto a otros tres miembros del entonces gobierno local del Partido Popular como "posibles responsables" de unos hechos "indiciariamente compatibles con los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad de documental en documentos mercantiles y blanqueo de capitales”.
La Policía Judicial considera que se habría producido un sobrecoste de más de 2,67 millones de euros en una facturación "manifiestamente falsa" en cuanto a precios, materiales y personal empleado para obras de mantenimiento urbano de la capital jiennense durante los años en los que Fernández de Moya fue alcalde.
El informe, que ha sido adelantado por Radio Jaén, ha sido entregado al Juzgado de Instrucción número 2 ya que se refiere a la pieza derivada del caso Matinsreg. Además de a José Enrique Fernández de Moya, los investigadores apuntan a la gestión de los concejales Miguel Ángel García Anguita o Manuel del Moral ,
Los investigadores también consideran que detrás de la operativa y de la estructura empresarial utilizada existen una serie de funcionarios públicos del Ayuntamiento de Jaén que indiciariamente "han tenido una participación fundamental".
"Los cuales obviando su deber de actuar con diligencia y velar por los intereses generales, a través de acciones u omisiones administrativas en cuanto a la contratación, fiscalización de los trabajos realizados, fiscalización de la facturación y levantamientos de reparos formulados por la intervención del Ayuntamiento, que desembocaron en una serie de actos administrativos y jurídicos en los que se aseguraba el cobro de las facturas emitidas por las empresas intervinientes en las obras de mantenimiento urbano de la ciudad de Jaén. Del estudio documental, se desprende que los funcionarios municipales que participaron eran conscientes de los actos realizados, en cuanto a la organización y acuerdo previo con la trama empresarial”.
En esta "trama empresarial" los investigadores de la Guardia Civil incluyen como posibles responsables de tales hechos delictivos a las empresas: Esatrimo SL, Moreno y Acero SL, URHO Iniciativas para el Desarrollo Urbano SL, Renta Baras, Oproler Obras y Proyectos SL, Abeconsa SL, Grupo Sotoval SL, Vivaria Obras y SS SL. Además, también incluye a las personas relacionadas con el entramado mercantil familiar de José Merino Acero, entre ellas su yerno Rodrigo García y su hija Alicia Merino.
