La primera en hacerlo fue la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión, que entró en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá de Guadaíra el pasado miércoles. El segundo ha sido el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que entró anoche en prisión para cumplir la pena de cárcel impuesta por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y ratificada por el Tribunal Supremo, por un delito de malversación continuada en la gestión de las ayudas a trabajadores de empresas en crisis y a las propias empresas.
La utilización y el mantenimento durante diez años de un procedimiento sin los suficientes controles administrativos ni garantías de transparencia fue el argumento principal de la justicia para justificar las penas de prisión, ya que, además de cometer prevaricación, ocho de los procesados habrían incurrido en malversación aun cuando el grueso de los 680 millones de euros fuera a parar a destinatarios legítimos: más de 6.000 de ellos siguieron cobrando puntualmente las ayudas de la Junta aun después de dictaminar la justicia que eran ilegales.
Antonio Fernández, que ya pasó varios meses en prisión preventiva por orden de la juez instructora Mercedes Alaya, fue condenado a siete años, once meses y un día de prisión. Para cumplir la pena ha elegido la cárcel de El Puerto III. El plazo dado por la Audiencia de Sevilla a los ocho condenados a penas de prisión por el caso ERE vencía a las cero horas de este 2 de enero.
La sentencia del Tribunal Supremo señalaba expresamente que Fernández "participó de forma activa y consciente en la instauración, desarrollo y ejecución del mecanismo de concesión de subvenciones ilegales desde su creación, hasta su extinción, actividades que llevó a cabo en su distinta condición de Viceconsejero de Empleo, Presidente del IFA y, finalmente, Consejero de Empleo.
El Alto Tribunal compartía plenamente la opinión de la Audiencia de Sevilla de que Fernández “era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó, relatados en los hechos probados, disponiendo, y permitiendo que el Director General de Trabajo dispusiera, de los fondos vinculados al programa 31L con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”.
Quedan por ingresar en prisión el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, condenado también a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión.
La entrada en prisión del expresidente José Antonio Griñán está pendiente del informe que debe emitir el médico forense sobre el alcance del cáncer de próstata que padece y que, según los informes médicos presentados por su defensa, requiere un tratamiento que la prisión no puede ofrecer. La entrada en prisión del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá ya fue suspendida precisamente por razones de salud.
Además de la condena por la pieza política de la macrocausa, Fernández también fue sentenciado en enero pasado por la Audiencia de Sevilla a siete años de cárcel por las ayudas de 2,9 millones de euros concedidas fraudulentamente a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).
