La Cámara de Cuentas de Andalucía ha alertado sobre los severos riesgos y las deficiencias detectadas en la gestión pública tras el cambio que introdujo el Gobierno andaluz de Moreno para relajar los controles financieros previos en favor de auditorías a posteriori. Según advierte el órgano fiscalizador en un informe de auditoría difundido este viernes, este cambio de modelo ha afectado a un volumen mínimo de 37.921 millones de euros en dinero público entre 2020 y 2024, desembocando en una oleada de dictámenes con sospechas legales: más del 93% de las fiscalizaciones posteriores acabaron con salvedades o directamente desfavorables.
El informe revela que la eliminación de la "fiscalización previa", el filtro suspensivo tradicional por el que un auditor debía dar el visto bueno antes de que se autorizara cualquier pago o contrato, priva a la Administración autonómica de una herramienta clave para prevenir irregularidades antes de que el dinero salga de las arcas públicas.
La consecuencia más inmediata de este alivio de controles preventivos ha sido la proliferación de malas prácticas administrativas. La Cámara de Cuentas pone el foco en la contratación menor dentro del bloque de Órganos y Servicios, alertando de que el 100% de los informes analizados detectó el uso sistemático e incorrecto de contratos menores mediante el fraccionamiento de prestaciones.
Según el documento, se dividieron de forma recurrente contratos con un mismo objeto y hacia los mismos proveedores para eludir las exigencias de licitación pública y sobrepasar los límites cuantitativos y temporales fijados por la ley. Asimismo, en la mitad de los expedientes auditados se emitieron las memorias de necesidad del contrato de forma posterior a la propia prestación del servicio o a la recepción de la factura.
Del total de 188 Informes de Control Financiero (ICF) definitivos emitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) bajo esta modalidad entre 2021 y 2024, el 71,28% (134 informes) concluyó con una opinión modificada con salvedades; el 22,34% (42 informes) derivó en una opinión desfavorable; y solo el 6,38% (12 informes) obtuvo un pronunciamiento favorable o sin objeciones.
A la elevada tasa de reparos se suma el dilatado margen de reacción. La Cámara de Cuentas subraya que el tiempo medio para elaborar y publicar estos informes posteriores asciende a 9,64 meses, lo que supone que las anomalías o deficiencias en la gestión de los fondos públicos tardan casi un año en salir a la luz, imposibilitando la corrección en tiempo real.
El SAS, epicentro del gasto bajo control posterior
En cuanto al reparto de los casi 38.000 millones abonados sin fiscalización previa, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) aglutina la aplastante mayoría del gasto. En concreto, absorbe 30.276 millones de euros, lo que supone el 99,63% de los fondos asignados a órganos de gestión y representa casi la mitad del presupuesto global del propio servicio sanitario durante dicho quinquenio.
El resto del montante fiscalizado a posteriori se reparte entre "otros gastos operativos (4.881 M€)": Pagos de personal docente funcionamiento de centros educativos, nóminas sanitarias, fondos agrarios europeos (FEAGA y FEADER) y los contratos de emergencia del SAS derivados de la pandemia; y "subvenciones y ayudas públicas (2.652 M€)": Un total de 47 órdenes de bases en ocho consejerías, encabezadas por Empleo (44,3%) e Igualdad (29,4%).
Respecto a los motivos alegados por la Junta de Andalucía para sustituir la fiscalización por controles a posteriori -principalmente la agilización de trámites (35,4%) y la carga de trabajo acumulada desde la crisis del COVID-19-, destaca el informe, el órgano fiscalizador recrimina que la Administración autonómica apeló a justificaciones genéricas sin aportar indicadores u objetivación técnica que demostrasen que la eliminación del filtro previo era la vía más eficiente.
Finalmente, la Cámara de Cuentas reprocha las "deficiencias e incongruencias" detectadas en los sistemas informáticos de la Junta (como el sistema GIRO) y en la base de datos de la Intervención, donde se han localizado errores de registro y una notable falta de integración que dificulta verificar con exactitud qué tipo de control se aplicó a cada partida presupuestaria.
Reacciones políticas
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha advertido de que “es muy grave que la Cámara de Cuentas haya detectado fallos en el 93% de las auditorías al gasto realizado por el Gobierno de Moreno Bonilla”. “Quitaron los controles y ahora la Intervención General de la Junta señala hasta 38.000 millones de euros gastados de manera irregular”, ha denunciado en su perfil de la red social X.
La líder socialista andaluza ha incidido en que “es especialmente preocupante, aunque no sorprendente, que estas irregularidades se concentren en la sanidad pública, llevamos años denunciando los contratos a dedo y sin control en el SAS para beneficiar a saco a la sanidad privada”.
María Jesús Montero ha exigido a Moreno Bonilla “explicaciones inmediatas” porque su Gobierno andaluz “ha gastado de manera irregular los recursos que deberían haber ido a financiar la sanidad pública, la educación o la dependencia en Andalucía, según los órganos fiscalizadores de la propia Junta”.
Es, según ha insistido, “una gestión deficiente del dinero de los andaluces y andaluzas que tiene mucho que ver con que los servicios públicos funcionen hoy peor que nunca en nuestra comunidad”.
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