El ‘Caso legionela’ de Benalmádena escala: una senadora del PP tendrá que declarar como testigo y el alcalde como imputado

La compra de maquinaria para prevenir la legionela en los colegios de Benalmádena ha terminado convertida en un caso judicial que pone en aprietos al gobierno local del Partido Popular, en lo que se conoce ya como el “Caso legionela”. Lo que se presentó como una actuación sanitaria para proteger a los escolares derivó en una investigación penal por presuntas irregularidades en la gestión pública.

En octubre de 2023, el Ayuntamiento —presidido por el popular Juan Antonio Lara, también responsable de la empresa municipal Provise Benamiel— adquirió una “supermáquina” destinada a prevenir la aparición de la bacteria. Sin embargo, apenas tres meses después se detectó un brote de legionela en uno de los centros educativos del municipio.

Fraccionamiento de facturas

La operación, valorada en 35.404,60 euros, se ejecutó mediante dos facturas idénticas de 17.702,30 euros cada una, emitidas el mismo día a empresas distintas. Según el PSOE, este fraccionamiento permitió evitar un procedimiento de licitación pública, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia. Los socialistas llevaron el caso a la Fiscalía, que trasladó las diligencias al Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos.

El juzgado investiga presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y fraude, y ha imputado al alcalde, a la exgerente de Provise y a tres empresarios relacionados con la operación.

Una senadora del PP, citada como testigo

La jueza instructora ha citado a declarar como testigo a Lucía Yeves, senadora del PP por Málaga, en el marco de este conocido ya como “Caso legionela”. Yeves fue la número dos en la candidatura de Juan Antonio Lara en las elecciones municipales de 2023 y ocupó la Concejalía de Educación antes de dar el salto al Senado tras los comicios generales.

Durante su etapa en el gobierno local, Yeves ejercía como consejera delegada de Provise Benamiel, la empresa pública que realizó las compras. El 7 de septiembre de 2023, firmó la aprobación del gasto para adquirir nueve equipos “Génesis” de tratamiento ecológico de la cal, por 14.670 euros más IVA, una cantidad apenas 370 euros inferior al límite legal que obliga a licitar el contrato. El encargo benefició a la empresa Siglhohar XXI, y, según el PSOE, ese mismo día se aprobó un segundo contrato para completar la operación.

Próximas declaraciones

Las compras fueron respaldadas por informes de María José Lara, entonces gerente de Provise Benamiel, también investigada. Junto a ella deberán declarar dos empresarios, uno de ellos esposo de la concejala de Festejos, Yolanda Peña.

El 11 de febrero están citados ante el juzgado el alcalde Juan Antonio Lara, la exgerente y los dos empresarios. Para el regidor será su cuarta citación judicial, después de que las tres anteriores se suspendieran, una por baja médica, otra por error de notificación y una tercera por cambio de abogado.

El PSOE exige explicaciones y denuncia favoritismos

Tras conocerse las nuevas informaciones sobre el “Caso legionela”, el PSOE de Benalmádena ha pedido explicaciones públicas al alcalde tras conocerse la citación de la senadora del PP en el caso. “El alcalde Lara debe explicar a la ciudadanía qué hay detrás de su imputación y por qué el juzgado ha citado a declarar a la senadora Lucía Yeves”, reclamó el portavoz socialista Víctor Navas, en una comparecencia ante el Ayuntamiento junto a la concejala Sandra Ochoa.

Navas recordó que, en enero de 2024, tras detectarse positivos por legionela en varios colegios, el regidor culpó al anterior gobierno de dejación de funciones, cuando, según el PSOE, había comprado maquinaria al familiar de una concejala de su propio equipo “que no fue capaz de prevenir la bacteria”.

“Las compras se realizaron el mismo día, fraccionando contratos para eludir los controles administrativos”, subrayó Navas, quien acusó al alcalde de “desviar la atención con denuncias infundadas contra el anterior gobierno”.

Por su parte, Sandra Ochoa denunció la falta de transparencia en la gestión de las empresas municipales: “El presidente de Nuevas Generaciones del PP tiene contratos por valor de casi 56.000 euros con las empresas públicas, algunos para gestionar redes sociales que apenas muestran actividad y parecen publicaciones automáticas”.

La edil socialista exigió al alcalde “aclarar por qué un dirigente del PP local tiene tanta suerte en la adjudicación de contratos públicos mientras los profesionales de Benalmádena apenas tienen oportunidades”, y remató: “No parece muy ético”.