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El caso Mari Carmen ha sacudido la actualidad política y mediática nacional. Lo que comenzó siendo una movilización para frenar un desahucio en Madrid se ha acabado convirtiendo en una movilización histórica por el derecho a una vivienda asequible y que ha derivado en una convocatoria electoral. La mujer, de 87 años, se ha convertido en un insigne emblema de la lucha, lo que le valió el descrédito de PP, Vox y sus terminales mediáticas, que realizaron vergonzantes "artículos periodísticos" contra su vida, que posteriormente fueron desmentidos por sus familiares. En el día de ayer, y apenas unas semanas después de ser desahuciada, Mari Carmen falleció en el hospital.
Este hecho ocurrió poco después de conocer que un concejal del PP de Benalmádena (Málaga), José Luis Bergillos Roldán, que ostenta las competencias municipales de vivienda y que había calificado de "puta sinvergüenza" a Mari Carmen. PP y Vox han intentado desde el primer día deslegitimar la lucha del movimiento por la vivienda; desde mofas de sus "nuevas generaciones" con los acampantes de Sol, a señalamientos directos por parte de la ultraderecha o el intento de desalojo de Ayuso, entre otras tantas. Sin embargo, el vilipendio hacia una anciana que ha sufrido un desahucio formaba parte más de trols de internet que de representantes políticos.
Tras el revuelo generado, donde Izquierda Unida ha llegado a pedir su cese, un vistazo a la declaración de bienes de Bergillos Roldán, a través del portal público del Consistorio, detalla el entramado inmobiliario del representante político del PP, más cercano a los intereses de los empresarios que al de los benalmadenses.
Del análisis de la declaración de bienes de Bergillos Roldán se desprende una amplia red inmobiliaria donde ostenta cuantiosas participaciones y donde incluso es administrador de varias empresas.
Entre las firmas más destacadas figuran entidades como Lucel Inmobiliaria, S.L., Costa Works, S.L., Lucel Global, S.L., Bergillos Roldán Inversiones, S.L. y CW Ingeniería Civil, Urbanismo y MA, S.L.. En varias de ellas, el peso del concejal en el accionariado es de gran relevancia; por ejemplo, en Lucel Inmobiliaria acumula miles de participaciones sociales, mientras que en otras controla directamente las riendas corporativas desde puestos de administración solidaria. En esa misma sociedad, Lucel Global, también figura como Administrador solidario.
El concejal, además, cuenta con un patrimonio inmobiliario de tres inmuebles urbanos, dos viviendas, una de un valor de 192.000 euros y otra de 414.500 euros, y un trastero por valor de 5.000 euros. El inmueble más cuantioso fue adquirido en 2022.
Bergillo también es administrador solidario de Lucel Inmobiliaria SL, Lucel Inversiones SL, Costa Works SL y CW Ingeniería civil, urbanismo y MA SL. Es administrador único de Bergillos Roldán Inversiones SL, por el que recibe una remuneración de 31.200 euros, y administrador único de Julio Roldán Inversiones SL y Feria del Aceite de la Cosa del Sol.
Consejo Sectorial de Vivienda
La polémica sobre los insultos del concejal del PP estalló en la tarde de este miércoles, cuando el portavoz municipal de Izquierda Unida (IU) y Podemos, Enrique Pablo Centella, abandonaba el órgano municipal en señal de protesta por lo que considera una actitud "indecente" del concejal de Vivienda, José Luis Bergillos Roldán.
De acuerdo con la versión ofrecida por la formación de izquierdas, Bergillos se habría referido a Mari Carmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada recientemente en Madrid, utilizando el calificativo de "puta sinvergüenza" y afirmando que tenía "miles de euros en el banco".
Las palabras atribuidas al concejal han provocado la reacción inmediata de IU, que considera especialmente grave que un responsable municipal de Vivienda emplee este tipo de expresiones durante una reunión dedicada precisamente a abordar la problemática habitacional.
Centella calificó la situación de "inadmisible" y ha reclamado directamente al alcalde de Benalmádena el cese del concejal. "Es inadmisible que, cuando estamos hablando de Maricarmen y de que, por cuestión de humanidad y para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado con ella, los decretos que el propio Partido Popular tumbó en el Congreso eran una herramienta que deberían de haberse aprobado", señaló.




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