Un nuevo estudio publicado por científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada alertan de que los sedimentos del estuario del Guadalquivir ya están "comprometidos con altas cargas de metales ecotóxicos", una circunstancia que atribuyen a los vertidos de la mina Cobre Las Cruces. Asimismo, y por este motivo, este martes en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, la organización Salvemos el Guadalquivir, junto a representantes institucionales y de otros colectivos civiles convocó una rueda de prensa en la que detallaron dicha peligrosidad, y donde los ayuntamientos de Chipiona y Sanlúcar anunciaron que ya habían denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
Los actores denunciaron principalmente inacción por parte de la Junta de Andalucía, a la que exigen una moratoria para frenar esos vertidos tóxicos al Guadalquivir y crear un comité de expertos independientes para evaluar los riesgos sobre la salud y la biodiversidad del Guadalquivir por culpa de estas acciones desarrolladas por Cobre Las Cruces y la mina de Aznalcóllar.
A este hecho se suma que la Consejería de Salud ha recibido hasta tres correos solicitando la declaración de Alerta Sanitaria, si procediera, debido a la contaminación por metales pesados de la fauna piscícola en el río Guadalquivir, como consecuencia de los vertidos mineros que van a dichos cauces.
De este modo, desde el pasado 13 de abril de 2025, la coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía ha remitido dichos estudios a la Consejería, con la intención de que fueran trasladados a la Dirección General de Salud Pública para que tomaran medidas de precaución para la salubridad de la ciudadanía, que consume estos vertidos de forma directa (peces como los albures) e indirecta (a través de los productos agrícolas, por ejemplo).
Desde las Mareas se insiste en que las consecuencias que estos vertidos están provocando en la fauna del Guadalquivir han de ser tenidas en cuenta por parte de la Dirección de Salud Pública, que por el momento se ha abstenido de tomar ninguna decisión. Por el contrario, la Consejería admite "no tener competencias" sobre el aspecto ambiental de la calidad de las masas de agua y controles de vertidos, dos aspectos que se señalaban en los estudios elaborados por los científicos y que para la asociación sanitaria son cruciales para velar por la seguridad de la ciudadanía.
Según la Consejería, esta competencia está atribuida a la Confederación Hidrológica del Guadalquivir, siendo el organismo competente para desarrollar y aplicar los Programas de control operativo, de vigilancia y de investigación, organismo al que le habrían trasladado dicha preocupación.
Y respecto a la protección alimentaria, una de las preocupaciones que alertaban las Mareas, desde la Consejería advertían que habían trasladado dicha información a las autoridades autonómicas competentes en regulación de la pesca y para su valoración y actuaciones pertinentes. Según el escrito remitido por Salud, no les consta que, por el momento, hayan obtenido ningún resultado que superara los límites o pudiera ser un riesgo para los consumidores.
Y por útimo, desde Salud también se pretendía crear un subprograma especifico de vigilancia de los niveles de contaminantes en los productos pesqueros, crustáceos y moluscos bivalvos procedentes del estuario del Guadalquivir, teniendo en cuenta el programa que ya se implantó tras la rotura de la presa de Aznalcóllar.
Nuevo correo
De esto hace prácticamente un año, y a las Mareas no les consta que de estos planes anunciados por Salud se hayan puesto en marcha ninguno de ellos. Además, esta misma semana, se ha vuelto a remitir al consejero de Salud, Antonio Sanz, el nuevo informe científico en el que se han detectado que las denominadas 'galeras', de consumo humano, están contaminadas con arsénico, como consecuencia de los vertido que van al Guadalquivir de las explotaciones mineras existentes cauces arriba.
De nuevo, se ha requerido a Salud que active la alerta sanitaria, habida cuenta de que tanto la situación descrita actualmente, como la descrita el pasado año, que no solo sigue vigente sino que se ha agravado, afectan directamente al consumo humano.
Asimismo, las peticiones son equiparables a las realizadas por los profesionales expertos: moratoria en las explotaciones mineras previstas por el riesgo en la seguridad existentes en las balsas donde se acumulan desechos de los vertidos mineros; la creación de una reunión con los científicos que han elaborado dicho informe y, en tercer lugar, que se realizaran nuevos estudios para evaluar con precisión la existencia en la cadena trófica de metales pesados, que luego van a consumo humano o animal. Así como un estudio para comprobar si los humanos residentes en las zonas de mayor consumo de albures o de galeras tienen existencia de trazas o restos de estos metales pesados que ya se han comentado en los estudios mencionados.
