La investigación del Tribunal de Cuentas al alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos (PP), y a tres concejales de su equipo de gobierno por el presunto cobro indebido de dinero público ha abierto una crisis política en el municipio granadino, que se ha intensificado en los últimos días tras un pleno municipal marcado por insultos y las acusaciones de manipulación institucional.

El órgano fiscalizador ha iniciado diligencias por posible responsabilidad contable contra el regidor y los ediles Ramón López, José Gabriel López y Rafael Azor, a raíz de una denuncia presentada por el PSOE local. Según los socialistas, los investigados habrían percibido retribuciones públicas con dedicación exclusiva o parcial mientras mantenían actividades privadas presuntamente incompatibles con sus cargos.

Investigación por posibles incompatibilidades

La denuncia socialista sostiene que los responsables públicos han compatibilizado sus funciones en el Ayuntamiento con la gestión de negocios privados, como consultoras tecnológicas, administraciones de lotería o inmobiliarias. La normativa vigente establece que los cargos con dedicación exclusiva no pueden desarrollar otras actividades profesionales salvo en casos muy limitados o autorizados expresamente. Así, uno de los aspectos que agrava la situación, según ha denunciado el PSOE, es que una de las empresas vinculadas a uno de los concejales habría mantenido incluso un litigio contra el propio Ayuntamiento, lo que podría suponer un conflicto de intereses.

Igualmente, el Tribunal de Cuentas notificó al Consistorio la apertura del procedimiento para que pudiera personarse como entidad afectada. Sin embargo, una vez transcurrido el plazo establecido, el Ayuntamiento no ha presentado alegaciones, un hecho que los socialistas interpretan como una muestra de falta de colaboración.

En su caso, el Grupo Municipal Socialista ha calificado los hechos de “muy graves” y ha criticado la actitud del equipo de gobierno del PP, al que acusa de no ofrecer explicaciones pese a las reiteradas solicitudes de información. Según detallan, han planteado preguntas en pleno, registrado solicitudes de informes a Intervención y Secretaría y realizado intervenciones públicas sin obtener respuestas claras. Ante esta situación, decidieron acudir al Tribunal de Cuentas para que investigue los hechos.

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, María José Sánchez, ha señalado que el alcalde “no está actuando con la diligencia que le corresponde” y ha defendido el derecho de la ciudadanía a conocer si se ha producido un uso indebido de recursos públicos. Asimismo, desde el PSOE consideran que el silencio del equipo de gobierno es “difícilmente justificable” y advierten que la falta de transparencia solo contribuye a generar desconfianza entre los vecinos.

Insultos en pleno y polémica por la videoacta

La tensión política ha escalado aún más tras el último pleno municipal, celebrado esta semana, en el que el concejal del Partido Popular, José Valdivieso, profirió insultos contra el portavoz socialista, Manolo Gavilán, al que llamó “bajo y rastrero” durante el debate. El PSOE ha calificado este comportamiento de “inadmisible” y ha exigido disculpas públicas, al considerar que un representante público debe mantener el respeto institucional y dar ejemplo de convivencia democrática.

Del mismo modo, los socialistas han denunciado que la grabación oficial del pleno, retransmitido en directo, fue posteriormente recortada para eliminar el fragmento en el que se produjeron los insultos. A su juicio, se trata de una “manipulación muy grave” que vulnera los principios de transparencia. Por ello, han reclamado la restitución íntegra de la videoacta y han acusado al alcalde de ser “cómplice” por no haber dado explicaciones sobre lo ocurrido.

Desde el PSOE vinculan el aumento de la tensión política en el Ayuntamiento con la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas, considerando que el “nerviosismo” en el equipo de gobierno responde a la gravedad de las acusaciones y al impacto que pueden tener en la gestión municipal.

En este contexto, los socialistas insisten en que la prioridad debe ser esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos: “La política debe basarse en la ejemplaridad y el respeto”, subrayando que los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que ocurre en su Ayuntamiento “sin censuras ni ocultaciones”.

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