El caso Mascarillas continúa siendo foco de atención en el discurso político de las formaciones andaluzas. El presunto cobro de mordidas por parte de miembros del Partido Popular en la provincia almeriense ha provocado un terremoto que no solo parece condicionar la solidez del PP en esta provincia, sino que supone también un golpe a nivel regional para Moreno Bonilla, que todavía sigue hallando gran confrontación ciudadana por el escándalo de los cribados del cáncer de mama y la dura situación que atraviesa la Sanidad Pública de esta comunidad autónoma.
En este contexto, y ante el posible cobro de comisiones irregulares de hasta un millón de euros en Almería, la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez, cargaba duramente contra los populares en el Comité Nacional de las Juventudes Socialistas de Andalucía en Córdoba y dejaba varias preguntas sobre en las que planteaba qué hacía Antonio Repullo esperando a los detenidos en la Diputación de Almería después de que un coche oficial los llevara hasta allí desde la puerta del juzgado.
Entre sus reproches al presidente del Ejecutivo andaluz, Márquez se mostraba especialmente dura al criticar que Moreno Bonilla estuviera presente en la manifestación convocada por el PP este pasado fin de semana en Madrid mientras su gobierno y cúpula del partido en esta comunidad autónoma, según exponía, "tiene más agenda en los juzgados que en los despachos de la Junta de Andalucía".
En esta línea, la socialista señalaba al caso que está generando enorme ruido en torno a la Diputación de Almería (PP), una presunta trama corrupta sobre la que Márquez recordaba que las labores de la UCO están llevando a hallazgos que señalan, tal y como afirmó, a un posible “tráfico de armas” y mordidas de dirigentes del PP. “En ese grupo de WhatsApp se dice ‘ponle una velita más al contrato’, que significa un millón de euros más”, explicaba, censurando que se hayan encontrado “190.000 euros en billetes en la funda de la almohada”. “¿Democracia o mafia? ¿Qué nos están contando?”, preguntaba especialmente incisiva.
No quedaban ahí las palabras de Márquez sobre el caso Mascarillas, sino que tenía más asuntos que abordar en relación a ello y sobre los que mostrar descontento en torno al Ejecutivo de Moreno Bonilla. De esta manera, planteaba unos interrogantes sobre los que llamaba a la reflexión, además de mostrarse tajante y severa en las conclusiones que ella sacaba. "Cuando los detenidos de la Diputación de Almería salieron de los juzgados, ¿sabéis que había un coche oficial esperándolos en la puerta? ¿Sabéis dónde fueron? A la Diputación de Almería. ¿Sabéis quién estaba esperándolos allí? Antonio Repullo, la mano derecha de Moreno Bonilla... El otro día le preguntamos en el Parlamento y no fueron capaces de desmentirlo", deslizaba.
"¿Qué hace la mano derecha de Moreno Bonilla esperando a imputados que acaban de salir del juzgado? Durante todos estos años sabemos que lo sabían todo y lo taparon. Pero lo que tenemos claro después de esto es que algo están pactando. Y la gente de Almería, la gente de Andalucía, tenemos derecho a saber si nuestro dinero, nuestros impuestos están a salvo o están cambiando de mano", sentenciaba la socialista.
ElPlural.com se ha puesto en contacto tanto con el equipo de Gobierno de Moreno Bonilla como con el PP andaluz para conocer su versión y preguntar si, como desliza Márquez, Repullo recibió a los protagonistas de la trama tras su detención en la sede de la Diputación.
Sobre este asunto, desde Sevilla apuntan a que, efectivamente, Antonio Repullo se encontraba en la Diputación de Almería, aunque alegan que su presencia allí se debía a reuniones habituales con el grupo del partido en esta institución y respondían a las declaraciones de María Márquez preguntando si "¿se está cuestionando que el PP y sus responsables visiten o usen con normalidad las dependencias de su grupo en la Diputación de Almería para trabajar?". En una pregunta directa posterior sobre si Repullo se reunió o no con los detenidos, este medio sigue esperando una respuesta.
Resumen del caso Mascarillas
El pasado 18 de noviembre, agentes de la UCO detenían tanto al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP). Ellos, que ya han dimitido de sus cargos, fueron los principales rostros de esta operación, pero este cuerpo de la Guardia Civil también actuó sobre otros empresarios de la provincia almeriense, miembros del Partido Popular y dos hermanos de Aureliano García.
Según se ha podido conocer hasta el momento, se trataría de una trama en la que habría involucradas varias personas, pues son un total de diez los investigados por este dispositivo de la Guardia Civil. Los nombres a los que está salpicando este caso aparecen en la ejecutiva autonómica del PP de Moreno Bonilla. La formación afirmó desde un primer momento que este es un caso aislado, si bien esta se trata de una trama que ya comenzó a sonar en el 2021, con la detención de Óscar Liria quien también fuera vicepresidente de la Diputación de Almería, siendo un caso se ha extendido hasta el 2025.
Tras 48 horas en los calabozos, los detenidos prestaron declaración el 20 de noviembre ante el magistrado en el Juzgado nº 1 de Almería estando acusados por supuestos delitos de cohecho, malversación y de blanqueo de capitales. Entretanto, la UCO siguió interrogando a distintas personas de la provincia, que vendrían a ser empresarios y algún que otro alcalde del PP. Entre los investigados por este cuerpo de la Guardia Civil se encuentran dos hermanos de Javier Aureliano García.
"¿No conocerás a alguien que venda material sanitario? Es el momento", esta es una de las frases que se hizo públicas de las conversaciones del caso Mascarillas. Parece ser, presuntamente, que sí que conocían a una persona que dispusiera de dicho material y que habrían encontrado un gran negocio, ya que a través de los fondos de la Administración Provincial almeriense podrían haber recibido una buena cantidad de dinero a través de unas comisiones ilegales recibidas en posibles cobros posteriores a la formalización de un contrato por el que se realizaba una compra de mascarillas, guantes y trajes de protección durante la pandemia, un asunto que suena familiar a otro territorio.
Sí, habrían encontrado, presuntamente, a ese alguien que tuviera material sanitario y habrían salido bastante beneficiados de ello a costa de las arcas públicas. Concretamente, con Kilian López, administrador Azor Corporate Ibérica, como intermediario se plantea que adquirieron a través de la Diputación de Almería un total de 500.000 mascarillas, 250.000 guantes y más de 10.000 trajes de protección que fueron utilizados durante la pandemia. No obstante, ante lo que está saliendo a la luz a través de las investigaciones de la UCO, surge la duda de cuál sería la cantidad real de productos que podrían haber adquirido para uso público si todo el dinero destinado a este contrato no hubiera experimentado "mordidas". Un presunto cobro de comisiones del que Kilian López, hablaba en un mensaje y que celebraba como un "pepinazo" ante las cantidades de dinero manejadas, que serían de en torno a un millón de euros.