Aunque la Feria de Sevilla, que es la que está más cerca, pueda estar en riesgo, la derecha hispalense está encantada con la amenaza de boicot de los caseteros porque la culpa sería de la reforma laboral del Gobierno de izquierdas al no permitir a los camareros trabajar más de ocho horas.
Lo habitual durante la semana de feria son jornadas de hasta 12 horas, lo que supone para un trabajador de la hostelería percibir hasta 1.500 euros en una semana, sueldo en muchos casos equivalente y aun superior al que normalmente cobran en un mes en un sector caraterizado por los bajos salarios.
La Asociación Andaluza de Hostelería de Feria –integrada por algo más de un centenar de autónomos– anunció ayer la convocatoria de un paro en las ferias de Andalucía, entre ellas la de Abril de Sevilla (30 de abril a 7 de mayo). Exigen un régimen especial que "tenga en cuenta las particularidades del sector, al igual que sucede con otras profesiones o sectores, como pueden ser el personal en instituciones sanitarias o la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas".
Lamentan los hosteleros sevillanos "la falta de respuesta" a su reivindicación de una "específica regulación" laboral para este sector por sus "singulares condiciones" y reclamar, al tiempo la "aplicación de un régimen especial". Sostienen los empresarios de hostelería requieren durante los periodos en los que se celebran las ferias "plena disponibilidad y horarios prolongados de atención al público".
El presidente de la asociación, José David Martín González, cree que la reforma laboral aprobada por el Gobierno introduce "importantes limitaciones" a la contratación temporal, unas condiciones que "dificultan y hacen prácticamente inviable" la actividad en las ferias.
La propia consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, terciaba ayer en la polémica para mostrar sus simpatías con los caseteros y criticar las “distorsiones” que estaría produciendo la nueva legislación laboral, que ha entrado hoy en vigor.
Blanco confía en que tales “flecos se vayan solventando”. Citando expresamente a los caseteros, la consejera recalcaba "que están viendo que es inviable ahora mismo atender a requerimientos que establece la normativa".
"Pero no solo ese sector" está apuntando problemas, dijo la consejera, que también mencionó a la universidad. "El trabajo de la universidad con los becarios no se puede ajustar a los nuevos requerimientos de contrato", dijo, y en el sector agrícola las novedades de la normativa "como las contrataciones de 90 días por circunstancias previsibles, se ajustan muy poco a las necesidades que tienen algunos sectores productivsi os de nuestra tierra".
