La Ciudad de la Justicia de Jaén vuelve a situarse en el centro del debate político jienense y andaluz como ejemplo de promesa incumplida y proyecto enquistado. Ocho años después de la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía, la infraestructura sigue sin materializarse. La provincia desespera, nuevamente, al obvervar que ni un solo ladrillo ha sido colocado, que no hay un calendario claro y, ahora, hay un nuevo giro que obliga a reiniciar prácticamente todo el procedimiento.
Se trata de una reivindicación histórica de la ciudad y de la provincia, equiparable a la Ciudad Sanitaria. La dispersión actual de los juzgados en distintos puntos de Jaén capital dificulta la labor diaria de profesionales y ciudadanos, ralentiza trámites y resta eficacia al sistema judicial. Precisamente por ello, la construcción de un complejo único que centralice todos los servicios ha sido considerada durante años como una necesidad urgente.
Cambios de modelo que eternizan el proyecto
Sin embargo, el proyecto ha estado marcado en los últimos ocho años por los cambios de criterio. En un primer momento, la Junta planteó su ejecución con fondos propios. Posteriormente, optó e insistió mucho por un modelo de colaboración público-privada, que implicaba la participación de una empresa adjudicataria encargada de la construcción y gestión del edificio a cambio de un canon durante casi tres décadas.
Este sistema fue duramente criticado por el PSOE, que alertó del elevado coste que supondría, ya que derivaría en alrededor de 300 millones de euros frente a los 85 millones que supondría la construcción directa con recursos públicos, a los que habría que sumar un mantenimiento anual estimado en un millón. Es decir, mientras que la colaboración público-privada, con su correspondiente canon, implicaría en 28 años ese gasto de 300 millones, asumir la edificación y gestión de la infraestructura serían menos de 150 millones en el mismo período de tiempo.
Ahora, en un nuevo viraje, el Gobierno andaluz ha decidido abandonar la fórmula público-privada y volver al planteamiento inicial de financiación pública. Esta decisión, lejos de desbloquear la situación, implica reiniciar los trámites administrativos, lo que prolongará aún más los plazos.
Costes añadidos y trabajos ya realizados
A este nuevo retraso se suma un elemento económico relevante. Según ha podido conocer ElPlural.com por fuentes de la política jienense, la empresa jienense Vialterra, que iba a encargarse del desarrollo bajo el modelo público-privado, ya había comenzado trabajos de preparación y redacción del proyecto. Estas labores deberán ser abonadas por la Administración, lo que incrementa el coste sin que exista avance físico alguno en la obra.
De este modo, el supuesto ahorro derivado del cambio de modelo podría verse parcialmente diluido, en un contexto donde el tiempo perdido también tiene un impacto evidente para la ciudad.
El PSOE habla de “fiasco” y pide dimisiones
Las críticas socialistas no se han hecho esperar. Desde el PSOE de Jaén consideran que este cambio de rumbo confirma lo que llevan años denunciando como una falta de voluntad política del Ejecutivo autonómico para ejecutar la infraestructura y, en definitiva, con la provincia en conjunto.
El parlamentario Víctor Torres ha sido especialmente contundente al calificar la situación de “fiasco” y pedir la dimisión del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, por “mentir reiteradamente” a la ciudadanía y a los operadores jurídicos.
Torres sostiene que el tiempo de las excusas ha terminado. “Se le ha acabado el terreno de juego”, afirmó, recordando que tras ocho años de gobierno el proyecto sigue sin una perspectiva clara. A su juicio, el debate sobre la colaboración público-privada ha sido una estrategia para dilatar los plazos y evitar afrontar la realidad, asegurando que “lo que no había es voluntad”.
“Jaén no es una prioridad para la Junta”
En la misma línea, la viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, denuncia que el Ejecutivo autonómico “ha vuelto a engañar a la ciudad” y califica de “inaceptable” que el proyecto regrese a la casilla de salida.
Recuerda que en 2020 la Junta incluyó la Ciudad de la Justicia en la unidad aceleradora de proyectos, una promesa que, según afirma, ha quedado en nada. “Se ha condenado a la absoluta indiferencia”, lamenta.
Las críticas también apuntan a un agravio comparativo con otras provincias andaluzas. Según se ha apuntado desde el PSOE a este medio, en ciudades como Cádiz o Málaga la Junta sí ha impulsado infraestructuras con financiación directa de fondos propios propiciando la rápida puesta en marcha de numerosas iniciativas, mientras que en Jaén proyectos clave siguen bloqueados fruto de los cambios de opinión.
El temor a que se repita con la Ciudad Sanitaria
Además, los socialistas alertan de que el caso de la Ciudad de la Justicia podría repetirse con la Ciudad Sanitaria, cuyo desarrollo también se plantea bajo fórmulas de colaboración público-privada.
“A las pruebas nos remitimos, si la Ciudad de la Justicia no es sostenible por esa vía, tampoco lo será la Ciudad Sanitaria”, advierten, anticipando un posible nuevo bloqueo si se mantiene la misma estrategia. En su opinión, los continuos cambios de modelo responden más a una falta de planificación e interés que a criterios técnicos.
Un solar como símbolo de promesas incumplidas
El balance, ocho años después, para los socialistas es claro, la Ciudad de la Justicia sigue siendo un solar y un símbolo de promesas incumplidas. La cercanía del final de la legislatura añade un evidente componente político. Desde la oposición consideran que los anuncios responden más a una estrategia electoral que a un compromiso real con la ejecución del proyecto.
“Se van a presentar con las manos vacías”, advierten desde el PSOE, insistiendo en que la ciudadanía ya no confía en nuevos plazos ni promesas. Así, la Ciudad de la Justicia continúa siendo uno de los grandes asuntos pendientes en Jaén, una infraestructura imprescindible que, por ahora, sigue sin pasar del papel.