La justicia le ha dado la razón con 25 años de edad, pero los hechos ahora sentenciados ocurrieron cuando la víctima tenía solo 12. Fue en el instituto de enseñanza media Gran Capitán, de Córdoba, donde tuvo lugar el acoso escolar reiterado contra el cual el centro no tomó medidas y por el que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha sido condenada a indemnizar con 20.000 euros al antiguo alumno en concepto de responsabilidad patrimonial por el daño moral sufrido.
La consejera de Educación, Sonia Gaya, se inclina por no recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que reprocha a la Administración autonómica no haber abierto siquiera una investigación.
El alumno Lorenzo R. S. cursaba primero de la ESO cuando sufrió las agresiones, vejaciones e insultos constantes por parte de otros estudiantes del instituto. Pese a las denuncias de la madre del menor, el centro se inhibió mostrando, según la sentencia, “una falta de diligencia y enérgica actuación”.
En la relación de hechos probados, el tribunal sostiene que el acoso era “sobradamente” conocido por la dirección y por profesores del centro que incluso llegaron a ser en alguna ocasión testigos presenciales del acoso.
La consejera Gaya defiende que en los 13 años que han transcurrido desde los hechos denunciados se ha “avanzado muchísimo en materia de convivencia, con unos protocolos muy bien determinados para cualquier tipo de incidencia que afecte negativamente a la convivencia, incluido el 'bullying' y el acoso ".