Terminada la batalla en la que provisionalmente han vencido Izquierda Unida y Podemos frente a Anticapitalistas, ambos bandos intentan que se imponga en la opinión pública su relato de lo sucedido.

Lo sucedido es que la Mesa del Parlamento avaló ayer la expulsión de Teresa Rodríguez, líder de la corriente Anticapitalistas en Andalucía, y de otros ocho diputados afines a ella del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, tal como había solicitado la portavoz de la confluencia en la Cámara, Inmaculada Nieto.

Los expulsados, desde ayer diputados no adscritos, son: Teresa Rodríguez, Ángela Aguilera, José Ignacio García, Luz Marina Dorado, María Vanessa García, María Gracia González, Ana Villaverde, Nacho Molina y Diego Crespo.

En principio, al quedarse con ocho –algo menos de la mitad– de los 17 diputados que tenía, Adelante perderá algo más la mitad de los cerca de 1,7 millones de euros que la correpondían en razón del número de votos y escaños obtenidos.

La versión de Valero

Para el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, “se ha producido "un episodio de transfuguismo que ha roto lazos de fraternidad y generado mucho dolor". En su opinión, "la decisión de la Mesa ha sido la correcta, porque tenía, ante todo, que preservar la soberanía popular, proteger el voto de quienes votaron Adelante Andalucía en las últimas elecciones autonómicas".

Valero criticó, en alusión a Teresa Rodríguez aunque sin mencionarla, “cómo la intoxicación, el bulo y la mentira ha recorrido platós televisivos, redes sociales y diversos medios de comunicación".

La versión de Mora

Frente al relato de Valero está el relato de la diputada Maribel Mora, erigida en portavoz de los expulsados aunque ella sigue perteneciendo formalmente a Adelante. Hasta ahora ocupada un puesto con voz pero sin voto en la Mesa del Parlamento en nombre de Adelante, pero ha sido destituida, según confirmó ella misma.

Para Mora lo sucedido es que a nueve diputados “les han robado los escaños con criterios políticos y no técnicos”. Ha sido “un escándalo sin precedentes en la historia del parlamentarismo andaluz, una mancha y una vergüenza”.

En su opinión, la Mesa ha actuado "en contra de todos los criterios jurídicos legales y la jurisprudencia que hay al respecto del Tribunal Constitucional, como ha dejado absolutamente claro el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, y el Letrado Mayor ha dicho de manera verbal una y otra vez".

Los expulsados acudirán en amparao al Tribunal Constitucional, al que solictarán medidas cautelarísimas para que deje en suspenso la expulsión, hasta tanto no se dicte una sentencia que tardará muchos meses en llegar.